Los debates virtuales del Presupuesto General parecen aún menos transparentes que antes del coronavi

En medio de la consternación que ha generado la nueva escalada de violencia en el país, las noticias sobre la ‘nueva normalidad’ y los exhaustivos análisis sobre el futuro futbolístico de James Rodríguez, una noticia parece estar pasando de agache en la agenda nacional: el Congreso ya inició la discusión sobre el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2021.

Durante las próximas siete semanas, 280 congresistas decidirán –con el acompañamiento del ministerio de Hacienda– cómo se van a gastar 313,9 billones de pesos de todos los colombianos.

Echémosle, pues, una mirada a qué ha pasado en estos días con la discusión del que, con razón, es el proyecto de ley económico más importante del año –y aún más de cara a la incertidumbre que marcará el que se espera sea el primer año pospandemia–.

La línea de tiempo para el trámite del Presupuesto General de la Nación en el Congreso la establece el artículo 56 del decreto 111 de 1996, el cual compila una serie de leyes que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Teniendo en cuenta esa pauta legal, el cronograma definido para la discusión de este año se inició formalmente el pasado 19 de agosto. Ese día, en una sesión virtual, el ministro de Hacienda y el director del Departamento Nacional de Planeación les presentaron a las comisiones Terceras y Cuartas de Senado y Cámara de Representantes –que son las que se ocupan de los temas económicos– los detalles del proyecto.

Al parecer, el director del DNP llegó tarde a la sesión, pues al principio no prendió su cámara y participó solamente con sonido telefónico. Cabe anotar que, al tiempo que transcurría la sesión, la cuenta del Twitter de la entidad reportaba la participación del funcionario en un foro organizado por el periódico El Tiempo.

Al día siguiente, el 20 de agosto, el turno fue para el gerente del Banco de la República y el contralor general de la República, quienes entregaron sus impresiones sobre el proyecto.

Por tratarse de iniciativas de enorme impacto para el país, proyectos de ley como el Presupuesto General de la Nación, las reformas tributarias y el Plan Nacional de Desarrollo tienen muchos ponentes –uno o más por partido, tanto los de gobierno como los de partidos de oposición–. Los ponentes son los encargados de estudiar los textos, plantear ajustes, dejarlos como vienen, o proponer que el proyecto se archive; algunas veces firman todos los ponentes, otras veces se arman grupos, o cada ponente llega con su ponencia bajo el brazo.

Los ponentes, por supuesto, suelen reunirse para intercambiar impresiones. Hay, eso sí, dos tipos de reuniones. Las primeras se realizan en el Capitolio y, aunque no se transmiten, permiten acceso del público interesado, lo cual permite algún nivel de seguimiento a los temas en discusión. Este año, debido a la pandemia, eso no será posible.

Sobre el segundo tipo de reuniones hay menos información. Esas reuniones de ponentes tienen lugar en el ministerio de Hacienda. Son tan reservadas, que ni siquiera los asesores de los congresistas pueden entrar. Si se trata de un proyecto de ley cuyo contenido es público, ¿por qué tanto secreto? No se sabe.

A mediados de agosto, un grupo de congresistas pidió que las reuniones de ponentes fueran transmitidas por internet, de modo que cualquier persona pudiera seguirlas. Las mesas directivas de las comisiones no dijeron ni sí ni no. Lo cierto es que la única reunión de ponentes sobre la que se tiene reporte fue privada.

Eso nos lleva de vuelta al cronograma. Después de las sesiones del 19 y 20 de agosto, las comisiones Terceras y Cuartas de Senado y Cámara volvieron a sesionar el 2 de septiembre en una reunión virtual titulada “Reunión de coordinadores y ponentes y Gobierno”. Esa jornada, como señalamos antes, no fue transmitida.

Seis congresistas participantes nos contaron detalles de la sesión, que calificaron como “plana”, “de trámite” y “sin mayor sustancia”. Cada uno de los ponentes del proyecto habló durante cinco o siete minutos sobre los temas que encontró relevantes. Algunos se refirieron a los cupos de endeudamiento, le echaron flores al ministro, o pidieron más inversión para sus regiones; otros pidieron aumentar el monto de inversión y advirtieron sobre cálculos muy optimistas frente a los ingresos esperados. No faltó también quien dijera que este Presupuesto debe servir para prepararse de cara a las elecciones presidenciales de 2022.

El ministro de Hacienda, que escuchó atento las intervenciones, cerró la sesión destacando una por una las intervenciones de los congresistas y agradeciendo sus “muy importantes y valiosos” aportes.

Hubo un elemento llamativo en las intervenciones de los congresistas. Según pudimos establecer, seis de ellos –tres de ellos de la coalición de gobierno– expresaron inquietudes respecto las dos fuentes con las que el Gobierno espera tapar el hueco de 38 billones de pesos que tiene el Presupuesto. Se trata, como lo hemos señalado en análisis anteriores, de dos fuentes gaseosas en su descripción y, a juzgar por la experiencia reciente, poco confiables en su ejecución proyectada. Se habla, por un lado, de la venta de activos del Estado por 12 billones de pesos; y, por otro, de 26 billones que se obtendrían mediante “otros recursos de capital”.

Los reparos expresados por los legisladores podrían resumirse en dos preguntas: ¿es esperable que los mercados se lancen a comprar deuda del gobierno con avidez en un escenario pospandemia? Y, ¿es dable esperar altos rendimientos de esos “otros recursos de capital” durante la recuperación económica?

Las comisiones conjuntas –siguiendo el cronograma– volverán a reunirse el martes 8 y miércoles 9 de septiembre para discutir el monto del Presupuesto. La idea es aprobar el monto el jueves 10; la fecha límite fijada por la norma es el día 15.

¿Habrá más reuniones de ponentes antes del 8 de septiembre? ¿Conversarán con el ministro de Hacienda? No se sabe. Ni los congresistas ni el ministro se lo han contado al país.

En las sesiones de la próxima semana estarán presentes varios ministros –entre ellos los jefes de las carteras de Agricultura y Deporte, dos sectores para los que los congresistas pidieron más dinero–. La experiencia legislativa indica que es probable que se aprueben aumentos en esos frentes –aumentos que podrán ser cobrados como victorias por los congresistas que hablaron del tema–. Esa experiencia indica también que, a veces, por estar prestando atención a estos temas –taquilleros de cara a la opinión pública– se cuelan, de forma inexplicable, ‘micos’ en los textos. Esos ‘micos’ son ‘jugaditas’ que se les introducen a los proyectos para favorecer intereses particulares o sacar adelante medidas impopulares sin mayor discusión.

Volvamos al cronograma: una vez aprobado el monto del Presupuesto –que, como señalábamos, seguramente ocurrirá el 10 de septiembre–, habrá nuevas reuniones de ponentes; estas tendrán lugar la semana del 14 al 20 de septiembre.

Los días 22 y 23 de septiembre se votará y aprobará el proyecto en las comisiones conjuntas –la fecha límite es el 24–. Y de ahí, a las plenarias tanto de Senado como de Cámara.

La modalidad virtual en la discusión del Presupuesto General de la Nación –el más importante en décadas– permitía pensar en un trámite más transparente de cara a la ciudadanía. Sin embargo, lo visto hasta ahora en esta primera parte del debate parece indicar que se repetirá la historia de años pasados –esta vez con incluso menos necesidades logísticas–. Diligente, el ministro de Hacienda espera frente a su computador un cheque en blanco por casi 314 millones de millones de pesos.

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