El proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2021 presentado inicialmente al Congreso por el Gobierno nacional -y la versión vigente, aprobada por las comisiones económicas del Congreso de la República-, sí contempla una disminución real de los recursos para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Aunque en este momento, a primera vista, parecería ser más dinero, se trata de una disminución en términos reales -un concepto que, para los no economistas, refrescaremos más adelante- y que dejaría a la entidad con menos recursos para el próximo año. Esta situación, que afectaría seriamente a miles de niños en todo el país, ha sido denunciada por varios medios de comunicación y tiene pleno sustento en un análisis de las cifras. A continuación les contaremos por qué.
El resumen ejecutivo de este texto, quisquilloso en su detalle pero necesario a causa de afirmaciones que parecen orientadas a confundir a los medios de comunicación y a la ciudadanía, es este: el presupuesto del ICBF para 2021, como está en este momento, se reduciría un 2,3 por ciento en términos reales, es decir, ajustados por la inflación. Esta reducción puede observarse al hacer una revisión comparativa de los montos aprobados por las comisiones económicas del Congreso y el del año vigente, considerando la inflación esperada. Es importante resaltar que durante el primer debate del proyecto de Presupuesto General, las comisiones económicas aumentaron la asignación de recursos inicialmente propuesta por el Gobierno Nacional. Sin ese aumento, la disminución habría sido del 5,3 por ciento en términos reales, y habría sido una disminución incluso en términos nominales.
Comencemos, pues, observando la magnitud de los recursos aprobados para el ICBF en el Presupuesto General de la Nación del 2020. Los recursos asignados son del orden de 6,9 billones de pesos. ¿Cuánto dinero se necesitaría en el año 2021 para pagar los mismos bienes y servicios que puede adquirir el ICBF en 2020 con $6,9 billones? Sin duda, se necesitaría más, porque a causa de la inflación, incluso al asignar el mismo monto que el año pasado el ICBF tendría menos recursos.
Los niños no comen ni visten billetes, sino comida y ropa, y al aumentar los precios de la comida y de la ropa, asignarles la misma cantidad de billetes es asignarles menos comida y menos ropa. Por lo tanto, al hacer un cálculo con base en la inflación proyectada, el monto necesario para mantener el poder adquisitivo del dinero otorgado a la entidad durante el 2021 sería de $7,1 billones. A este último valor, obtenido al agregar el valor de la inflación, se le da el nombre de valor real. Es importante señalar que hemos calculado los valores reales de este análisis con base en la inflación proyectada por el mismo Ministerio de Hacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado este año.
Sigamos con el análisis. Inicialmente, realizaremos una comparación entre los recursos asignados para el ICBF durante el 2020 y el monto asignado por el Gobierno nacional en el Presupuesto General para 2021. Y luego, la misma comparación con el proyecto de presupuesto vigente, aprobado por las comisiones económicas del Congreso, escenario en el cual los congresistas especializados en el tema debaten y proponen modificaciones a la propuesta del ministro de Hacienda sobre el uso de los recursos de la Nación.
En el proyecto de Presupuesto 2021, el Ministerio de Hacienda planteó para el ICBF recursos por 6,8 billones de pesos. Aparte de ser un monto nominalmente menor al aprobado por el Congreso para el 2020 - el Ministerio de Hacienda proponía incluso darle menos billetes al ICBF que el año pasado - esta asignación corresponde, además a una disminución de 381 mil millones en términos reales respecto al 2020, equivalentes al 5,3 por ciento: 5,3% menos en comida, ropa, o, en general, en los bienes y servicios que provee el ICBF a los niños.
Durante la tercera y cuarta semanas de septiembre, las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes debatieron y aprobaron el proyecto de Presupuesto General para 2021. Durante dichas deliberaciones se le hicieron ajustes al presupuesto previsto para el ICBF, que finalmente quedó en 6,9 billones de pesos (puntualmente, 6 billones 991 mil millones de pesos). Esta cifra es ligeramente mayor que los 6,9 billones aprobados en el Presupuesto General 2020 (que puntualmente era 6 billones 988 mil millones de pesos), pero es mayor sólo en términos nominales - o de billetes.
Pero. ¿qué pasa si vemos las cifras aprobadas por las comisiones económicas en el contexto de los valores reales? Ahí se observa que, frente a lo aprobado por el Congreso para el 2020, el presupuesto para el ICBF para 2021 –tal y como está en el proyecto de Presupuesto General en este momento– disminuiría, en términos reales, en 165 mil millones de pesos -una disminución del 2,3 por ciento-. Una desagregación de esta cifra da cuenta de que habría 15 mil millones menos para funcionamiento y 150 mil millones menos para inversión.
Estos cálculos muestran que, en efecto, en los términos actuales en los que se encuentra el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2021, el ICBF recibiría menos recursos que este año: habría un recorte en términos de pesos reales, que se traduciría en un recorte a los bienes y servicios que puede proveer el ICBF a los niños más vulnerables del país.
A pesar de esto, opinadores cercanos al Gobierno, e incluso funcionarios del Ministerio de Hacienda, se han lanzado a desmentir a los periodistas que denunciaron esta situación –llegando a exigirles que se disculpen por, según ellos, hacer aseveraciones falsas–.
Aquí la discusión se sale de la economía y entra al terreno de la política, más puntualmente a cómo las cifras pueden presentarse de forma creativa para llevar a conclusiones erradas –permitiendo, de paso, que los funcionarios evadan los cuestionamientos de la ciudadanía.
La ‘jugadita’ numérica para justificar el recorte presupuestal al ICBF, haciéndolo parecer como un aumento es esta: si se observan las cifras en términos corrientes o ‘en bruto’, la asignación, efectivamente aumentó marginalmente: lo hizo en 2,9 miles de millones de pesos. Sin embargo, de nuevo, si esa cifra se contrasta con la inflación esperada, la realidad es que la entidad tendrá menos plata –esta última parte es la que no se le está contando a la gente–. Las ‘jugaditas’ también se centran en exponer este aumento bruto en la versión vigente del Presupuesto, pero no se ha reconocido que la asignación para la entidad realizada por el Ministerio de Hacienda en su propuesta incluía una disminución en términos ‘brutos’ y reales.
A continuación presentamos los datos de la asignación para el ICBF en el Presupuesto General de la Nación 2020, el propuesto por el Gobierno nacional para el 2021, el aprobado por las comisiones económicas, y las estimaciones de sus diferencias en términos corrientes y reales.
Elaborado por el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana con información del proyecto de Presupuesto General de la Nación 2021 y el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
En este punto, vale la pena preguntarse por qué el Gobierno solo está haciendo la comparación en datos corrientes, y no ha hecho la tarea de ajustarlos a datos reales.
La discusión en torno a las ‘jugaditas’ en el diseño presupuestal –la importancia de poner al descubierto no solo los recortes presupuestales en entidades claves, sino también las técnicas de argumentación engañosa para defender decisiones como esa y atacar a quienes las ponen al descubierto– resulta especialmente relevante.
Y lo es porque ilustra en detalle la falta de transparencia en el gasto público y la manera en que el Ministerio de Hacienda gestiona una plata que es de todos.
Es altamente probable que el ICBF termine recibiendo un mayor presupuesto para 2021. Al fin y al cabo, faltan debates en el Congreso, y las decisiones en favor de esta entidad –fundamental para el bienestar de las familias del país y la atención de calidad para niños, niñas y adolescentes– sin duda despertarán aplausos por parte de la opinión pública, nada de lo cual es inherentemente malo.
Sin embargo, todo este proceso ilustra de nuevo la falta de transparencia y de proactividad en la divulgación de información sobre los recursos públicos que sea clara y entendible por la ciudadanía desde el Ministerio de Hacienda. Transformar la cultura institucional que lleva a estas situaciones es un asunto de la mayor importancia, no solo para el ejercicio de transparencia del Gobierno de cara a los ciudadanos, sino para la construcción de confianza en las instituciones y, en últimas, la buena gestión de los recursos del país.
No deja de ser preocupante que un proceso complejo por su construcción –cifras, asignaciones, proyecciones, valores reales– y su aprobación –debates legislativos vía cámara web, proposiciones aprobadas en bloque y reuniones cerradas–, ahora se vea también enturbiado por el ruido de la información equívoca y una actitud prepotente y despectiva hacia los periodistas económicos que buscan informar correctamente al país.