El pasado 20 de julio el gobierno del expresidente Santos presentó ante el congreso de la República el proyecto de presupuesto para el 2019. El Presupuesto General de la Nación (PGN) propuesto es de $259 billones de pesos, lo que representa un incremento del 9.93% con respecto al presupuesto de 2018 que es de $235,6 billones de pesos.
De acuerdo con el cronograma presupuestal entre el 20 de julio y el 20 de octubre -fecha en la cual el presupuesto debe ser aprobado- el PGN entra en una fase de evaluación por los representantes de la cámara y el senado. Sin duda, el Presidente Duque aprovechará este periodo para echarle mano a esta propuesta y acomodar el presupuesto de acuerdo con las prioridades de su agenda política. Sin embargo, el margen de maniobra que tiene el nuevo gobierno para hacer ajustes al presupuesto es limitado debido a la alta inflexibilidad del gasto público como ya lo hemos descrito en nuestras entradas anteriores. Por lo tanto, implementar las propuestas de campaña del Presidente Duque requiere encontrar nuevos recursos para el gobierno nacional o reacomodar aquellos gastos que no son inflexibles.
Además del reto anterior, es necesario cuestionarse qué pasará con la financiación de los recursos para el postconflicto. De acuerdo con el Plan Marco de Implementación (PMI), la puesta en marcha del acuerdo de paz requiere inversiones por 129,5 billones de pesos de 2016 en una temporalidad de 15 años. Estos recursos se financiarían con el esfuerzo colectivo de la nación, de las entidades territoriales, del sector privado y de la cooperación internacional. En el 2017 se ejecutaron $6,9 billones de pesos para este propósito. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Hacienda, de las fuentes de financiación quien más aportó fue la nación a través del PGN (35%) y del Sistema General de Participaciones (34%) y le siguen los recursos de cooperación internacional, el sistema general de regalías y los recursos propios de las entidades territoriales. Ahora bien, de los puntos del acuerdo el que más recursos demanda es la reforma rural integral (85,4%), seguido del punto de solución al problema de drogas ilícitas (6,1%), victimas (3,5%), participación política (3%), fin del conflicto (1,9%) y finalmente el punto de implementación, verificación y refrendación del acuerdo (0,1%).
Sin embargo, resulta preocupante que el PMI solo haya sido aprobado hasta marzo de 2018. Además, si bien el proyecto de presupuesto de 2019 indica un incremento con respecto al del 2018, los mayores gastos se dan por la necesidad de pagar el servicio de la deuda de la nación que en 2019 es de $65,8 billones de pesos (37% más que en el 2018 que fue de $48 billones de pesos) y el aumento en los gastos de funcionamiento. Lo anterior implica que el ajuste en el presupuesto se dé vía una menor inversión que el Ministerio de Hacienda plantea disminuir en $3,6 billones de pesos en el 2019. Preocupa sobretodo el recorte presupuestal para el sector de inclusión social en 6,55%, cuando en 2018 cuenta con un presupuesto de $9,63 billones de pesos y para el sector agro en 9,75% (2,3 billones en 2018). Si se tiene en cuenta que ambos sectores son claves para el postconflicto al incluir por ejemplo, recursos para el fondo para la reparación de víctimas, prevención y atención a la población desplazada, medidas de reparación individual y colectiva, vivienda rural, derecho a la propiedad rural bajo mecanismos de intervención y restitución, entre otros como lo menciona el presupuesto ciudadano , entonces resulta evidente la falta de recursos presupuestados en el proyecto presentado el pasado 20 de julio para dar cumplimiento al acuerdo de paz.
Nos encontramos entonces ante dos realidades. Primero, la paz está desfinanciada y los recursos presentados en el PGN 2019 son insuficientes para dar cumplimiento al PMI. En segundo lugar, no es un secreto que para el presidente Duque la implementación del acuerdo de paz no es una prioridad. Además, recordemos que si bien posiblemente el presidente decida hacer modificaciones al proyecto de presupuesto, con el poco margen de maniobra es poco probable que se incluyan recursos adicionales para la financiación del postconflicto. ¿Qué pasará con la financiación de los recursos para la paz?