Ya viene la reforma tributaria. Si todo sale como está previsto, el proyecto de ley llegará al Congreso de la República el próximo lunes 8 de agosto –el primer día hábil del gobierno del presidente Gustavo Petro–.
¿Reforma para qué? La explicación obvia es la necesidad de aumentar las fuentes de recaudo para financiar sobre todo los programas sociales planteados por la nueva administración. Este ánimo está también respaldado por una visión de la tributación que apunta a reversar parte de las gabelas tributarias otorgadas a grandes capitales en iniciativas como la reforma tributaria de 2019.
Si bien los funcionarios –en especial los designados ministro de Hacienda y director de la DIAN– han subrayado que a las personas que ganen menos de 10 millones de pesos no las tocará esta reforma, el contenido del proyecto es, sin duda, la iniciativa más llamativa del nuevo gobierno –un hecho que no es menor, si se tiene en cuenta el talante reformista que el presidente Petro parece querer imprimirle a su mandato–.
La reforma, según lo explicado por el designado director de la DIAN, tendrá tres pilares centrales. El primero es una reducción sustancial de los beneficios tributarios que existen en la actualidad, la introducción de penas de cárcel efectiva para evasores, y el fortalecimiento del personal especializado de la DIAN con miras a combatir la elusión y la evasión.
Con relación a las exenciones –que no podrán ser mayores a 4 millones de pesos–, estas se concentrarán en el impuesto de renta que pagan personas naturales y jurídicas. Puntualmente, la renta exenta no podrá superar los 4 millones de pesos. Adicionalmente, las normalizaciones tributarias –nombre con el que han venido a denominarse las amnistías concedidas a quienes resuelven incumplir sus obligaciones en materia de impuestos– serán cosa del pasado.
Respecto al impacto de la reforma en el tejido empresarial, el equipo económico del nuevo gobierno le apunta a un impacto casi inexistente en el 95 por ciento del tejido empresarial, pues son las empresas de mayor tamaño las que, por cuenta de los beneficios tributarios, presentan una tasa efectiva de tributación comparativamente baja.
El punto relacionado con el combate de la evasión no es de menor calado. Las estimaciones más conservadoras tasan en 50 billones –es decir, millones de millones– de pesos la evasión tributaria. Esto toca directamente la expectativa de recaudo, dado que durante la campaña se habló de una meta cerca a los 50 billones por cuenta de la reforma tributaria.
Según lo explicado por el equipo económico del nuevo gobierno, no se le apuntaría a recaudar 50 billones de un solo envión, sino una cifra cercana a los 25 billones de pesos, pero con el propósito de que gradualmente la cifra suba a entre 45 y 50 billones por cuenta de la lucha contra la evasión.
¿Qué más irá en la reforma? Hay dos temas claves. Por un lado, se revivirá el impuesto al patrimonio a partir de los 2.000 millones de pesos y, por otro, se planteará un aumento al impuesto a las ganancias ocasionales, pasando del 10 al 20 por ciento. Este es un tema clave en la discusión sobre la forma en la que tributan las rentas laborales y no laborales.
Se prevé que durante la discusión de la reforma tributaria el país también aborde debates que toman fuerza en el plano internacional, como los umbrales a partir de los cuales servicios digitales –tipo Netflix, Uber, Spotify, Amazon o Apple Music– deberían tributar en los países. A partir de los ingresos que obtienen este tipo de empresas es posible determinar si se consideran o no residentes en los países.
Se prevé que la reforma tributaria tendrá al menos un centenar de artículos. Habrá, pues, mucho por analizar desde el punto de vista técnico y académico.
De entrada, una pregunta adicional respecto a la reforma –al margen de los detalles de su contenido– tiene que ver con la forma en que será recibida por la sociedad. Por un lado, las fuerzas políticas se plantean bien alineadas y con mayorías sólidas a favor del nuevo gobierno, y permiten prever un trámite sin mayores contratiempos.
En cuanto a la sociedad civil, que se ha consolidado como un actor especialmente relevante en la conversación tributaria en el país –como lo demostraron las movilizaciones en el marco del trámite de la reforma de 2019, y del fracasado proyecto de 2021–, esta permanece expectante. Sin embargo, de momento, los mensajes enviados por los funcionarios designados han permitido mantener las aguas en calma.
Un efecto similar parece estar dándose a nivel gremial. Las últimas tres semanas han sido de intensas y extensas reuniones gremio por gremio, industria por industria, con el propósito de socializar las líneas generales de la reforma, escuchar inquietudes y dejar mensajes de tranquilidad.
Como lo hemos señalado en semanas recientes, el país político cambió. A esa nueva configuración le corresponderá tramitar la que probablemente sea la reforma tributaria más importante de las últimas décadas. Faltan pocos días para comenzar.