¿Qué tan progresiva es la nueva reforma tributaria? Esta es la pregunta que conduce el más reciente análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, sobre el proyecto de ley que el Gobierno nacional le presentó al Congreso el pasado 20 de julio.
La evaluación –contenida en un informe que puede descargarse en este enlace– concluye que se trata de una iniciativa progresiva, razonable y oportuna que, además, atiende las principales exigencias de quienes se opusieron al anterior proyecto, retirado a comienzos de mayo.
Se trata, sin embargo, de un articulado que podría mejorarse con la eliminación de la normalización tributaria y la inclusión de modificaciones al impuesto de renta de las empresas –este último punto estaba presente en el anterior proyecto y se desarrolla también en la propuesta de reforma presentada por la Red de Trabajo Fiscal, de la cual hace parte el Observatorio Fiscal.
La reforma planteada por el Gobierno cumple con lo prometido por el presidente de la República y el ministro de Hacienda, en el sentido de que no se tocarían los impuestos al consumo –sobre todo el IVA– ni se aumentaría la carga tributaria de las personas naturales. El objetivo de la iniciativa es obtener un recaudo superior a los 15 billones de pesos, con el propósito de asegurar la financiación de iniciativas como Ingreso Solidario y el Programa de Apoyo al Empleo Formal. ¿De dónde saldrá ese recaudo adicional? Provendrá, principalmente, de aumentos de impuestos a las empresas –beneficiadas con exenciones en las reformas tributarias de 2018 y 2019.
Repasemos las principales líneas de análisis en torno al proyecto.
Comencemos por el impuesto sobre la renta de las empresas, que pasaría del 31% al 35%. El aumento de impuestos a las empresas, señala el Observatorio, “hace de esta una reforma tributaria progresiva”. Un dato contundente soporta esta afirmación: según datos de la DIAN, en 2019 el 99,9% de los dividendos pagados por las empresas a las personas naturales fue a manos de la población de más altos ingresos. Al pagar más impuestos, las empresas tendrán menos dinero para repartir en utilidades a sus accionistas. Esto implica que la reducción del ingreso de las personas que más ganan permitirá financiar un gasto social enfocado en la población de menores ingresos.
El Observatorio también recomienda considerar modificaciones del impuesto de renta, como la que baja la tarifa al 24% para las pequeñas y medianas empresas –planteada en la propuesta de reforma de la Red de Trabajo Fiscal–, para no poner sobre estas una carga tributaria excesiva.
Por otra parte, el Observatorio considera conveniente la introducción de los nuevos mecanismos contra la evasión –como la georreferenciación en la venta de inmuebles para evitar su subvaloración– y el fortalecimiento de la factura electrónica, aunque enfatiza la importancia de complementarlos con mecanismos como los expuestos en la propuesta de la Red de Trabajo Fiscal.
Sobre las medidas de austeridad planteadas en el proyecto, el Observatorio señala que, si bien este tipo de medidas resulta conveniente, es necesario tener en cuenta que “recortar el gasto es una fuente limitada de recursos para la financiación de la inversión social, y en el mediano y largo plazo será necesario aumentar el recaudo tributario”.
El informe también se ocupa de los cambios propuestos a la regla fiscal. En la actualidad esta limita los cambios en la deuda, mientras que en la nueva reforma tributaria se crea un techo de deuda del 70% del PIB.
Esto implica –explica el Observatorio– que “si la deuda sobrepasa el 70% del PIB, los ingresos del Gobierno tendrán que superar el gasto en un 1,8% del PIB, excluyendo del cálculo los intereses, los rendimientos financieros, el efecto de las transacciones de única vez, el ciclo petrolero y el ciclo económico.”
El mecanismo de techo de deuda es similar al que existe en Estados Unidos. “Es de esperar que este compromiso con la sostenibilidad de las finanzas públicas colombianas renueve la confianza perdida con la caída de la propuesta de reforma tributaria anterior, lo cual se reflejó en la pérdida del grado de inversión registrado por las calificadoras de riesgo”, anota el Observatorio.
Hay, sin embargo, aspectos del proyecto que –a juicio de los analistas del Observatorio– convendría modificar o eliminar. El primero es la figura del ‘día sin IVA’, que es una iniciativa que “complica de forma innecesaria el sistema tributario, no provee un alivio sustancial a las finanzas familiares de los consumidores y es presa fácil del clientelismo político”.
En esta misma línea, se propone no aprobar la normalización tributaria que propone el proyecto. ¿En qué consiste esta figura? La gabela permite que quienes hayan ocultado activos los legalicen pagando un impuesto de normalización. La tarifa que se plantea es 17%. No obstante, la base gravable sería del 50%, lo cual implica que la tarifa efectiva podría quedar en 8,5%, dándoles a quienes ocultaron capitales un tratamiento aun más favorable que el dado a quienes sí cumplen la ley.
“La medida puede enviar la señal a los evasores de que cumplir con sus obligaciones tributarias es mal negocio, premiando estrategias agresivas de planeación tributaria que le apuestan a un tratamiento favorable de la evasión de impuestos”, concluye el Observatorio.
Haber acogido las exigencias de los sectores que se opusieron al anterior proyecto de reforma y el apoyo de los partidos mayoritarios en el Congreso, así como el respaldo que gremios y gobiernos locales y departamentales le dieron a la iniciativa, permite anticipar que la reforma tributaria se aprobará sin mayores inconvenientes.
Como lo ilustra el informe, la iniciativa es positiva, pero puede mejorar más. En este sentido, una ciudadanía y unos actores políticos bien informados sobre las implicaciones del contenido de la reforma, pueden contribuir a un trámite enriquecedor y constructivo. Al fin y al cabo, se trata de una reforma necesaria, de cuyo éxito depende el despegue de los planes y perspectivas del país en la pospandemia.