El ritmo de ejecución del primer trimestre de 2026 no es coherente con el ajuste fiscal planteado

En un contexto de alta incertidumbre sobre el financiamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN) y de un ajuste fiscal exigente para 2026, el comportamiento de la ejecución del gasto en el primer trimestre se vuelve un indicador clave para evaluar la viabilidad de dicho ajuste. Así, con base en las cifras de ejecución publicadas por la Dirección General de Presupuesto Público Nacional (DGPPN) del Ministerio de Hacienda, en esta entrada analizamos la dinámica del gasto y sus implicaciones para la sostenibilidad fiscal. 

Figura 1. Ejecución PGN 2000-2026 sin contar servicio de la deuda (corte 31 de marzo) 

La Figura 1 muestra la ejecución acumulada del PGN con corte al 31 de marzo desde el año 2000. El PGN 2026, que establece el monto máximo de gasto del Estado para la vigencia, fue aprobado por $546,9 billones, y al cierre del primer trimestre del año, las obligaciones ascendieron a $109,6 billones (20% del total). Si se excluye el servicio de la deuda, la ejecución se ubica en $76,9 billones, equivalentes al 17,2% del presupuesto. Este dato coincide con el promedio histórico, y se ubica por encima de los niveles observados desde 2023.  

Dicho comportamiento sugiere una recuperación en la velocidad de ejecución frente a los últimos años, pero también indica que el gasto continúa siguiendo inercias similares a las del pasado. Mantener un ritmo de ejecución alineado con el promedio histórico puede ser consistente con la dinámica tradicional del gasto público, pero resulta difícil de que este sea compatible con un ajuste fiscal exigente. 

La Figura 2 muestra el comportamiento de la ejecución por tipo de gasto. Funcionamiento, que es el que concentra mayores recursos con una apropiación de $358,2 billones, mantiene el patrón estructural del presupuesto con una ejecución del 18,7%, impulsada por su carácter rígido y por la concentración de transferencias y obligaciones permanentes del Estado. 

Por su parte, el servicio de la deuda tiene una apropiación vigente de $100,5 billones, de los que se han ejecutado el 32,6%. Esto incluye tanto la deuda externa como la interna, y representa el mayor ritmo de ejecución por tipo de gasto. 

En contraste, la inversión sigue mostrando un retraso frente a los otros componentes, pues de los $88,4 billones apropiados, se han ejecutado $10 billones, representado el 11,3%. En parte, este comportamiento responde a los tiempos propios de los procesos de planeación, contratación y ejecución de proyectos. No obstante, también refleja la carga del rezago presupuestal heredado de 2025, donde el componente de inversión de 2025 concentra la mayor proporción con el 53,9%. Dado que la inversión que se está ejecutando es la del rezago de 2025, la inversión presupuestal de 2026 tiene una baja ejecución. 

Asimismo, este ritmo resulta preocupante pues la inversión tiende a convertirse en la principal variable de ajuste cuando las restricciones fiscales se intensifican, dado que el funcionamiento es altamente inflexible y el servicio de la duda también, siendo la inversión la sacrificada del grupo. 

La Figura 3 permite observar la ejecución por sectores para marzo de 2025 y marzo de 2026, excluyendo la deuda. En 2026, Minas y Energía pasó de tener una de las ejecuciones más bajas al inicio del año (0,4% en enero) a liderar la tabla con 26,6%, seguido por Educación (22,4%), Congreso de la República (22,0%) y Salud y Protección Social (21,5%). Como es habitual, los sectores con mayor peso de gasto de funcionamiento, en particular aquellos asociados a servicios públicos esenciales, presentan mayores niveles de ejecución. No obstante, el caso de Minas y Energía resulta atípico, ya que, pese a que la inversión representa la mayor parte de su presupuesto (89,3%), registra un desempeño destacado tanto en funcionamiento (54,2%) como en inversión (17,8%), ubicándose además entre los sectores con mayor ejecución en ambos componentes. 

En un nivel intermedio se encuentran sectores como Ambiente y Desarrollo Sostenible (17,4%), Inteligencia (16,9%), Rama Judicial (15,6%), Organismos de Control (15,3%) y Comercio, Industria y Turismo (15,3%), con ritmos cercanos al promedio y una composición mixta entre funcionamiento e inversión. En contraste, en la parte baja aparecen sectores como Trabajo (9,6%), Agricultura y Desarrollo Rural (9,6%), Transporte (9,0%), Registraduría (7,8%) y Presidencia de la República (4,7%), que ya había registrado el nivel de ejecución más bajo en 2025 (40,9%) y de nuevo parece rezagarse frente a otros sectores.  

En comparación con el mismo periodo del año anterior, la ejecución total aumentó de 16,2% a 17,2%. Este comportamiento está impulsado por aumentos significativos en sectores como Deporte y Recreación (+17,3pp), Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (+10,6pp), Minas y Energía (+7,3pp), y Relaciones Exteriores (+7,3pp). Sin embargo, este mejor desempeño no es homogéneo, pues algunos de los sectores que comparten una alta dependencia de los rubros de inversión dentro de su presupuesto, presentan una desaceleración frente a 2025 como Ciencia, Tecnología e Innovación (-3,9pp), Ambiente y Desarrollo Sostenible (-2,3pp), Trabajo (-1,9pp) y Transporte (-1,5pp). 

En conjunto, aunque el aumento agregado podría sugerir un mayor ritmo de ejecución en 2026, la heterogeneidad sectorial también refleja lo que se ha mencionado sobre las restricciones propias de la inversión, y la actual competencia de caja derivada del pago del rezago. 

La Figura 4 muestra el avance en la ejecución del rezago presupuestal acumulado al cierre de 2025, que asciende $48,3 billones. A marzo se han pagado $24,2 billones, equivalentes al 49,5% del total. A manera de detalle, el servicio a la deuda es el que ha tenido una ejecución del rezago más ágil llegando a 94,5%, aunque también es el que tiene el rubro más pequeño con $0,6 billones. Por otro lado, funcionamiento tiene un rezago de $22 billones, de los que ha ejecutado el 56,4%.  

El de menor ritmo de ejecución ha sido inversión con 42,8%, lo que equivale a $11,3 billones. Este monto supera a lo ejecutado en inversión del presupuesto vigente de 2026 ($10 billones, como se observa en la Figura 2), lo que evidencia presiones sobre la caja al tener que atender simultáneamente obligaciones rezagadas de 2025 y la ejecución del gasto del año de 2026. En efecto, el rezago continúa representando una presión importante sobre la caja del presupuesto de 2026, lo que reduce el margen de maniobra del Gobierno y limita la capacidad de ajuste. 

En conjunto, los resultados a marzo de 2026 reflejan una dinámica de ejecución que, si bien se mantiene dentro de parámetros históricos, plantea tensiones importantes frente a los objetivos de política fiscal. La combinación de un ritmo de ejecución sostenido, un rezago presupuestal significativo y restricciones en el frente de ingresos, sugiere que el ajuste del gasto requerido para cumplir las metas fiscales enfrenta importantes desafíos operativos. 

De esta manera, más que una señal de normalidad, el comportamiento de la ejecución a marzo introduce dudas sobre la consistencia entre las metas de ajuste fiscal y la dinámica efectiva del gasto. Desde el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana seguiremos monitoreando la ejecución y el pago del rezago, elementos clave para evaluar si el Gobierno logra alinear la trayectoria del gasto con sus compromisos fiscales, o si enfrentará un escenario en el que las restricciones terminan imponiéndose sobre la planeación.