Hace trece años, en la antesala de las elecciones presidenciales de 2010, la Revista Credencial encargó una inusual encuesta para conocer un poco más acerca de la forma en la que las personas que iban a votar veían a los entonces candidatos y precandidatos. La pregunta central del sondeo fue: ¿A cuál de estos candidatos confiaría usted el cuidado de sus hijos? La ganadora fue Noemí Sanín.
¿A qué viene este cuento? A lo largo de la actual contienda electoral hemos analizado en detalle los programas presidenciales de los cuatro candidatos punteros en las encuestas. Nos adentramos en las propuestas de Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo. Como resultado produjimos una serie de informes que, además de analizar, comparan las propuestas de los aspirantes en materia tributaria, de pensiones, y de gasto público.
Por supuesto que hay diferencias entre lo que propone cada candidato. El recaudo esperado en la próxima reforma tributaria y la configuración de las nuevas fuentes de financiación del gasto público son uno de los ejes que mayores contrastes concentra. Lo mismo ocurre respecto a la vigencia, configuración y focalización de algunos impuestos y exenciones tributarias.
No obstante, en materia pensional no hay diferencias radicales - unos proponen un sistema de pilares, mientras que otros proponen ajustes al sistema actual- y las propuestas coinciden, en todo caso, en la necesidad de hacer reformas al sistema. Como concluimos en el informe sobre el particular, ni la izquierda se plantea tan izquierda, ni la derecha tan derecha.
La conclusión de fondo es que, después de leer los programas de gobierno de los candidatos con mayores opciones para llegar a la Presidencia de la República es que nos iríamos a vivir al país que cualquiera de ellos plantea.
De entrada, les anticipamos que no les vamos a decir por quién votar –ni más faltaba: su voto es libre, y más bien les invitamos a consultar los informes que hemos producido, fuentes serias de análisis y, claro, a darles una mirada a los programas–. Queremos, sin embargo, plantear un elemento adicional de análisis, que marcará el devenir político del país en los próximos años.
La pregunta de fondo no es quién va a ganar la Presidencia. La pregunta, más bien, es quién será capaz de implementar lo prometido. No es un asunto menor. Contrario a lo que sucedía en el pasado, se va a necesitar más que filigrana partidista y legislativa: ahora la voz de la ciudadanía –y su capacidad de movilización– hace también parte de la ecuación.
Comencemos por la ‘alta política’. Las alianzas serán la clave para navegar el Congreso de la República a partir del 7 de agosto. La nueva ecuación de fuerzas tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes evidencia partidos y movimientos fuertes, pero incapaces de construir mayorías decisorias por sí solos. Habrá entonces que construir consensos, negociar y alcanzar acuerdos.
Construir una coalición relativamente estable sería más fácil para unos candidatos que para otros. Petro, por ejemplo, tiene el movimiento político más votado, pero tendría que buscar alianzas más allá de los sectores alternativos –hoy independientes o en oposición al actual gobierno–. Por su parte, Gutiérrez, cuenta con apoyos de partidos que hoy hacen parte de la coalición de gobierno en el Congreso –aunque niegue que la suya sea una candidatura de continuidad–.
Más complicada la tendría Hernández, cuyo movimiento político apenas eligió un par de congresistas. El candidato ha empezado a cosechar apoyos de congresistas de otros partidos y, aunque “la política es dinámica”, en un eventual gobierno suyo tendría que construir una coalición de apoyo. Algo similar ocurriría en el caso de Sergio Fajardo, cuyo partido político comienza a ver fragmentada la disciplina en torno a su candidatura.
Ningún escenario se debe descartar. Sin embargo, es francamente improbable que Colombia llegue a una parálisis política o legislativa por cuenta de la elección de algún candidato como nuevo Presidente de la República. Esta es una consideración que debe tenerse en cuenta aún en medio de los picos más agudos de tensión de la actual campaña.
¿Serán capaces los candidatos de no quemar los puentes con fuerzas políticas que hoy les son contrarias y que mañana podrían ser aliadas? ¿Podrá prevalecer el diálogo? ¿Quién tiene mejor capacidad para explicar las acciones que se requieren para hacer frente a asuntos apremiantes, como el gasto público, la estructura tributaria y el tema pensional?
En cualquier caso, no bastará con alcanzar acuerdos con las fuerzas políticas. Si algo ha aprendido el país en los últimos tres años –y ojalá los políticos hayan tomado nota– es que la movilización ciudadana ha asumido un rol clave en el contexto del debate público en Colombia.
Esta dimensión política comenzó a tomar forma en las elecciones legislativas, entregando una nueva configuración del Congreso, y está por verse qué tanto peso tendrá al momento de elegir al próximo Presidente de la República. En cualquier caso, ‘la calle’ pesará durante el próximo gobierno –sea cual sea su tendencia–, mucho más si tenemos en cuenta que el país se apresta a afrontar el debate de reformas en temas tributarios y pensionales, con alto impacto en la dimensión del gasto público.
La capacidad que tenga el próximo Presidente de la República para dialogar con fuerzas políticas y democráticas que están más allá de los confines de los partidos determinará, en una medida importante, el éxito de su administración.
¿Entonces? ¿A qué país nos iremos a vivir? Ojalá el próximo Presidente tenga la capacidad suficiente para llevarnos del país que plantea hoy en papel a uno de verdad que 50 millones de personas están esperando.