Los datos eran contundentes, ¿por qué el Gobierno decidió no proteger el empleo de los colombianos?

Desde abril, el Gobierno nacional sabía cuánto costaría subsidiar las nóminas de las empresas. Y, aunque tenía el dinero para brindar ese apoyo, decidió no hacerlo. Como consecuencia, millones de colombianos perdieron sus trabajos.

Según cifras del DANE, entre febrero y mayo se destruyeron en Colombia más de 5 millones de puestos de trabajo. La explicación de este fenómeno –que tiene hoy al país con una tasa de desempleo del 21,4 por ciento– es tan simple como cruda: en lo que respecta al empleo formal, las empresas no están facturando y han tenido que recortar sus nóminas; por su parte, los informales también han visto su ingreso afectado por las restricciones derivadas del confinamiento preventivo.

Lo cierto es que casi uno de cada cinco empleos en el país se ha perdido. El costo y el tiempo que tomará recuperarlos va a ser mucho mayor al que se hubiera necesitado para evitar su pérdida mediante subsidios del Gobierno a la nómina de las empresas –una alternativa que, además de solidaria con empresarios y trabajadores, era realista, realizable y responsable en términos fiscales–.

Una revisión de las actas de las reuniones del Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) –creado por el Gobierno nacional para gestionar los recursos destinados para atender la emergencia– permitió establecer que los análisis se hicieron, pero la idea –inexplicablemente– se desechó.

Sobre el “apoyo a las nóminas” se habló en las tres primeras reuniones del comité –que, hasta el pasado 15 de julio, había sesionado siete veces–. En la primera de estas reuniones, que tuvo lugar el 30 de abril, la dirección de Política Macroeconómica y el Viceministerio Técnico de Hacienda pusieron a consideración del comité “un ejercicio preliminar” en torno a tema.

El análisis expuesto señaló que el costo mensual de las nóminas del sector privado asciende a 11,3 billones de pesos. Ese monto corresponde a la remuneración de 8,3 millones de empleados formales. De ese total, la nómina para empleados que ganan menos de 5 salarios mínimos es de 9,2 billones de pesos. De entrada, es evidente que el costo de cualquier programa de subsidio a las nóminas afectadas por las medidas de aislamiento tenía que ser mucho menor que 11 billones de pesos al mes, a menos que se estuviera considerando el improbable escenario en el cual desaparecieran todos y cada uno de los empleos formales del país.

Se hicieron, entonces, dos propuestas que citamos a continuación:

Propuesta 1.

“Gobierno, empleadores y empleados aportan en igual proporción: Gobierno aporta 33,3% del salario para empleados que devenguen hasta 2 SMMLV. Para empleados que devenguen entre 2 y 5 SMMLV, el apoyo será una suma fija del 66,6% del SMMLV. Empleadores y empleados llegarán a acuerdos para el reconocimiento de la porción restante del ingreso, sin que el esfuerzo del trabajador exceda el del empleador.”

Propuesta 2.

“Priorización de aportes por tipo de sector: Gobierno aporta a sectores cerrados, sin permiso de operar con ocasión de las medidas de confinamiento, el 50% del salario de empleados con ingresos inferiores o iguales a 5SMMLV; a sectores medios, los cuales operan parcialmente desde el 27 de abril de 2020, el 33,3%; y a los sectores estratégicos, los cuales tuvieron permiso de operar desde el inicio del aislamiento preventivo o que pueden desempeñar sus labores a través del teletrabajo o trabajo en casa, el 16,6%. Empleadores y empleados llegarán a acuerdos para el reconocimiento de la porción restante del ingreso, sin que el esfuerzo del trabajador exceda el del empleador.”

Desde esa primera reunión, los miembros del comité –encabezado por el ministro de Hacienda y sus dos viceministros– consideraron necesario establecer una “restricción presupuestal” para el programa argumentando que los recursos del FOME son “limitados”.

La tarea quedó para la siguiente reunión, que tuvo lugar tres días después, el 2 de mayo. En esta reunión se expuso que, según información de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (la famosa PILA), la nómina de trabajadores formales del sector privado es de 14,8 billones de pesos mensuales, más o menos la misma cifra mencionada en la reunión anterior con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares. De estos 14,8 billones de pesos, 7 son para remunerar a los trabajadores con ingresos de hasta 2 salarios mínimos (que son el 80,7 por ciento del total de trabajadores), mientras que $3,5 billones van para aquellos que ganan entre 2 y 5 salarios mínimos (el 13,8 por ciento del total de trabajadores).

Frente a la propuesta –señala el acta– los miembros del comité indicaron que, “con el propósito de garantizar el uso eficiente de los recursos del FOME”, este programa “debería tener un costo de alrededor de $2 billones mensuales”.

El comité finalmente le dio luz verde al asunto en la tercera sesión, realizada el 5 de mayo. Así, se aprobó “financiar con cargo a los recursos” del FOME “el beneficio de pago de nómina equivalente a aproximadamente 350 mil pesos por trabajador, por tres meses, para empresas que hayan percibido reducciones en sus ingresos de por lo menos 20%”.

350 mil pesos son apenas el 40 por ciento de un salario mínimo, una suma insuficiente para subsidiar una nómina formal, y para llegar al tope de 2 billones de pesos al mes el subsidio tendría que haberse dado a casi todos los trabajadores formales del país.

Son varias las preguntas que quedan luego de revisar estos documentos. Si se hicieron los cálculos sobre cuánto costaba subsidiar el ciento por ciento de las nóminas, ¿por qué el Gobierno nacional, en cabeza del ministerio de Hacienda, decidió no hacerlo? La razón no es clara, pero lo cierto es que no fue por falta de recursos.

El informe entregado en la primera sesión del comité dio cuenta de que el subsidio de todas las nóminas formales costaba 11 billones de pesos. No todas las nóminas hubieran requerido el subsidio, así que, de entrada, esto no hubiera costado 11 billones mensuales. Si suponemos que se perdió uno de cada cinco empleos formales, es decir, que la pérdida de empleo fue de la misma proporción en el sector formal y en el informal, estaríamos hablando de no más de 2,2 billones de pesos mensuales. Para los tres meses de cuarentena, el costo habría sido de $6,6 billones, menos del dinero que aún está sin ejecutarse en el FOME, según lo ha reportado el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. ¿Por qué no se protegió el ingreso de millones de hogares?

Desde el 17 de marzo, justo cuando comenzaba la cuarentena nacional, el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana había alertado sobre la urgencia de “proteger a las empresas expuestas al riesgo de quiebra y, así, evitar la pérdida de millones de empleos”. El informe de la Javeriana señalaba que “la política pública más directa para minimizar estos riesgos es que el Gobierno nacional asuma temporalmente los gastos y costos operativos que las empresas no alcancen a cubrir por la disminución de sus ventas”, gastos cuyo principal componente son, desde luego, las nóminas. Más académicos insistieron en la urgencia de subsidiar las nóminas el 23 de marzo, llamado que se continuó haciendo el 1 de abril, mientras el comité del FOME aún estaba a un mes de su primera reunión.

Podría argumentarse que, aunque se sabía cuánto costaban todas las nóminas formales del país, para el momento en que se tomó la decisión no se sabía cuántos empleos estaban en riesgo de destruirse. Eso no es cierto: un informe de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, publicado el 1 de abril, alertó con gran precisión sobre la situación de “2.8 millones de trabajadores [formales] cuyas actividades están en la línea del fuego de las medidas de aislamiento, así como sus familias”. Según datos del informe, esto equivalía a decir que el 31 por ciento de los empleados formales eran vulnerables. Suponiendo que el costo de sus nóminas fuera más o menos proporcional a los $ 11 billones de nóminas del total, el costo de subsidiarlas en un ciento por ciento habría sido de $10,3 billones por tres meses, recursos que estaban disponibles en el FOME.

Más aún, en mayo, mientras el comité administrador del FOME deliberaba y llegaba a la improbable conclusión de que no podía salvar el empleo formal de los colombianos, Corficolombiana publicaba un informe en el cual hacía estimaciones similares a los de la Universidad de los Andes sobre la proporción de empleos afectados por la cuarentena, y concluía que se podía subsidiar la totalidad —el ciento por ciento— de las nóminas de las Pymes afectadas por la crisis con los recursos disponibles en el FOME.

La experiencia internacional durante la pandemia ha demostrado que sí es posible –y exitoso– proteger el empleo desde los gobiernos nacionales. Francia, por ejemplo, anunció en marzo ayudas para las empresas hasta por 300 mil millones de euros, y Dinamarca tomó medidas similares en ese mismo mes. En América Latina también se han brindado respaldos contundentes al empleo: en Argentina se anunció la inyección de más de 130 mil millones de pesos argentinos para ayudar a las empresas a pagar sueldos.

En contraste, las políticas implementadas por el Gobierno nacional han resultado insuficientes y, en esencia, poco efectivas para el panorama actual. Aplazar o reducir cargas tributarias no resuelve los problemas de las empresas que no están pudiendo pagar sus costos y gastos operacionales –empezando por la nómina–. Es la ausencia de subsidios contundentes lo que ha hecho que, además de despedir a sus empleados, muchas de estas empresas se estén declarando en quiebra.

Por otra parte, la iniciativa de otorgar préstamos tampoco ha mostrado mayor utilidad. Las empresas no están vendiendo, así que endeudarse para contratar trabajadores –o no afectar su planta de personal– no parece ser una decisión sensata en términos financieros.

El FOME cuenta con 25,5 billones de pesos. Sin embargo, no se ha ejecutado sino la quinta parte de los recursos. Con los más o menos $20 billones que siguen sin ejecutar hasta la fecha, se habrían podido subsidiar tres meses de nóminas incluso en los escenarios más improbables barajados por el comité de administración del FOME. ¿No valía la pena movilizar ese dinero para proteger el empleo de los colombianos?

En economía –como en la vida– las decisiones que se toman hoy tienen un efecto en el corto mediano y largo plazo. Los miembros del comité administrador del FOME decidieron deliberadamente no actuar para respaldar las nóminas de miles de empresas. Su decisión impactará negativamente el tejido laboral del país por los próximos años. Las consecuencias ya se están viendo.