La negociación del salario mínimo en Colombia suele ser motivo de tensión. No es para menos: según cifras del DANE, 10,2 millones de trabajadores –es decir, más de la mitad de las personas que trabajan en Colombia– ganan un mínimo o menos. La agenda noticiosa de diciembre suele estar marcada por propuestas, contrapropuestas y sucesivas reuniones entre el Gobierno nacional y las centrales obreras.
Para el salario mínimo que entró en vigencia este año la historia fue distinta. El Ejecutivo planteó un aumento que fue acogido rápidamente por las partes, y que se cristalizó en un incremento del 10,07 por ciento, llevando el mínimo a un millón de pesos. El decreto lo firmó el presidente de la República el pasado 15 de diciembre.
La idea fue respaldada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). Su presidente, Bruce Mac Master, dijo que dicha decisión se enmarca en los que denominó “esfuerzos para tratar de producir un efecto solidario colectivo importante”.
Un aumento salarial sustancial será siempre una buena noticia para quienes viven de su trabajo –y, como es obvio, en especial para quienes devengan el mínimo–. Sin embargo, quien más contento pareció estar fue el presidente de la República, quien aseguró que con el aumento de un millón de pesos estaba “cumpliendo una promesa de campaña” y haciendo realidad “un anhelo de los trabajadores por décadas”.
La discusión sobre el impacto y las implicaciones de la figura del salario mínimo ha sido largamente documentada. Se trata de un asunto de largo aliento que sigue generando posiciones encontradas. En Colombia, por ejemplo, se ha hablado del salario mínimo empresarial, que consistiría en un aumento adicional al decretado por el Gobierno como una forma de contribuir al estimulo económico.
Se ha hablado también de la propuesta –compleja en su explicación para la ciudadanía, pero popular en algunos círculos de economistas– de fijar un salario mínimo diferenciado entre regiones, dependiendo de indicadores como el costo de vida. El tema incluso se ha mencionado durante la campaña electoral que ya se desarrolla en nuestro país.
El año pasado hablamos del tema con el investigador Jorge Pérez Pérez, quien resaltaba cómo la política del salario mínimo “no es solo para quien ya lo gana y quiere que sus ingresos aumenten”, sino también “para quien no lo gana y quiere aumentar sus probabilidades de acceder a un empleo formal” que le permita ganar ese mínimo a partir de un empleo formal.
Al apoyar la propuesta de llevar el aumento del mínimo al millón de pesos, Bruce Mac Master destacó la importancia de “cuidar otras variables, como la competitividad, la inflación y la de empleo o informalidad”.
Se trata, pues, de la búsqueda de un equilibrio que promueva el aumento de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, generando también condiciones propicias para la generación de empleo formal.
De nuevo: subir el salario de las personas es una buena noticia. Sin embargo, es importante considerar las circunstancias en las que se produce el aumento. Por ejemplo, llama la atención que el Gobierno nacional dé cuenta del cumplimiento de una promesa de campaña. Allí hay dos elementos para resaltar. El primero es que, aumento tras aumento, el salario mínimo iba a llegar a un millón de pesos (en 2019 las centrales obreras pedían llevar el ingreso a esa cifra). El segundo es más de fondo, y tiene que ver con el valor adquisitivo: en la campaña presidencial de 2018 un millón de pesos valía más de lo que vale hoy en día, pasada una profunda crisis económica como consecuencia de la pandemia.
Si bien, como lo señalábamos al inicio, sobre el salario mínimo y sus implicaciones se habla solo al final de cada año, hacer de esta una política exitosa –que mejore la calidad de vida de los trabajadores y aumente su capacidad adquisitiva– es una tarea que se extiende todo el año.
Los datos sobre crecimiento económico con los que termina 2021 dan cuenta de lo que esto implica. El Gobierno nacional mejoró su proyección de crecimiento para el año, y ahora prevé cerrar con una variación positiva del 9,7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Se trata de una noticia sumamente positiva, que también debe considerar los elementos derivados de la crisis provocada por la pandemia, y posibilitar el mantenimiento de una senda de crecimiento que impacte de forma positiva los indicadores que más se afectaron –en especial la pobreza, la inflación y el empleo.
El salario de las personas vale en la medida en que se tenga capacidad adquisitiva. Se trata de las complejidades de una política que, además de macroeconómica y fiscal, toca profundas fibras sociales, política y, por supuesto, electorales.