Licencia compartida: una clave para la equidad y el empleo pospandemia

Actualizado: mar 25

El proyecto de ley que busca brindar más días de licencia para que los padres compartan responsabilidad con las madres, es también un elemento importante para cerrar brechas de género en materia laboral. A la iniciativa le faltan dos debates para convertirse en ley. ¿De qué se trata? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es más importante de lo que parece, aún para quienes no quieren tener hijos? Sus autores nos cuentan.


En Colombia las licencias de paternidad deberían durar tanto como las de maternidad. Este elemento –además de promover nuevas masculinidades, mediante una mayor participación de los hombres en las labores del cuidado, especialmente en la crianza de sus hijos– es fundamental para reducir incentivos que promueven la discriminación laboral de las mujeres.


En momentos en los que el país comienza a trazar la ruta hacia una recuperación económica que se extenderá al menos durante la siguiente década, abrir un debate público sobre este tema es especialmente importante.


El próximo 16 de marzo, cuando el Congreso reanude sesiones, este proyecto para extender la licencia de paternidad estará en la agenda del Senado. La iniciativa, que ya superó sus dos primeros debates en la Cámara de Representantes, deberá ser aprobada antes del 20 de junio, cuando termina la actual legislatura, o de lo contrario se hundirá.



¿Por qué extender la licencia de paternidad?


La conversación pública sobre las licencias de maternidad y paternidad tiende a centrarse en el periodo concedido. Se suele pensar en las cuatro, seis o dieciocho semanas. Y punto. La realidad es que durante ese periodo se forjan vínculos que durarán toda la vida.


Las primeras semanas de vida de un bebé son las de cuidado máximo, de mayor indefensión. Ese nuevo ser humano depende enteramente de su cuidador o cuidadora. Tradicionalmente se ha asumido que ese vínculo –que se desarrolla en función del cuidado– está reservado exclusivamente para las mujeres. Sin embargo, si los papás pasan el mismo tiempo con los hijos e hijas, y ejercen ese mismo rol de cuidado, pueden desarrollar ese mismo vínculo.


Esta circunstancia, además de contribuir a la consolidación de hogares más equilibrados en materia del trabajo de cuidado, elimina incentivos que, por cuenta de labores de cuidado recargadas excesivamente en las mujeres, las margina del mercado laboral.


Cuando se analizan las licencias de maternidad y paternidad suele primar un falso sesgo de mercado, en el sentido de que no se valora adecuadamente una proporción del talento humano disponible. Esto tiende a desfavorecer a las mujeres en su periodo de maternidad y, por ende, beneficiarias de licencias. Este incentivo perverso lleva a que muchas empresas se pierdan de la posibilidad de tener talento humano de calidad.


Este tema ha sido analizado desde la academia. En su estudio Consecuencias indirectas de la legislación sobre licencias de maternidad en Colombia, Natalia Ramírez, Ana María Tribín y Carmiña Ofelia Vargas encontraron que aumentar la licencia de maternidad sin aumentar la de paternidad genera una discriminación del mercado formal hacia las mujeres en edad fértil.


Veamos el tema en el contexto de la actual emergencia: la pandemia profundizó la brecha de género en el país. El panorama del empleo, por ejemplo, que durante 2020 fue especialmente complejo, lo fue aún más para las mujeres. Según el DANE, el año pasado la tasa de desempleo en mujeres fue del 20,4%, ubicándose 7,7 puntos porcentuales por encima de la de los hombres, la cual cerró en 12,7%.


Además de la afectación del tejido laboral como consecuencia de la pandemia, el mercado laboral femenino ha resultado afectado en mayor medida como consecuencia de condicionantes derivados del trabajo de cuidado. Las mujeres que son madres y trabajan han tenido que asumir, en la mayoría de los casos, el rol principal de cuidado dentro de sus hogares.


Las diferentes ediciones de la Encuesta Pulso Social, llevada a cabo por el DANE, también dan cuenta de cómo durante la pandemia el trabajo de cuidado ha recaído especialmente en las mujeres.


Además de la ampliación de la licencia de paternidad, este proyecto de ley busca establecer la prohibición de despido para quienes tomen la licencia parental y prohibir la realización de pruebas de embarazo para acceder o permanecer en un puesto de trabajo.



El panorama legislativo


El proyecto surtió con facilidad sus primeros dos debates en la Cámara de Representantes. El texto que se pondrá a consideración de la Comisión Séptima del Senado –y que tendrá como ponente a la senadora Laura Fortich, del Partido Liberal, establece 8 semanas de licencia de paternidad.


El escenario que le espera a este proyecto en el Senado es complejo por varias razones. La primera es el tiempo. Si el proyecto no se debate antes del 20 de junio, se hunde. Aunque se trata de una iniciativa justa, innovadora y que promueve la igualdad de género, la agenda legislativa estará dominada por el debate de la reforma tributaria que el Gobierno se alista a presentar. Esto podría complicar los tiempos.


Recuperar el tejido laboral y generar más empleo es, sin lugar a dudas, la principal prioridad que el país tendrá en el corto y mediano plazo. Este proyecto incentiva la inclusión en el mercado laboral de talento femenino que ha permanecido excluido –aún más durante la emergencia–. Sentar las bases para reducir los factores de inequidad en el acceso al mercado laboral y la remuneración, lejos de ser una limitante para la generación de empleo, es un dinamizador para que Colombia tenga un mercado laboral más competitivo, mejor capacitado y con mayor acceso.


Esto nos lleva al tema presupuestal. El costo estimado de brindar licencias de paternidad de 8 semanas se acerca a los 190 mil millones de pesos anuales. En el contexto de la política macroeconómica del país, no se trata de una cifra especialmente alta –sobre todo si se tienen en cuenta sus beneficios en el mediano y largo plazo–.


Pero estamos en tiempos de ‘vacas flacas’, es cierto. Se podría, entonces, introducir un criterio de gradualidad en el aumento de semanas. El proyecto podría, por ejemplo, entrar en vigencia en 2022 o 2023, o ir aumentando el número de semanas de licencia conforme pase el tiempo.


En materia de recursos también conviene considerar que muchas empresas –tomando como base las dinámicas laborales a las que ha obligado la pandemia– están considerando hacer permanente un modelo en el que se trabaje parcialmente desde la casa.


Con los empleados trabajando algunos días de la semana desde sus casas, las empresas ahorrarán en servicios o arriendo. De ahí podría salir el dinero para pagar licencias.


Pero hay algo aún más importante. Si no promovemos cambios culturales, si el trabajo de cuidado sigue estando recargado en las mujeres, ¿es sostenible este modelo en el tiempo?


Al hablar del dinero es importante tener en cuenta que una licencia de paternidad extendida es una medida que requiere transformaciones culturales. No todos los hombres quieren tomar este tipo de licencias ni todos utilizan el tiempo de la licencia en labores de cuidado. Este tipo de cambios toma tiempo. El impacto fiscal no sería, pues, inmediato.


Es cierto que estamos en medio de una emergencia, pero eso no implica pensar con visión de corto plazo. Pensemos, por ejemplo, en la preocupación por el futuro del sistema pensional. Este suele ser un elemento que domina la conversación pública en materia de políticas laborales. Siempre se habla de “la reforma que se tiene que hacer”. ¿No deberíamos, entonces, pensar en el bienestar de los futuros ciudadanos que hoy están naciendo, y que con sus aportes sostendrán este sistema?



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Aunque tiene que ver con la política laboral, una reforma del esquema actual de las licencias de maternidad y paternidad le apunta a promover cambios de fondo –para bien– en la forma en que funcionan los hogares colombianos.


¿Cuál es el rol del hombre en nuestra sociedad? Si un hombre cambia pañales y saca gases no está ayudando. Si un hombre hace labores de la casa no está colaborando. Los hombres son corresponsables en la crianza de los hijos y el mantenimiento del hogar.


Esta es una ley que pone a las familias –aun a las que no tienen hijos e hijas, o a las que ya los tienen– a hablar sobre este tema.


Repensar nuestros roles como individuos y entender su impacto en la sociedad es el camino para promover reformas de fondo. La coyuntura que estamos viviendo es el escenario propicio para levantarnos distintos –mejores– y seguir construyendo un mejor futuro.


Para saber más sobre este proyecto, los invitamos a visitar este o este enlace.





*Juanita Goebertus es Representante a la Cámara por Bogotá. Es integrante del Partido Alianza Verde. Abogada y politóloga de la Universidad de Los Andes, con Maestría en Derecho de la Universidad de Harvard. Ha sido directora adjunta y directora de proyectos en Latinoamérica del Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT), y coordinadora de Justicia Transicional de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.


**José Daniel López es Representante a la Cámara por Bogotá. Su partido es Cambio Radical. Politólogo de la Universidad de los Andes, tiene una Maestría en Gobierno de la misma institución. Ha sido investigador de Congreso Visible, asesor legislativo y asesor del Ministerio de Trabajo, así como consultor en diálogo social. Además de director del tanque de pensamiento Piensa Bogotá Progresa, se ha desempeñado como profesor universitario.


***Las opiniones expresadas comprometen a su autor/a y no comprometen la posición del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana.