La pandemia por covid-19 parece haber entrado en una nueva etapa. Al hecho de que la variante ómicron tenga un nivel de letalidad menor al calculado inicialmente se suma un progresivo desmonte a nivel internacional de las restricciones desplegadas desde 2020.
Tal vez el caso más llamativo es el de Noruega, donde no se produjo una racionalización de las medidas, sino su completa eliminación por orden gubernamental. En Colombia, siguiendo una tendencia que comienza a extenderse a nivel internacional –con decisiones como la adoptada en España, donde se eliminó la obligatoriedad del uso de tapabocas en espacios abiertos– también comienza a ambientarse la posibilidad de eliminar, o al menos suavizar las medidas adoptadas para contener los contagios.
Mucho de lo que viene está por verse. Los expertos no se ponen de acuerdo, pero cada vez se habla con más frecuencia de la eventual consideración del covid-19 como una enfermedad endémica.
Lo cierto es que, mientras pensamos en el final de la actual pandemia, los expertos ya empiezan a preguntarse sobre la siguiente –más precisamente sobre qué tan preparados están los países y las sociedades para hacer frente a escenarios de emergencia como los registrados entre 2020 y 2021–. El posible surgimiento y las acciones para hacer frente al surgimiento de enfermedades infecciosas hacen ahora parte de los primeros lugares en materia de seguridad internacional.
"Esta no será la última vez que un virus amenaza nuestras vidas y nuestros medios de subsistencia. La verdad es que el próximo podría ser peor. Podría ser más contagioso o letal, o ambos", dijo Sarah Gilbert, creadora de la vacuna Oxford-AstraZeneca.
¿Qué tan preparados estamos para hacer frente a la próxima pandemia? A juzgar por los resultados del más reciente estudio del Índice de Seguridad Sanitaria Global, no estamos listos. Las razones que explican esto son de diverso orden: desde niveles reducidos de acceso a atención médica hasta bajos niveles de inversión pública en el sector salud.
Hay, sin embargo, un elemento que llama poderosamente la atención –primero, porque es el más importante y, segundo, porque es el de más baja puntuación–: la falta de confianza del público en sus gobiernos. Esa falta de confianza impacta directamente aspectos como la disposición de la ciudadanía a acoger las recomendaciones para detener los contagios, como las medidas de distanciamiento o la vacunación.
La caída en los índices de confianza en los gobiernos es un fenómeno que antecede a la pandemia. Organismos regionales como la Cepal han hecho énfasis en la importancia de “recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas” como elemento clave para “retomar una senda de crecimiento inclusivo y de mayor bienestar para todos en América Latina y el Caribe”.
Más allá de los diagnósticos que puedan hacerse respecto a la mejor forma de promover los índices de confianza, hay un elemento transversal para cimentar estos procesos: el acceso a la información.
En la medida en que los ciudadanos puedan acceder sin barreras a información clara, transparente, completa y de fácil comprensión, podrán involucrarse de forma más activa en los procesos institucionales de decisión, implementación de políticas públicas y gasto.
La información es, a su vez, un insumo fundamental para la preparación de los Estados frente a futuras amenazas. ¿Cómo impactó el covid-19 las dinámicas políticas, sociales y económicas? ¿Dónde se puso gasto social? ¿Qué medidas resultaron más efectivas para garantizar la calidad de vida y el bienestar de las personas? ¿Qué inversiones entregaron los resultados más efectivos?
Para saber esto, hay que tener –nuevamente– acceso a información completa, detallada y comprensible. Eso, infortunadamente, es difícil de hacer actualmente en nuestro país.
Preparar al país en materia institucional, macroeconómica y fiscal frente a futuras emergencias requiere entender los procesos que determinaron el gasto público y el uso de los recursos públicos durante la pandemia. Acceder a esa información –completa, detallada– es complicado.
¿Por qué? En medio de la falta de detalle sobre planes de gasto –peso por peso, y no billón por billón– de los recursos dispuestos por el Gobierno nacional para hacer frente a la emergencia, probablemente la fuente más completa había sido el Portal de Transparencia Económica. Allí se podía, por ejemplo, consultar el ritmo de ejecución de los recursos, presentando en una sola sección los contratos suscritos.
En el Portal de Transparencia Económica solo se puede encontrar información para cada compromiso adquirido –en términos de con quién se firmó, qué entidad tuvo a su cargo la ejecución, y cuál era el objetivo del contrato–. Pese a que en el Portal se mencionaban los objetos, montos y beneficiarios de los contratos –entre otros datos–, no era posible conocer el destino específico –peso por peso– del dinero dispuesto. Esto, debido a que no se podía acceder a todos los documentos contractuales y así saber si los contratos se cumplieron, si hubo modificaciones o si se produjeron incumplimientos.
Y es que, al entrar al Portal de Transparencia Económica, desde su página principal ya no es posible acceder a la información contractual sobre covid-19 de 2020 y 2021.
Los contratos no fueron desmontados del portal. Es posible encontrarlos cambiando la dirección URL –esto es modificando en la barra de direcciones del navegador los datos que se quieren consultar–. Esto lo sabemos porque venimos haciendo seguimiento al gasto de recursos destinados para atender la emergencia desde 2020. Pero, ¿y si alguien quiere analizar esto hoy? ¿Si se quieren hacer planes para futuras emergencias?
Si alguien quisiera comenzar a estudiar este tema hoy, encontraría enormes limitaciones en materia de acceso a la información.
Esta, infortunadamente, no será la última vez que enfrentemos una emergencia que demande gasto público adicional y decisiones de gasto en medio de un escenario extraordinario. ¿Cómo estar preparados de manera adecuada si no sabemos qué pasó?
En marzo de 2021, el New York Times consultó a científicos, médicos y expertos sobre las lecciones que dejaba, hasta ese momento, la pandemia. Anne Schuchat, directora de los centros para control y prevención de enfermedades de EE. UU. (CDC, por sus siglas en inglés), destacó la importancia de “invertir en los números”. Ciertamente, el análisis apunta a los números también en el sector de la salud, pero esta es una lección que se puede –y se debería– extrapolar a todos los sectores institucionales.
Brindar un adecuado acceso a toda la información relacionada con el covid-19 podría ser un importante legado de la actual administración, y un aporte contundente a la promoción de la transparencia. Sería, además, un aporte con vigencia mucho más allá de la emergencia actual, pues contribuiría a cimentar la confianza pública en las instituciones.
Algo nada despreciable. Ojalá suceda.