Aunque parezca una obviedad, no está de más decirlo: 2021 será un año muy complejo para Colombia. Y, si bien la economía estará en el centro de la agenda, las tensiones van a extenderse al plano político y social.
En materia económica todos los elementos parecen haberse combinado: pandemia, recesión, explosión social en varios frentes, y una profunda angustia política ante la perspectiva de perder el poder.
¿Qué nos espera? En materia tributaria, el ministro de Hacienda ya hizo la advertencia: vienen más impuestos. En la práctica eso significa que habrá cargas más fuertes sobre los independientes y quienes están en la base de la cadena.
Sin embargo, el asunto podría no quedarse solo ahí. En escenarios como el que estamos viviendo, a lo primero que suele echársele mano es a lo ambiental. Nosotros hemos presentado una agenda muy seria en el tema, con proyectos viables y razonables, pero no se han observado avances. Puntualmente se prevé una profundización de elementos como el fracking.
Y, lamentablemente, el Congreso –excesivamente obediente con el Ejecutivo– no parece ser el muro de contención ideal. No se trata de una dinámica nueva. En el gobierno anterior, por ejemplo, el aumento del IVA se aprobó en menos de un minuto, sin que mediara una discusión.
Por su parte, el Gobierno se ha quedado corto a la hora de hacer frente a una realidad tan compleja como la que estamos viviendo. La gestión de los recursos dispuestos para hacer frente a la emergencia es un ejemplo de esto. No se trata solo de la opacidad en la gestión de este dinero –de entrada preocupante–. Hablamos de la manera poco audaz y realista en la que se ha utilizado.
El uso de los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), por ejemplo, plantea preguntas y parece darle alguna razón a quienes han esbozado que esos recursos se gastarán en mayor medida en los meses previos a la campaña electoral de 2022. Esto se ha hecho sin importar el costo enorme que ha tenido no adoptar las medidas necesarias en temas como los subsidios a las nóminas y apoyos más contundentes al tejido empresarial. Adicionalmente, no se entienden, por ejemplo, los desembolsos tardíos en el marco del Programa de Apoyo al Empleo Formal.
Estamos, pues, conducidos por un mal timón en una tormenta intensa, y expuestos a los intereses que buscarán echar mano de sectores con poca protección.
Dos elementos adicionales prometen hacer aún más complejo el año que viene. En primer lugar, 2021 será un año preelectoral. Eso modifica la agenda y los tiempos del Congreso. Habrá que ver hasta qué momento la maquinaria electoral sobre la cual está soportado el Gobierno se mantendrá firme a su lado –no debemos olvidar que a la mayoría del Congreso lo que le interesa realmente es su propia reelección–.
En segundo lugar, el país verá un Gobierno sin agenda. Esta legislatura el Gobierno no la tuvo. Les dio mensaje de urgencia a los proyectos sobre nuevo código electoral y vacunas, pero no llevó iniciativas propias de peso. Las decisiones importantes se tomaron mediante decreto al amparo del estado de emergencia.
Así las cosas, el que viene será un año perdido para que el Congreso saque proyectos que vayan más allá de una reforma tributaria que ya está cantada cantada.
A todo esto se ha sumado la dinámica virtual del Congreso, que ha profundizado la lógica de un legislativo disminuido. Si estuviéramos trabajando de manera presencial, las cuentas en materia de votos habrían sido las mismas, pero el mensaje político habría sido diferente.
¿Cómo hacer frente a una realidad tan compleja? Las recetas no son mágicas. Es el momento del gasto público y del empleo de emergencia. Esto implica dar los estímulos adecuados en el plano privado.
No obstante, resulta complejo diseñar planes de alto impacto cuando no se tiene claridad sobre la magnitud y la calidad del gasto público. Por ejemplo, el proyecto de ley que presentamos para garantizar transparencia y cuentas claras del Gobierno sobre el manejo del dinero del FOME ni siquiera se debatió en el Congreso. Lo mismo pasó con la ‘ley antimermelada’.
La opacidad y la lógica del gasto es muy difícil de tocar desde la oposición –aún si se tiene en cuenta que el actual Congreso tiene la oposición más amplia y diversa de la historia.
Son varios los elementos que contribuyen a esto. Además de la falta de normas que permitan hacer seguimiento al gasto, la lógica al interior del Gobierno nacional agrava la ecuación: vemos en la actualidad un ministro de Hacienda totalmente empoderado que en muchos casos ni siquiera comparece ante el Congreso, sino que envía a su viceministro.
Ante este panorama, el reto irá mucho más allá de un 2021 sumamente complejo. El reto del centro va más allá de los discursos y debe estar basado en planteamientos viables.
Nuestra tarea será entregarles a los ciudadanos una plataforma de gobierno que sea viable. Eso implica presentar un programa financiado –un reto enorme dado el actual panorama económico. Debe ser una agenda realista, y que sabemos será sumamente impopular, pues demandará sacrificios a todo nivel. Administrar en esta época es mucho más difícil –y lo será de cara a 2022.
Se suma así otro reto para el complejo año que comienza: el centro deberá escoger a su candidato presidencial. ¡Hemos contabilizado 38 precandidatos! ¿Cuántos son reales y serios? ¿Cuántos tienen experiencia en administración? ¿Cuántos han manejado un equipo humano más grande que su equipo de asesores en el Congreso o el personal de una pequeña biblioteca? ¿Queremos que la presidencia sea el primer empleo de un funcionario?
La agenda programática del centro debe ser viable, y eso implica decisiones en todos los niveles y propuestas que se han planteado hasta el momento: desde las iniciativas sobre renta básica hasta la recuperación del sector productivo.
Como diseñadores de política pública no tenemos todas las respuestas, pero desde el centro estamos listos para actuar ya.
Estamos preparados para ir de las consignas a los planteamientos, las ideas y las acciones. Esto va más allá de un juego de cálculo político. La realidad del país –el presente, el futuro y el bienestar de millones de colombianos– no da espera.
* Angélica Lozano es senadora del Partido Alianza Verde. Es abogada y magíster en gerencia y práctica del desarrollo.
** Las opiniones expresadas comprometen a su autor/a y no comprometen la posición del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana.