Una agenda fiscal por el clima y la sociedad colombiana

Actualizado: ago 11

En la reforma tributaria “Ley de Inversión Social” se quedaron por fuera los impuestos verdes como una estrategia de financiamiento del Gobierno y de cuidado de los recursos ambientales del país.


En su último libro: ‘Cómo evitar un desastre climático’, Bill Gates escribe que él no tiene la solución política al cambio climático. Uno pensaría que si Gates no sabe, mejor apague y vámonos que ya no hay nada que hacer. Sin embargo, científicos, políticos, economistas y hasta jóvenes ambientalistas le han gritado al mundo que la solución es voluntad política. Voluntad de compromisos climáticos ambiciosos para el 2030. Voluntad de implementar medidas políticas que desincentiven la emisiones de gases de efecto invernadero. Voluntad de transformar las economías para salvar la vida de todos los ciudadanos de la crisis. Ya que tanto se necesita una reforma fiscal ¿Por qué no empezar a plasmar esa voluntad en el Proyecto de reforma fiscal: Ley de Inversión Social?


El anterior proyecto de reforma fiscal, la Ley de Solidaridad Sostenible, fue la gota que derramó el descontento social en el país. No sólo incluía varios programas sociales con banderas de favorecer a la población pobre o vulnerable del país, sino que también se vendía como una apuesta verde del gobierno como parte de su compromiso por el cumplimiento de metas ambientales y climáticas. Aunque tengo mis desacuerdos con varios de los artículos del proyecto de Ley, estoy convencida de que el país necesita actualizar su portafolio de políticas fiscales verdes e incluso ser más exigente con las que ya están andando.


El portafolio de impuestos verdes que puede implementar un país para hacerle frente a la crisis climática, y otras ambientales que están a la vuelta de la esquina, son varios. Sin embargo, el diseño y la implementación de estas políticas tributarias dependen mucho de las situación socioeconómica del país, de los impactos que puede generar en la población e incluso la viabilidad política y apoyo para ser aprobados en el congreso. Más allá de hablar de todo el portafolio, me voy a concentrar en una medida que Hacienda no debería dejar por fuera en su próximo proyecto de Ley: el impuesto nacional al carbono.


Se nos está haciendo tarde para modificar el impuesto nacional al carbono del país. Si bien parece una cantaleta ambientalista, cada vez el agua nos va llegando más al cuello y vamos a necesitar medidas más agresivas. El impuesto tal y como está es una tasa bajita que deja fuentes de emisión de carbono por fuera de su base gravable. Si estamos buscando cómo recaudar impuestos ¿Por qué dejar por fuera una modificación ambiciosa al impuesto a la emisión de gases de efecto invernadero?


Hacienda debe reformular la base gravable para que incluya progresivamente todas las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Esto es incluir aquellos combustibles fósiles que quedaron por fuera del impuesto en la reforma tributaria del 2016. También ir desmontando poco a poco la deducción del impuesto de declaraciones de renta e ir aumentando el precio de la emisión de gases de efecto invernadero en el país hasta alcanzar rápidamente las recomendaciones internacionales.


Como dicen en mi tierra, la demora nos perjudica. Si bien no se trata de subir el impuesto a 50 dólares de inmediato, es necesario que la tarifa empiece a crecer en los próximos diez años, a una tasa más rápida. Entre más nos demoremos en alcanzar esa meta, los incrementos futuros tendrán que ser más altos para los consumidores colombianos. Al principio de la pandemia, los llamados internacionales a desmontar subsidios a combustibles fósiles y aumentar los precios de la contaminación mientras el precio internacional de estos bienes era bajo fueron las soluciones políticas climáticas que se pedían. Hoy los precios ya empiezan a ser altos nuevamente, y sin buscar predecir lo que va a pasar con estos precios internacionales, no podemos darnos el lujo de seguir aplazando la decisión de aumentar el impuesto nacional al carbono.


Ahora, ¿En qué se puede invertir ese dinero? Internacionalmente se destaca el uso que Colombia ha dispuesto para lo recaudado por el impuesto al carbono: según la Ley 1819 de 2016, el 70 por ciento debe destinarse a inversiones relacionadas con construcción de Paz. Sin embargo, por asuntos burocráticos, al menos 1.2 billones de pesos recaudados por este impuesto están estancados en Hacienda.


Ahora, con el Proyecto de Inversión Social, se está perdiendo la oportunidad de usar el recaudo del impuesto nacional al carbono - o gases de efecto invernadero- para financiar programas sociales como una renta básica en el país. Véalo así: Si la emisión de gases de efecto invernadero es un problema que nos afecta a todos, pues aumentemos el recaudo para que alcancemos a darle un ingreso a los afectados de dicha contaminación. Es decir, a todos en el país.


Hagamos posible que el dividendo del carbono le llegue a todos, sobre todo a los más afectados por la crisis de la pandemia en el país. Tal vez el recaudo no sea tan alto como para financiar una renta básica universal en el país con un monto sustancioso, pero sí sería una fuente no despreciable de recursos que el gobierno puede usar para implementar este esquema. De hecho, en caso de que sólo se use lo recaudado por este tributo para la RB, es mucho más justo que se distribuyan en todos, sobre todo a niños, niñas y jóvenes cuya supervivencia está en riesgo, a que se queden en las arcas de Hacienda.


Si bien una renta básica no es tan políticamente atractiva, otra forma de inversión de ver ese dividendo es en inversiones a la primera infancia. Junto con Paloma Cobo, escribimos una propuesta sobre la necesidad de romper las brechas entre niños en etapas iniciales del ciclo de vida. Estas no solo tienen un mayor retorno potencial que otras políticas de distribución, incluida la renta básica, sino que son una forma de compensar y promover un mejor futuro a los más afectados de la crisis climática. Hoy más que nunca es necesario que aquellos que no votan sean parte de la agenda nacional. Ellos mismos lo están exigiendo.

La crisis climática es como un juego de parqués. No sólo porque hay un azar que influye en cómo se desarrolla sino que para ganar tenemos que llegar todas las fichas a la meta. Por eso, nos tiene que importar a todos. Los impuestos verdes como la sobretasa ambiental a la gasolina y el impuesto nacional al carbono contribuyen no sólo al cumplimiento de metas ambientales, sino que el uso adecuado de su recaudo ayuda al cumplimiento de varios objetivos de desarrollo. Ahora, en el Congreso de la República está la oportunidad de que la reforma fiscal no deje de lado la agenda verde del país. Los jóvenes colombianos tenemos que exigirle a nuestro legislativo que piense en nuestro futuro y en el de todos los colombianos, sobre todo en aquellos que aún no tienen edad para votar o ni siquiera han nacido. Lo que está en riesgo es ni más ni menos que nuestra supervivencia. Ojala las estrategias para hacerle frente a la crisis más grande de nuestro tiempo, el cambio climático, también estén incluidas en la Inversión Social.




*Diana León es economista y magíster en economía de la Universidad de los Andes. Ha trabajado en temas relacionados con el Pacífico colombiano, prácticas agrícolas sostenibles, crecimiento económico y cambio climático. Sus temas de interés son el cambio climático, la contaminación del aire, el uso de los recursos naturales y crecimiento económico endógeno. Actualmente, es investigadora de Dejusticia.

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