El próximo 21 de mayo se cumplirán seis semanas desde que el ahora exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla generó ruido mediático al comentar que el país solo “tiene caja para seis o siete semanas”. La afirmación, pese a ser técnicamente correcta, nunca debió haber alarmado a nadie ya que el país - como las empresas - rara vez tiene caja para más de un par de meses, y pese a eso ni el país ni las empresas están al borde de la quiebra. Con todo, junto con otras afirmaciones alarmistas del Ministerio, esta parecía calculada para crear un sentido de urgencia que le diera un empujón al proyecto de reforma tributaria. La estrategia, si de eso se trataba, resultó ser desafortunada.
Aunque todavía no se conoce el nuevo texto del proyecto de reforma, José Manuel Restrepo, el nuevo jefe de la cartera de Hacienda, ha señalado lo que a su juicio deberían ser los ejes principales de la iniciativa. Entre ellos se encuentra el no incremento del IVA en bienes y servicios, lucha contra la evasión, austeridad y control del gasto público.
En el centro de la iniciativa estará, en palabras del presidente de la República, el objetivo de “proteger a los más vulnerables” –esto es, por ejemplo, convertir a Ingreso Solidario en un programa permanente y fortalecer iniciativas como Devolución del IVA–.
El énfasis en la necesidad de la reforma tributaria como una herramienta de financiación de los programas para beneficiar a los ciudadanos más afectados por la emergencia se ha mantenido en la narrativa del Gobierno durante las reuniones a las que ha convocado para conversar con actores económicos, institucionales, políticos y sociales, buscando caminos para poner fin a las masivas movilizaciones y protestas que se registran en el país desde el pasado 28 de abril.
En medio de la escalada de violencia que ha vivido el país durante casi dos semanas, los detalles de la reforma tributaria parecen haber pasado a un segundo plano. No es para menos: según un informe de Indepaz y la ONG Temblores –recogido por medios de comunicación de alcance nacional–, hasta el 9 de mayo se había registrado la muerte de 47 personas. Entre tanto, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo anunciaron la activación del denominado Mecanismo de Búsqueda Urgente para dar con el paradero de 168 personas reportadas como desaparecidas en el marco del paro nacional.
¿Cómo se conectan estos escalofriantes datos con la reforma tributaria? Se trata de una cuestión tanto de forma como de fondo. El objetivo de la fracasada reforma de Carrasquilla era recaudar 25,4 billones de pesos; el propósito ahora, según lo anunciado por el Gobierno es obtener 14 billones. El énfasis sigue estando en la protección de los colombianos más pobres.
Si mantener los programas sociales era posible recaudando 25 billones, pero también es posible consiguiendo 14 billones, ¿por qué tuvieron que morir decenas de personas para llegar de un punto a otro?
No se trata de una conclusión forzada, sino de un escenario que demuestra cómo la falta de diálogo y concertación termina llevando a escenarios indeseables. Lo que comenzó como una movilización en contra de una reforma tributaria que golpeaba seriamente el bolsillo de los ciudadanos de a pie ha degenerado en una situación generalizada de zozobra, marcada por la violencia entre ciudadanos, contra ciudadanos y contra autoridades.
Más que un lugar común, el diálogo debería ser en este momento la prioridad. Debe primar el diálogo abierto, con los actores sociales y políticos que se movilizaron en primera instancia, pero también con los ciudadanos que se han visto afectados a todo nivel en los últimos días.
Nunca en la historia del país una iniciativa de carácter económico había movilizado a la ciudadanía y a diversos actores de la forma en que estamos observando. Son varias las lecciones que deberían aprenderse –no para el futuro, sino para desactivar la crisis que estamos viviendo–.