Aunque fue retirado como consecuencia de las movilizaciones ciudadanas convocadas en el marco del paro nacional, el proyecto de reforma tributaria que el Gobierno le presentó al Congreso en abril de este año generó consecuencias que aún hoy siguen incidiendo en el panorama nacional, a nivel social y político –especialmente en el panorama preelectoral que vive nuestro país actualmente–.
En esta ocasión queremos hablar de una consecuencia menos visible, pero no por ello menos delicada y digna de atención. Como consecuencia del rechazo generalizado a la primera propuesta de reforma tributaria –y un poco apurado por la necesidad de sacar adelante un nuevo proyecto–, el Gobierno nacional se concentró en alcanzar consensos para concentrar la subida de impuestos en las empresas. De esta forma el Ejecutivo cumplió con su promesa de no poner nuevos tributos sobre los hombros de las personas naturales, pero limitó las posibilidades de incluir en su nueva reforma tributaria temas adicionales.
Uno de ellos tiene que ver con la posibilidad de que en Colombia se garantice el acceso a productos como toallas higiénicas, tampones o copas menstruales, de modo que adquirir estos productos no condicione la capacidad adquisitiva de quienes los utilizan.
“Estudiando cómo impactaba la política fiscal y la política tributaria en las mujeres (…) nos encontramos que en muchos países había denuncias sobre productos femeninos, porque tenían impuestos, y que este es un impuesto sexista. Es un artículo que requieres por la condición biológica de ser mujer. No es una opción”, comentó la economista Natalia Moreno, una de las promotoras del movimiento Menstruación Libre de Impuestos.
Durante los últimos cinco años se han registrado avances significativos en materia de acceso a productos de higiene menstrual. La reforma tributaria de 2016 redujo del 16 al 5 por ciento el IVA para toallas higiénicas y tampones. Al año siguiente, el movimiento Menstruación Libre de Impuestos demandó ese tributo ante la Corte Constitucional, que al año siguiente les dio la razón.
La sentencia C-117 de 2018, que consignó la decisión, destaca la garantía del derecho a la vida digna de la mujer y el principio de igualdad y equidad tributaria con relación al impuesto sobre las ventas, entre otros.
Sin embargo, aún con las toallas higiénicas y los tampones exentos de IVA, adquirir este tipo de productos sigue siendo en muchos casos un lujo.
El panorama actual resulta especialmente complejo. La Encuesta Pulso Social del DANE señaló en su edición de octubre –citando el libro Invisible Women: Exposing Data Bias In A World Designed For Men (‘Mujeres invisibles: exponiendo la parcialidad de los datos en un mundo diseñado para los hombres) de la investigadora Caroline Criado Perez– que “existen evidencias sobre cómo la discriminación frente a la menstruación y la falta de acceso a elementos higiénicos durante el periodo menstrual se constituyen como obstáculos para el bienestar de las mujeres, y el acceso igualitario a trabajo y estudio”.
En su más reciente edición, el 13,7 por ciento de las mujeres consultadas por Pulso Social en las 23 ciudades capitales y áreas metropolitanas en las que se realiza el sondeo, afirmó haber presentado “dificultades económicas para adquirir los elementos necesarios para atender su periodo menstrual”.
¿Qué tan cerca podría estar Colombia de la posibilidad de proveer productos de higiene menstrual a las personas que los requieren? La idea es factible: En noviembre de 2020, por iniciativa de la parlamentaria laborista Monica Lennon, Escocia se convirtió en el primer país del mundo en proveer de forma gratuita los productos de higiene menstrual.
En Colombia se han planteado dos iniciativas en este sentido: Adriana Matiz y Juanita Goebertus, representantes a la Cámara, anunciaron un proyecto de ley que permitiría que toallas higiénicas y tampones se entregaran de forma gratuita en centros educativos. Por su parte, el senador Armando Benedetti planteó una iniciativa para que estos productos sean gratis para mujeres de estratos 1, 2 y 3.
¿Cuánto podría costar una medida de este tipo? Según datos del DANE, hay en Colombia un estimado de 14,8 millones de mujeres entre los 12 y los 50 años. Si consideramos que un paquete de 30 toallas puede tener un costo aproximado de 12.000 pesos (y que se gaste uno por mes), el Estado estaría pagando 144.000 pesos anuales por cada mujer en este rango de edad. El costo total se acercaría a los 2,1 billones –es decir, millones de millones– de pesos anuales.
Sin embargo, ante toda propuesta de gasto público hay que tener en cuenta su costo de oportunidad: 2,1 billones de pesos es una cifra que supera los costos de programas como Familias en Acción o Colombia Mayor, por ejemplo. Más aún, las toallas higiénicas no son necesariamente el producto más costo-eficiente a largo plazo. En particular, la copa menstrual puede tener un costo de alrededor de 85.000 pesos en el mercado y tiene una vida útil de hasta 10 años.
Supongamos un gasto adicional en esta materia y calculemos que el Estado debería garantizar que quienes la usen puedan acceder a renovarla cada 5 años en caso de que así lo necesiten. Para el universo de personas mencionadas, el gasto estaría cerca de 250.000 millones de pesos anuales. Si consideramos la propuesta de las representantes Matiz y Goebertus –que correspondería a cubrir a un universo de mujeres de 12 a 20 años que puedan estar estudiando, es decir, cerca de 1,1 millones de personas– se invertirían menos de 20.000 millones de pesos.
Llevar a la práctica iniciativas en este sentido es algo viable. Confama, la caja de compensación de Antioquia, lanzó el primer subsidio menstrual del país, el cual cobijará inicialmente a 2.700 niñas, adolescentes y personas menstruantes entre 12 y 18 años. “El subsidio facilitará el acceso a productos de gestión menstrual como copas, toallas reutilizables y calzones absorbentes”, informó la caja de compensación. Esta iniciativa se enmarca en el programa Menstruación Consciente.
Seguir avanzando en la dirección implicaría mejoras en materia de sanidad, pues el acceso a estos productos de higiene previene posteriores complicaciones de salud –algo que, además de impactar a las personas, supone costos adicionales para el sistema de seguridad social–, y es una iniciativa que merece la consideración atenta de los hacedores de política pública.