Se cumple ya casi un mes de presentada la reforma tributaria para la equidad y la justicia. Sin embargo, algunas imprecisiones todavía rondan los medios y varios círculos de la sociedad. A punto de comenzar debatida la reforma, este es un buen momento para precisar algunos puntos controversiales del proyecto, recapitular sus efectos sobre el bolsillo de los ciudadanos e insistir en algunas oportunidades de mejora.
Impuestos a los dividendos y las ganancias ocasionales
Como hemos venido insistiendo, el efecto de la reforma sobre la tarifa efectiva que pagarían los dividendos y las ganancias ocasionales es complejo y no es inmediato de estimar. Utilizando información de la DIAN, hemos encontrado que la mayoría de personas posiblemente tendrían una reducción en los impuestos que pagan por dividendos y ganancias ocasionales. No obstante, la minoría de personas que pagarían más impuestos en dividendos y ganancias ocasionales son precisamente quienes concentran estas fuentes de ingresos. En particular, el 6% de los declarantes concentra el 83% de los dividendos. Para estas personas y estos dividendos la carga tributaria de los dividendos pasaría del 10% al 28% o más con la unificación de cédulas. Para estas pocas personas, los incentivos a invertir van a disminuir y los incentivos para evadir y eludir van a aumentar. Desafortunadamente, estas pocas personas concentran buena parte de los recursos del país. En este debate es fundamental reconocer la híper concentración de esta forma de riqueza.
Impuestos a las pensiones
Actualmente nadie paga impuesto de renta como persona natural sobre las pensiones y, como se ha venido reiterando, sólo las personas que devengan una pensión de más de $10 millones de pesos mensuales tendrían que pagar algún impuesto sobre su pensión. Estas personas representan una muy pequeña minoría de los adultos mayores. En primer lugar, vale la pena recordar la baja cobertura de las pensiones. Menos de una cuarta parte de los adultos mayores tiene una pensión. En particular, de las 7 millones de personas en edad de retiro, sólo 1,6 millones tiene alguna pensión. Para estos 1,6 millones, la pensión promedio es de apenas $1,5 millones mensuales. Esto ya indica que el número de pensionados afectados sería muy bajo.
Para el caso del régimen de ahorro, menos de 800 personas en la modalidad de retiro programado tienen una pensión de más de $10 millones mensuales. Para el caso de Colpensiones, menos de 16 mil personas en Colpensiones tienen una pensión de $10 millones o más. Estas personas representan alrededor del 1% de los adultos mayores. A estas personas habría que sumarles aquellas de los regímenes especiales que ganan más de $10 millones mensuales.
Impuestos saludables
Como proporción de su ingreso, los pobres gastan más en bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Por construcción, cualquier impuesto sobre estos productos va a ser regresivo al menos en el corto plazo. En el largo plazo, el efecto dependerá de dos cosas:
Cómo van a reaccionar las empresas: ¿Seguirán produciendo los bienes con las mismas especificaciones o buscarán reducir el contenido de azúcar y el nivel de procesamiento?
Cómo van a reaccionar los consumidores: ¿Seguirán comprando los mismos bienes o los van a sustituir por otros más saludables?
Las respuestas a estas preguntas son objeto de intenso debate a nivel internacional. La respuesta para el caso colombiano dependen del detalle específico de los impuestos y de las medidas que acompañen los impuestos, como el etiquetado de comidas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud recomienda un aumento del 20% en el costo de estos productos con el objeto de tener un impacto significativo sobre el comportamiento de los consumidores. En Colombia el aumento será del 10% o menos.
En el corto plazo, estimamos que los hogares más pobres gastarán hasta $7000 mensuales más en estos bienes si no los sustituyen por otros más saludables. Esto obedece a que estos hogares gastan aproximadamente $70 mil mensuales en este tipo de bienes. Los efectos en el largo plazo, manifestados en mejores condiciones de salud y productividad, dependen de las respuestas a las preguntas sobre la reacción de las empresas y la reacción de los consumidores.
En el debate también se debe incorporar los gastos nacionales asociados a las enfermedades causadas por el consumo de estos productos. No hacerlo es un contrasentido.
Oportunidades de mejora
El gran lunar de la reforma tributaria es la falta de coraje para aumentar la base de declarantes del impuesto de renta a personas naturales. En Colombia, 12.5% de la población económicamente activa declara renta, pero menos del 7% pagan este impuesto. Cualquier esfuerzo de reducir la carga tributaria de la mayoría de las empresas, las cuales no cuentan con privilegios tributarios, pasa por ampliar la carga tributaria de las personas naturales.
El límite de $4 millones mensuales en las exenciones y deducciones es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, el compromiso de no tocar a quienes devengan menos de $10 millones mensuales tiene como efecto colateral que el aumento en la carga tributaria de las personas que ganan entre $10 y $15 millones es apenas marginal. De hecho, teniendo en cuenta que el efecto de los impuestos saludables, estas personas sufren un impacto menor que el 10% de los hogares que se encuentran dentro del 10% más pobre del país.
Dicho esto, la discusión de la reforma ha resaltado que el impuesto de renta a las personas naturales debería ser más sensible al número de dependientes. No es lo mismo un hogar unipersonal con ingresos de $10 millones mensuales que un hogar con el mismo ingreso pero con dos niños dependientes. El país debería considerar una fórmula más sencilla para las extensiones y deducciones: una exención de $4 millones mensuales independientemente del nivel de ingreso y una deducción de $1 millón mensual por cada dependiente. Las demás deducciones y extensiones deberían eliminarse.
Otro punto que vale la pena reiterar es que la carga tributaria de la mayoría de empresas, quienes no cuentan con privilegios tributarios, sigue siendo excesivamente alta. La reforma, aunque reduce los privilegios, no alivia la carga tributaria de las empresas en general. Naturalmente, la reducción de la carga tributaria de las empresas implica la búsqueda de recursos tributarios alternativos. Las únicas posibilidades están en las exclusiones, exenciones y tarifas preferenciales del IVA y en la ampliación de la base de declarantes de las personas naturales. Dicho esto, consideramos que la eliminación de tratamientos preferenciales debe ir acompañada de una reducción a la tarifa general de renta de las empresas, pues se conserva en un alto 35%. Asimismo, creemos que es preferible la ampliación de la base de declarantes. Necesitamos que el país se mueva en la dirección de los impuestos directos sobre las personas naturales para que más personas se sientan comprometidas con la financiación de las necesidades públicas del país y con la fiscalización de los recursos públicos.