“Si lo tiene, ¡tráigalo!”. La dinámica del recordado concurso radial –muy popular entre los años setenta y noventa en nuestro país– era sencilla: quienes llegaran a la emisora con algún artículo solicitado por el locutor se llevaban muchos regalos.
La política tributaria colombiana, al menos en lo que respecta a las normalizaciones, podría asimilarse a ese concurso. De hecho, el año pasado se promovieron bajo el eslogan “si lo tienes allá, normalízalo acá”.
Y quienes participan también pueden llevarse fabulosos premios.
¿De qué estamos hablando? No todo el mundo paga los impuestos que le corresponden. Hay quienes, por ejemplo, omiten activos o le reportan a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) pasivos inexistentes. Estas maromas de contabilidad incluyen el no reporte de dineros por fuera de Colombia.
La normalización es la estrategia institucional que más se ha utilizado en los últimos años para promover que los activos sean reportados y traídos al país. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo aseguró en julio pasado que “la normalización tributaria es la principal herramienta para regularizar los capitales de los colombianos en el exterior”.
No estamos hablando de poco dinero. El diario El Tiempo reportó esta semana que desde 2015 casi 27.000 personas han declarado activos omitidos en el exterior por valor de 27 billones de pesos.
Nada más en 2020 se reportaron activos omitidos por 4,4 billones de pesos y más de 4.700 contribuyentes normalizaron sus activos. Y, en julio de este año se informó que la DIAN estaba poniendo la lupa a bienes adquiridos en el exterior por valor de 4,6 billones de pesos.
Entre 2014, cuando la tarifa fue del 10 por ciento y 2019, cuando fue del 15 por ciento, se ofrecieron normalizaciones tributarias. Y el próximo año los evasores de impuestos tendrán una nueva y cómoda oportunidad para reportar y pagar lo que les corresponde.
En su artículo 2, la nueva reforma tributaria creó para 2022 “el impuesto de normalización tributaria como un impuesto complementario al impuesto sobre la renta”, el cual estará a cargo de quienes “tengan activos omitidos o pasivos inexistentes”. El Decreto 1340 de 2021, expedido el pasado 25 de octubre, desarrolla lo señalado en la ley, estableciendo que “la tarifa del impuesto complementario de normalización tributaria será del 17%”.
Como hemos detallado, no se trata de cantidades despreciables de plata. Las cuentas públicas ciertamente agradecen el dinero extra –mucho más en medio de la actual coyuntura–. Sin embargo, las permanentes –y no excepcionales– ventanas de oportunidad que se les brindan a los evasores están enviando un mensaje equivocado que tiene profundas y delicadas implicaciones.
Una normalización tributaria no es otra cosa que un premio a las personas de mayores ingresos que le han ocultado parte de sus activos al Estado, ya que les brinda la oportunidad de legalizarlos a tarifas bastante cómodas.
Abrir este tipo de ventanas de oportunidad es entendible –incluso deseable–. Pero su naturaleza –la gracia– debería ser excepcional. Por el contrario, en nuestro panorama tributario las normalizaciones son una herramienta más. De esta forma, los incumplidos terminan premiados: la casi certeza de normalizaciones futuras hace de la omisión de activos o del reporte de pasivos inexistentes una conducta habitual.
En contraste, quienes reportan lo que tienen y pagan lo que les corresponde terminan castigados, pues a menudo terminan pagando tasas más altas que las que cobijan a quienes normalizan años más tarde.
En 2020, por ejemplo, la tarifa del Impuesto Complementario de Normalización Tributaria fue de 15 por ciento. Sin embargo, si las personas repatriaban los recursos omitidos y los invertían con vocación de permanencia en Colombia, la base gravable se reducía a la mitad. Así que los evasores terminaban pagando una tarifa de 7,5 por ciento.
En la práctica, estas movidas son amnistías tributarias. ¿Por qué hablamos, entonces, de normalizaciones? La razón es contundente: la Corte Constitucional declaró inexequibles las amnistías tributarias. Al respecto conviene darles una mirada a las sentencias C-743/15 y C-060/18.
A favor de las normalizaciones bien podría afirmarse que los tiempos desesperados demandan medidas desesperadas. Sin embargo, aún en medio de la necesidad de recursos que plantea el escenario pospandemia, la normalización tributaria plantea una situación singular. Se ha reportado, por ejemplo, que la normalización tributaria de 2022 podría terminar reportando saldos a favor de los evasores.
Las personas interesadas en la normalización deberán pagar un anticipo antes de terminar este año. Ese anticipo podrá generar un saldo a favor. La razón es que “el anticipo que se pide en el año 2021 se realizará usando como base los activos omitidos que actualmente (año 2021) se posean y que simplemente se han ocultado, mientras que la liquidación final del 2022 se realizará utilizando como base los activos omitidos que se posean al 1 de enero de 2022, lo cual podría formar perfectamente bases totalmente diferentes”.
La pregunta sobre las normalizaciones tributarias tiene un horizonte de mediano plazo. Es un hecho que habrá el próximo año. ¿Habrá otra más en 2023? Se trata de una pregunta pertinente, sobre todo si se tiene en cuenta que muy probablemente quien gane la presidencia de la República en 2022 tendrá que impulsar una nueva reforma tributaria.
En cualquier caso, vivir en un estado de permanente normalización tributaria resulta especialmente inconveniente para un país que busque fortalecer su estructura tributaria. Los recursos adicionales serán siempre deseables, pero el mensaje –respaldado con hechos– sobre la importancia de cumplir con las obligaciones en materia de impuestos puede ser aún más valioso.
Se trata, por supuesto, de una discusión sobre fines y medios. En cualquier caso, mientras se resuelve esa cuestión, es inevitable pensar que quienes cumplen con la ley suelen ser los tontos, mientras que los vivos siempre tendrán la oportunidad de participar y, claro, ganar fabulosos premios.