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El ingreso básico en Colombia sí es posible: llegó la hora

Ha dicho el presidente Iván Duque que de la emergencia sin precedentes que viven Colombia y el mundo saldremos mejores y más fortalecidos. Soy un pleno convencido de ello. Nuestras actividades, nuestra forma de vida y la manera en que interactuamos unos con otros han cambiado radicalmente. Así como hemos perdido a seres queridos, hemos dimensionado el enorme valor y la tenacidad de nuestro personal médico. Y, así como hemos tenido que distanciarnos unos de otros, hemos fortalecido los lazos que nos unen.


La economía, por supuesto, no ha sido ajena a esta nueva realidad. Son muchos los colombianos que han visto afectado su ingreso. De la misma forma, millones de compatriotas que todavía viven en condiciones de pobreza han sufrido las consecuencias derivadas de la pandemia. Aquí también hemos visto cómo la acción solidaria de los colombianos ha permitido paliar estos momentos tan complejos.


En esta misma línea, el Gobierno nacional –en tiempo récord– puso en marcha el más ambicioso programa de transferencias monetarias de nuestra historia. Ingreso Solidario, cuyos giros se extenderán hasta junio de 2021, está llegando a más de 2,7 millones de hogares en el país.


Sin embargo, la pandemia todavía no termina. Y, una vez pasen estos tiempos tan complejos, tendremos que hacer frente a las consecuencias de la emergencia. Se trata de un reto enorme en el que debemos seguir respaldando a los colombianos que más lo necesitan, y ampliar la capacidad del Estado para avanzar de la mejor forma en la lucha contra la pobreza y el cierre de brechas. Se trata, pues, de salir fortalecidos. De salir mejores.


Fue en este contexto que presentamos un proyecto de ley orientado a hacer realidad en el país el propósito de crear un ingreso básico garantizado –una renta básica– dirigida a los hogares más pobres.


Si bien el debate se profundizó a raíz de la pandemia, aunque este tema se venía trabajando desde el Plan de Desarrollo, denominado ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’. Allí se dejó señalada la voluntad del Gobierno de profundizar el tema de las transferencias monetarias condicionadas –como Familias en Acción, el más amplio en cobertura y recursos, que hoy llega a cerca de 2,7 millones de hogares colombianos.


Fue en este contexto que se hizo realidad Ingreso Solidario, con el objetivo de atender a muchos colombianos que han caído en la pobreza y el desempleo, y han perdido la oportunidad de tener tres comidas al día.


En qué consiste


Los diferentes sectores políticos generaron sus propuestas. De estas, una se concentró en la renta básica de emergencia, que consiste en darle un salario mínimo a 9 millones de colombianos durante tres meses, y la mitad de un salario mínimo los dos meses siguientes. A partir de ahí presentamos un proyecto de ley para convertir en política pública –y con carácter permanente– la transferencia monetaria no condicionada. El objetivo es que, independientemente del gobierno de turno, el país tenga esa política pública.


La principal diferencia respecto a la propuesta inicial planteada por diversos sectores políticos es la focalización. Cuando hicimos el barrido de los indicadores que tienen el DNP y el DPS, encontramos que uno de los mayores éxitos ha sido el Registro Social de Hogares. Se trata de una herramienta clave para entregar estas transferencias de manera más focalizada. Esto supone mayor efectividad y eficiencia para combatir la pobreza y cerrar las brechas de desigualdad.


Esa focalización se extiende al decil número 5, es decir, a los hogares colombianos que presentan mayor desequilibrio entre sus ingresos y sus gatos, de acuerdo con el Registro Social de Hogares. Estamos hablando de 7,1 millones hogares.


Esto requiere de un esfuerzo fiscal mucho mayor que el que actualmente se está haciendo, pero sabemos que vale la pena, pues el objetivo de fondo es replantear los diferentes subsidios y programas que hacen parte de la política social del estado colombiano para convertirlos en una transferencia monetaria.


Además de la focalización y la identificación, queremos determinar el costo fiscal que tendría esta propuesta. Estamos hablando de entre 20 y 22 billones de pesos anuales. Si se comenzara por cubrir a 9 millones de personas –no de hogares– el costo anual sería de alrededor de 111 billones de pesos anuales, una cifra que se sale de proporciones.


Sabemos, sin embargo, que sacar en este momento 22 billones de pesos de la bolsa pública es muy difícil dadas las condiciones actuales. Por eso queremos comenzar por lo menos con la entrega de una transferencia monetaria no condicionada complementaria a todos los programas sociales a los hogares colombianos que se encuentren en situación de pobreza y pobreza extrema que al menos esté en la línea de pobreza. Hablamos, pues, de alrededor de 327 mil pesos.


Con esto buscamos complementar los diferentes programas sociales para que el Ingreso Solidario sea una sombrilla de los demás programas. Nuestra propuesta es hacerlo de manera gradual para llegar a la cifra de 327 mil pesos en los próximos entre cinco y diez años. Durante este periodo se haría la ampliación tanto de cobertura como de valor. De esta forma, se comenzaría en los 160 mil pesos actuales, y se incrementaría progresivamente.


¿Cuál sería la fuente de recursos? El bono solidario. Muchos futuros ciudadanos colombianos nacen casi condenados a condiciones muy desventajosas para su desarrollo y tener las oportunidades necesarias. Esta es una idea que se planteó hace más de una década y que retomamos con el Centro Democrático hace algunos meses.


Consiste en la consignación de unos recursos al momento de nacer un nuevo colombiano en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Estos recursos servirían como un ‘colchón’ de pensión si la persona continúa en estas condiciones a lo largo de su vida. También se ha planteado que la persona, de forma voluntaria, al momento de graduarse de un programa técnico, tecnólogo o profesional, lo pueda utilizar para proyectos de emprendimiento.


Sobre este proyecto hemos hablado con diferentes sectores políticos, y se han mostrado dispuestos a apoyarlo.


En el proyecto de ley sobre ingreso básico garantizado también quisimos dejar como fuente establecida de ingresos el criterio de austeridad. Nuestro objetivo es que un ahorro de por lo menos el 0,2% del PIB vaya con una destinación exclusiva a los programas sociales –tanto de transferencias condicionadas como no condicionadas.


Otras propuestas han planteado eliminar todos los programas sociales y dejar solo una renta básica. A mi juicio, esto es un error, pues estaríamos perdiendo una importante cantidad de experiencia y conocimiento que se ha adquirido con base en la política social que lleva cerca de 20 años, por ejemplo en el marco de Familias en Acción. Borrarla de un trazo no sería lo más eficiente. Por el contrario, hay conocimiento acumulado que nos puede ser de utilidad para seguir corrigiendo, replanteando y mejorando los diferentes programas sociales.


En este sentido, hay otro aspecto adicional que encuentro inconveniente. La propuesta de renta básica no focaliza bajo el número de personas en el hogar –que tiene un promedio de 3,3 personas–. Si hablamos solo de 9 millones de personas, se estarían generando inequidades y se eliminaría la focalización. Es diferente entregarle una transferencia monetaria a alguien que encabeza un hogar de tres personas que a las tres personas de un hogar.


Una visión de futuro


Salir fortalecidos del escenario pospandemia toca todos los aspectos de la vida pública. El tema de las transferencias, por supuesto, no es ajeno a ello. De ahí la importancia de materializar las ideas que tengamos en este momento.


La preocupación respecto a los indicadores de pobreza en el país es mucho mayor en la actualidad. Por el momento no tenemos las cifras que ha generado la pandemia. Sin embargo, las cifras más recientes sobre pobreza entregadas por el DANE, dan cuenta de incrementos en la pobreza aún antes de la actual coyuntura. Se da por descontado que este panorama se va a profundizar.


Debemos, pues, hacer esfuerzos aun mayores a los que se han hecho con Ingreso Solidario para mitigar el impacto en la disminución de ingresos de muchos colombianos.


Cuando se habla de política social en Colombia hablamos de un todo. El objetivo último debe ser ‘equilibrar la cancha’. Para hacerlo, debemos determinar cómo hacerlo de manera más eficiente.


Es bueno cuantificar cuánto se entrega a un hogar colombiano en materia de subsidios. Hablamos aquí de subsidios de educación, de salud, y de energía y gas. Se trata de cálculos necesarios para poder determinar cuánto se está entregando por hogar colombiano y cuál es la manera más eficiente para combatir la pobreza.


Resulta muy positivo que se haya abierto el debate sobre cómo implementar la política social y cómo entregar los subsidios de manera más eficiente para combatir la pobreza. No se trata de un asunto menor: mes tras mes el dinero que podría favorecer a quienes más lo necesitan se está utilizando, en algunos casos, de forma errada.


La que estamos planteando será un tarea de largo aliento. Se trata, más que de uno o varios proyectos de ley, de una propuesta para revisar de fondo las dinámicas del gasto público en Colombia para combatir la pobreza.


Y, si bien la transformación demandará tiempo, el escenario actual también nos exige actuar con prontitud, eficiencia y buen criterio. Estamos hablando de la vida y el bienestar de millones de personas en nuestro país.


Las acciones que emprendamos deben también estar al margen de los cálculos políticos y electorales. Hablamos de la vida y el futuro de millones de personas.


Solo así –unidos, solidarios y comprometidos– saldremos todos fortalecidos de este escenario tan complejo que estamos viviendo.




*Ciro Alejandro Ramírez es abogado, especializado en derecho minero-petrolero de la Universidad Externado de Colombia, derecho contractual de la Universidad del Rosario, derecho de sociedades de la Pontificia Universidad Javeriana y Magister en Gerencia Pública de la Universidad de Los Andes. Actualmente es senador por el partido Centro Democrático.


**Las opiniones expresadas en el presente texto no comprometen al Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana.


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