Hablemos sobre trabajo doméstico digno en Colombia

Actualizado: abr 22

El pasado 30 de marzo se conmemoró el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. ¿Cuál es el panorama actual de esta actividad en el país? ¿Cómo avanza la normatividad sobre el tema? Y, aún más importante: ¿qué dicen sobre el funcionamiento de la sociedad colombiana las decisiones y regulaciones que afectan a las trabajadoras domésticas? Claribed Palacios, presidenta de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (UTRASD), nos contó sobre este y otros temas.


Tal y como ha sucedido con la mayoría de las actividades y oficios, la pandemia del Covid-19 marcó un antes y un después para el trabajo doméstico en Colombia.


El panorama antes de la pandemia no era exageradamente alentador, pero veníamos sintiendo que los derechos se podían visibilizar, evidenciando los problemas de acoso y violencia en el trabajo, y generando conciencia entre las trabajadoras para reclamar sus derechos.


Sin embargo, la emergencia nos mostró casos de mujeres vulneradas dentro y fuera de nuestra organización. Recibimos casos de mujeres desorientadas que fueron despedidas, a las que no se les había pagado o que fueron internadas con larguísimos periodos de tiempo.


La pandemia develó un problema escondido: en Colombia, el contexto del trabajo doméstico está atravesado por la desigualdad, la precariedad laboral, la vulneración constante de derechos, la violencia sicológica y la violencia constante del acoso sexual. Ese tránsito entre violencias ocurre en la vida de muchas –no de todas– las trabajadoras domésticas.


Hablamos de cerca de 650 mil personas –en su gran mayoría mujeres– dedicadas al trabajo doméstico. Según nuestras encuestas, más del 60 por ciento han sido violentadas en sus lugares de trabajo. En contraste, los aportes a seguridad social y pensión se pagan solo en el 17 por ciento de los casos. ¿Y el resto?


Aunque a primera vista se podría pensar que se trata de un asunto que solo le interesa a una parte relativamente pequeña de la sociedad, trabajar para esa transformación implica trabajar también a favor de toda la sociedad. La explicación es sencilla, pero muy contundente: la realidad del trabajo doméstico refleja, en gran medida, las dinámicas al interior de los hogares y las relaciones entre las personas.


Hay quienes siguen viendo a las trabajadoras domésticas como esclavas. Frases como “baje la cabeza cuando me hable”, “usted come en este plato y come lo que yo le diga” o “yo le pago lo que quiero, no lo que usted merece”, son más comunes de lo que muchos creen.


¿Qué se está haciendo para transformar esta realidad? No observamos una política consecuente en esta materia. La firma de convenios parece apuntarle a quedar bien con organismos internacionales como Naciones Unidas o la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero esos mecanismos no se traducen en realidades. La sociedad tiene una parte de responsabilidad grande, pero el Gobierno juega un papel fundamental en la transformación –y la verdad es que se está quedando corto en esa tarea–.


Basta con darle una mirada a los marcos normativos que se han aprobado en el último tiempo. Un ejemplo de esto es el Decreto 1174, conocido como el decreto de piso de protección. La realidad es que no constituye un piso de protección. Todo lo contrario: es sumamente regresivo. Es un piso enjabonado que deja en riesgo a los sectores informales, incluido el trabajo doméstico, pues no garantiza la licencia de maternidad ni la pensión.


¿Por qué debe la población vulnerable acomodarse al modelo de los BEPS, que no constituyen una pensión? 180 mil pesos al mes no alcanzan para un alimento y una vivienda digna.


A todo este asunto se le ha dado un tratamiento coyuntural, pero las consecuencias las vamos a ver en el mediano y largo plazo. ¿Colombia tiene claro qué hará a la vuelta de dos décadas con tantos ancianos sin pensión? El país no tiene un sistema establecido de cuidado, ¿qué va a pasar con tanta población vulnerable demandando atención en medio de condiciones económicas adversas?


Tristemente, parece que dependemos de los caprichos políticos de turno. Un país como el nuestro –que ha adoptado la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que ha suscrito convenios como el 69, 87 y 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)– debería estar avanzando mucho más.


¿Cómo se explica que estemos tan rezagados? Todo apunta a que nuestros políticos –los que hacen las leyes y los que toman las decisiones, pero también los que están en la mitad– no han entendido la dinámica de desarrollo y transformación del país.


Con esto quiero decir que las buenas intenciones se quedan en las palabras y sobre el papel. Nada más. La idea que se promueve es que Colombia es un país en el que el desarrollo y las oportunidades son para todos, pero en la práctica esto no sucede: se gobierna y se legisla para quienes financian las campañas, no para los ciudadanos.


Dentro de este esquema, el trabajo doméstico es una fuerza bruta que soporta a otros. Eso tiene unas implicaciones muy serias sobre la manera en que vemos a la sociedad.


Mientras se siga viendo a una parte de la población como merecedora de menos derechos y oportunidades, no vamos a avanzar como país. Cuando no reconozco al otro como igual, la norma –por bien diseñada que esté– no sirve para nada.