La falta de claridad sobre la magnitud de los recursos, las fuentes de financiación y los planes de gasto del dinero destinado por el Gobierno nacional para hacer frente a las consecuencias de la emergencia provocada por el Covid-19 sigue siendo un tema presente en la agenda nacional.
El pasado fin de semana el viceministerio de Hacienda se refirió al tema –abordado en profundidad por el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana en el informe La transparencia en el uso de los recursos para atender la emergencia–. En efecto, hasta el momento de publicación se había transferido menos de un billón de pesos de los más de 7 en total anunciados con destino al Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud.
Esta cifra plantea dos preguntas: ¿por qué no se ha transferido todo el dinero anunciado? Y, si se ejecutó, ¿por qué no aparece reportado detalladamente en las páginas de consulta pública? Una omisión de esta naturaleza constituiría una violación del principio de transparencia.
La explicación del Gobierno es que el resto de los recursos, efectivamente, no se ha girado. La razón: Colombia no ha llegado todavía a los picos de la pandemia. Según informó el viceministerio de Hacienda, los recursos se irán gastando a lo largo del tiempo.
Aún con una explicación de esta naturaleza –y a pesar de que se cuenta con modelos que dan cuenta sobre la evolución en la curva de contagio, un criterio esencial para proyectar los gastos en salud–, la opinión pública sigue sin conocer un plan detallado de gasto que permita conocer y hacer seguimiento a las asignaciones pasadas y futuras por cuenta de la emergencia.
Además de dificultar la trazabilidad para ejercicios de control ciudadano, la ausencia de una hoja de ruta impacta negativamente el comportamiento de los actores económicos y sociales que se han visto afectados por el escenario actual y que jugarán un papel clave en la reactivación económica en aspectos fundamentales como la reparación del tejido laboral, seriamente afectado por la crisis.
Un preocupante síntoma de esta situación lo constituyen el bajo apetito por el crédito, a pesar de la destinación de más de 60 billones de pesos en garantías bancarias.
El Marco Fiscal de Mediano Plazo, presentado hace dos semanas, no arroja muchas luces sobre los planes de gasto de los recursos no ejecutados. Por su parte, se anunció para los próximos días la presentación de una discriminación peso por peso –y no billón por billón– de la magnitud de los recursos dispuestos para la emergencia. La materialización de este anuncio sería un paso en la dirección correcta para efectos de transparencia, diálogo público y confianza.