Comencemos con una obviedad: la Colombia de hoy no es la misma de hace diez, cinco o dos años. El asunto –y esto tal vez no sea tan obvio– va más allá de la pandemia. En el país, por ejemplo, ya no hay conflicto armado, sino una amenaza de grupos armados financiados por el narcotráfico.
Se ha vivido, además, un estallido social sin precedentes que –aunque hoy parece haber cesado– permanece latente. Adicionalmente, la amenaza climática, tantas veces aplazada, se presenta como una realidad inmediata que ha convertido a los recursos naturales en activos estratégicos.
De esta ecuación no se puede excluir un fenómeno que impacta la sociedad colombiana a todo nivel: la migración, especialmente la proveniente de Venezuela.
Pensar el país en términos demográficos, sociales, culturales, políticos y, por supuesto, económicos, implica entender el impacto que tienen estos nuevos elementos en la cotidianidad, dado que condicionan no solo las relaciones entre ciudadanos, sino también el diseño de políticas públicas en temas tan diversos como la tributación, la seguridad social y la seguridad ciudadana, solo para tocar algunos.
La migración es el fenómeno más complejo de todos. Hablar de complejidad, conviene subrayarlo, no supone un carácter negativo, sino más bien poner de presente la cantidad de dimensiones que toca. Hablar de migración supone hablar de políticas laborales, de seguridad alimentaria, de vivienda, de atención a la primera infancia. También de convivencia, provisión de servicios públicos y de enormes retos en materia de inserción en la economía formal –de nuevo, solo para mencionar algunos aspectos–.
Según datos de Migración Colombia, hay casi 1,8 millones de venezolanos en el país. De ellos, más de 610.000 se han integrado al Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos.
Se trata, pues, de un asunto de la mayor importancia –uno que, además, debe abordarse con realismo, solidaridad, pragmatismo y visión de largo plazo en el contexto de la actual campaña electoral por la Presidencia de la República–.
Entender un fenómeno como la migración demanda recursos analíticos de calidad. En este sentido, la Encuesta Pulso de Migración, producida por el Departamento Nacional de Estadística (DANE) con el apoyo del Banco Mundial y su programa Global Questions on Forced Displacement, y el acompañamiento técnico de la Universidad del Rosario, constituye una herramienta muy útil para entender a la población migrante y diseñar las mejores políticas públicas para su atención e inclusión.
Queremos invitar a las personas que nos leen a consultar los resultados de la Encuesta y compartir con ustedes algunos de sus resultados más interesantes.
Uno de los aspectos más relevantes tiene que ver con la distribución de los migrantes a lo largo del territorio nacional. Entre octubre y noviembre de 2021, el 25,9% de los venezolanos que había llegado a Colombia residía en la región Caribe. Otro 25,7% lo hacía en el oriente del país. Por su parte, un 9,2% lo hacía en la región Pacífica. Sin embargo, es Bogotá el territorio que mayor población migrante concentra, con un 21,6%.
La desagregación por edades respecto a esta distribución es también interesante. En la región Caribe, el 44,8% de las personas tiene 55 años en adelante, seguidas del grupo de 15 a 24 años (26,9%). Por su parte, en la región Oriental tienen mayor participación las personas entre 25 y 54 años, con el 27,2%. Entre tanto, en Bogotá la porción mayoritaria es la de jóvenes entre los 15 y 24 años, con el 22,5%.
Estos datos evidencian la importancia de introducir criterios diferenciales en las políticas de atención a la población migrante, y en el fortalecimiento de la política social. Las necesidades en materia de atención, como lo evidencian las cifras, varían en función del grupo generacional.
Con relación a la solicitud del Permiso de Protección Temporal en Colombia, la encuesta encontró que el 67,8% de los migrantes que se han establecido en el país aplicó o aplicará. Se trata principalmente de mujeres (70,2%) y personas que están entre 25 y 54 años (71,6%). Mejorar su situación económica (50,3%) y acceder a servicios (40%) son las justificaciones para acogerse a esta figura de protección.
Por su parte, un 32,2% no lo ha hecho ni planea hacerlo. La falta de información (42,3%) y el no encontrar beneficios concretos (28,2%) son las principales razones.
Respecto a las remeses, entre octubre y noviembre de 2021 un 16,1% de los migrantes envío dinero a Venezuela durante el último mes. El 44,9% dijo que lo hizo mensualmente; el 33,5%, de forma quincenal.
Por último, con relación a situaciones de violencia, el 77,4% de los migrantes dijo que no ha sufrido discriminación ni tratos injustos debido a su origen o condición. Situaciones de esta naturaleza sí las ha vivido el 22,6% –en su mayoría, personas entre 25 y 54 años–. La calle y los espacios de búsqueda laboral son los espacios en los que más ocurrieron situaciones de este tipo.
La realidad que reflejan estas cifras, sumadas a la realidad que reflejan las interacciones cotidianas en nuestro país, demuestran que la migración es un fenómeno de largo aliento. Lo que corresponde es seguir articulando esfuerzos institucionales para atender e integrar a los migrantes a la sociedad colombiana.
El trabajo del Gobierno nacional se ha complementado con ofertas de servicios a nivel local y regional. El caso de Bogotá, con la introducción de un Plan Bianual para promover la acogida, inclusión y desarrollo de la población migrante –con una consejería que articule estas acciones– dan cuenta de acciones en la dirección correcta para avanzar en este tema.
De nuevo: realismo, solidaridad, pragmatismo y visión de largo plazo. Esos deben ser los criterios que movilicen la acción institucional –y, por esa vía, la ciudadana– respecto a la migración. Por un lado, se trata del bienestar de todos. Por otro, una correspondencia con la acogida que Venezuela les brindó a cientos de miles de colombianos décadas atrás.