En medio de las diferencias ideológicas, programáticas y políticas que la campaña electoral ha marcado entre los candidatos a la Presidencia de la República, sobresale un elemento común –preocupante por demás–: la falta de detalle en sus programas de gobierno en temas claves.
Uno de los vacíos más preocupantes tiene que ver con la falta de profundidad en lo relacionado con el gasto público. ¿Cuáles son las magnitudes esperadas de gasto para cumplir con lo prometido? ¿En qué sectores del Estado se abrirá el grifo y en cuáles se va a cerrar?
Se trata de un asunto de la mayor importancia, sobre todo si tenemos en cuenta que en medio de la recuperación pospandemia, iniciativas sobre empleo, lucha contra la pobreza, transferencias monetarias y estímulos a eslabones claves de la economía van a demandar gasto –gasto que, como lo venimos contando, deberá financiarse con una nueva reforma tributaria que amplíe las fuentes de ingreso del Estado colombiano–
Las propuestas sobre gasto público son el tema central del más reciente informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, titulado Propuestas de gasto público de las candidaturas a la Presidencia de la República.
En este documento –que les invitamos a leer– repasamos los ejes temáticos y los sectores en los que los candidatos esperan hacer un mayor gasto, y estudiamos qué tanto detalle se entrega respecto al gasto esperado. Encontramos, por ejemplo, que temas como educación, vivienda, minas y energía, y prosperidad social (en donde se concentran los programas de transferencias monetarias condicionadas) registran propuestas puntuales. Se trata, por supuesto, de áreas que demandarán gasto público.
No obstante, hay otros, como tecnologías de la información y las comunicaciones, y Rama Judicial, en los que no se entregan mayores detalles. Allí, si bien se plantean propuestas como ampliación de cobertura, fortalecimiento de capacidades e innovación, y descongestión y acceso a la justicia, respectivamente, no hay mayor información respecto al gasto proyectado.
El informe se centró en los programas de los cuatro candidatos que, según las encuestas sobre intención de voto, ocupan los primeros cuatro lugares.
Respecto al programa de gobierno de Gustavo Petro el informe señala que este plantea “garantizar el derecho a la alimentación, educación, bachillerato, educación superior universal y gratuita”, así como “pensión vitalicia y universal, mínimo vital de servicios públicos y vivienda”, que son políticas públicas que “demandan aumentar el recaudo nacional”. Para lograrlo “se plantea explícitamente avanzar hacia una justicia tributaria con impuestos progresivos y equitativos”.
En el caso de Federico Gutiérrez se habla de un Estado “austero, capaz y transparente que puede hacer un mejor uso de los recursos públicos disponibles, corregir las desigualdades y promover la equidad”, y de “garantizar el pleno acceso a la nutrición, el cuidado en la primera infancia, la educación, la recreación, la seguridad social, la formalidad, la vivienda digna y pensiones”. Como vehículo para garantizar fuentes de financiación se implementaría una política de austeridad y eficiencia del gasto, cumplimiento de la Regla Fiscal y reducción del 10 por ciento de los gastos de funcionamiento para aumentar la inversión social.
En el caso de Rodolfo Hernández las propuestas para aumentar el recaudo –señala el informe– se centran en solucionar la corrupción para aumentar los ingresos disponibles. Como parte de las propuestas se mencionan mejoras de la infraestructura, cobertura e inversión en servicios públicos y construcción de bienes públicos, especialmente en zonas rurales. En temas como educación, el programa de gobierno sostiene que se debe aumentar el gasto en educación pública para tener jornada única, alimentación y transporte garantizados, ampliando la infraestructura de colegios y condonando deudas con el Icetex. Sin embargo, no se consignan estimaciones del costo de cada política pública.
En términos de desarrollo de las expectativas de gasto, el programa de Sergio Fajardo contempla mayor detalle. El informe anota que la propuesta es “recaudar 33 billones de pesos adicionales, llevando los ingresos tributarios del país como porcentaje del PIB al promedio latinoamericano (23 por ciento)”. También es importante destacar que este es el único de los programas estudiados que “plantea transitar hacia una estructura presupuestal por programas y orientada a resultados, para identificar el uso de los recursos públicos y su impacto”. De igual forma, plantea que la información sobre la destinación y ejecución de los recursos públicos sea de dominio público.
Hasta el momento les hemos presentado un brochazo de los hallazgos que hemos hecho. De nuevo, les extendemos la invitación a leer este y los demás informes que estamos publicando con ocasión de las elecciones, en los cuales estamos analizando las propuestas de los candidatos desde la perspectiva de la política fiscal.
Lo cierto es que, aunque en algunos casos hay más detalle que en otros, las propuestas que los candidatos han consignado en sus programas no terminan por darle a la ciudadanía la claridad suficiente sobre cifras y detalles de la forma en que las iniciativas impactarían el gasto público.
¿Mayor recaudo? Bien. ¿Lucha contra la evasión? Excelente. ¿Menos gastos innecesarios? Maravilloso. ¿Combate de la corrupción? Aplaudible y necesario. Pero, exactamente, ¿cómo? Ahí está la cuestión.
Concretar las propuestas y decirle al país no sólo qué, sino también cómo, cuándo y con quién es una muestra más que necesaria de transparencia. Faltan casi dos semanas para la primera vuelta, pero estamos a tiempo.