El crecimiento del gasto público debe ser consistente con el cumplimiento de la Regla Fiscal, pues este instrumento refuerza la institucionalidad, incrementa la confianza en los inversionistas y otorga mayor acceso a crédito a menor costo. Incumplir la regla mina la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Con la del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2023 varios analistas advertimos las dudas que generaba apalancar un crecimiento acelerado del gasto en la implementación de una iniciativa normativa que permitiría el recaudo adicional de $15 billones producto del arbitraje de litigios.
Un año después, el país atraviesa una difícil situación fiscal debido a que estos ingresos por arbitraje de litigios no se materializaron (el Proyecto de Ley dejó de ser impulsado por el Gobierno debido a cuestionamientos sobre su constitucionalidad), decisiones de la Corte Constitucional sobre la pasada Reforma Tributaria que disminuyeron considerablemente su potencial de recaudo y a la desaceleración económica.
La única alternativa disponible ante un escenario como este es suspender o aplazar gastos. El Estatuto Orgánico de Presupuesto permite que en cualquier mes del año el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo de Ministros, suspenda o aplace total o parcialmente las apropiaciones aprobadas en el Presupuesto General de la Nación (PGN). Esto sucede en aquellos casos en los que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) estime que los recaudos del año sean inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas, o que el Congreso de la República no apruebe nuevos recursos cuando se haya propuesto una Ley de Financiamiento, o que no se materialicen los recursos de créditos autorizados, o que la coherencia macroeconómica así lo exija.
En este caso, el MHCP considera que el recaudo efectivo durante la vigencia fiscal en curso está siendo inferior al proyectado. Por ende, el pasado 20 de junio se expidió el Decreto 0766 de junio de 2024 “Por el cual se aplazan unas apropiaciones del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal 2024”.
Gráfico 1. Recorte presupuestal PGN 2024 por tipo de gasto
El Gráfico 1 muestra el aplazamiento presupuestal en el PGN 2024 que asciende a $20 billones, discriminado por tipo de gasto. En específico, en el rubro de funcionamiento se aplazan $13,5 billones de pesos representando el 67,5% del aplazamiento, en el rubro de inversión se aplazan en $6,4 billones representando el 32,1% del aplazamiento y el componente de deuda pública se reduce en 89.000 millones representando el 0,4% restante.
Tabla 1. Apropiación vigente PGN 2024
El Cuadro muestra la apropiación vigente del PGN 2024 considerando los efectos del aplazamiento decretado. El presupuesto de funcionamiento se reduce en $13,5 billones pasando de $310,2 a $296,7 billones representando una disminución del 4% frente a lo aprobado inicialmente. En el rubro de inversión el gasto se reduce en $6,4 billones pasando de $97,7 a $91,3 billones representando una disminución del 7% frente a lo aprobado inicialmente. En total, debido al Decreto 0776 el presupuesto de este año pasó de $502,6 a $482,4 billones, representando una disminución del 4%.
Gráfico 2. Distribución sectorial aplazamiento PGN 2024
El Gráfico 2 muestra la distribución sectorial del aplazamiento del PGN 2024. En específico, en Hacienda se aplazan $11 billones (55%), en Trabajo se aplazan $2,2 billones (11%), en Transporte se aplazan $1,3 (6%), en Agricultura se aplazan $641 mil millones (3%), en Vivienda se aplazan $618 mil millones (3%), en Inclusión social se aplazan $612 mil millones (3%), en Minas y energía se aplazan $490 mil millones (2%), en la Rama judicial se aplazan $451 mil millones (2%), en Defensa y policía se aplazan $385 mil millones (2%), en Fiscalía se aplazan $354 mil millones (2%). En el resto de los sectores, los recortes ascienden a $1,9 billones representando el 9% restante.
Nótese que el aplazamiento de apropiaciones del PGN para la actual vigencia fiscal se decretó principalmente en el rubro de funcionamiento y en Hacienda. En el Observatorio Fiscal de la Javeriana identificamos que el aplazamiento en el rubro de funcionamiento del MHCP se concentra en $8,2 billones aprobados inicialmente para un pago al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) causado el año pasado que asciende $20,5 billones.
Según las cuentas presentadas recientemente en el MFMP 2024, el Gobierno pagará el saldo adeudado al FEPC con la emisión de bonos de deuda pública (TES) y no en efectivo. En este escenario, no estaríamos ante un escenario que lleve a menor gasto pues, el aplazamiento autorizado mediante el Decreto 0766 del 20 de julio de 2024 es considerablemente inferior a lo anunciado si tenemos en cuenta que casi la mitad de este ($8,2 billones) corresponde a una obligación ya causada por el subsidio a los combustibles que se pagará en adelante mediante TES. Es decir, se paga una deuda con otra deuda, lo cual no es equivalente a gastar menos.
Esta situación es de suma gravedad, el Gobierno sigue sin sincerar sus cuentas fiscales y la magnitud real del aplazamiento decretado alcanza solo $11,8 en lugar de $20 billones. Por ende, el cumplimiento de la Regla Fiscal este año está en entredicho y depende de que se sigan produciendo ajustes fiscales en todas las carteras. Este ajuste adicional necesario podría alcanzar $31,2 billones en lo que queda del año si tenemos en cuenta que el MFMP 2024 estima que el gasto público (sin contar el pago de intereses) debe reducirse en $43 billones y el decreto solo aplazó $11,8. Otras estimaciones, como la de la CARF son incluso más pesimistas, para este órgano la disminución del gasto tendría que ser de $51 billones.
*Publicado originalmente el 23 de julio de 2024 en el portal web de Ámbito Jurídico
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