SAPO detecta: más plata que capacidad, el salto presupuestal de la Agencia Nacional de Tierras

Observatorio Fiscal

2 de oct de 2026

SAPO detecta: más plata que capacidad, el salto presupuestal de la Agencia Nacional de Tierras

Finalidad de la entidad

Creada por el Decreto Ley 2363 de 2015 como máxima autoridad de tierras de la Nación, adscrita al Ministerio de Agricultura.
Ejecuta la política de ordenamiento social de la propiedad rural: garantizar el acceso a la tierra de campesinos y comunidades sin tierra o con tierra insuficiente.
Da seguridad jurídica sobre la tierra mediante la formalización y titulación de predios privados y baldíos.
Administra el Fondo de Tierras de la Nación y adelanta procesos agrarios (clarificación, deslinde, recuperación de baldíos, extinción de dominio).
Constituye, amplía y sanea resguardos indígenas y titula tierras colectivas de comunidades negras.
Es la ejecutora principal del Punto 1 del Acuerdo de Paz (Reforma Rural Integral) y de la actual agenda de Reforma Agraria.
La Reforma Agraria (2022–2026) convirtió a la ANT en su principal ejecutora. Le encargó comprar tierras y recibirlas de otras entidades del Estado, como la SAE (bienes del FRISCO) y el Fondo para la Reparación de las Víctimas. Esas tierras van al Fondo de Tierras y luego se entregan a campesinos y comunidades étnicas.
La meta de referencia es la del Acuerdo de Paz: 3 millones de hectáreas para el Fondo de Tierras y 7 millones de hectáreas formalizadas. Para esto se creó en 2024 el proyecto de inversión de Reforma Agraria, que pasó a concentrar la mayor parte del presupuesto de la entidad.

Comportamiento de la contratación

Casi la mitad de los contratos sigue abierta: el 43,5% está en ejecución, el 37,1% cerrado, el 13,3% modificado y el 5,1% terminado.
Hay contratos detenidos: 189 están en estado "Aprobado" (sin iniciar) y 9 suspendidos.
Las prórrogas son frecuentes y cruzan de año: el 9,8% de los contratos (3.946) fue prorrogado, con una mediana de 92 días. Además, 465 contratos que terminaban en diciembre de 2025 se extendieron más de 100 días dentro de 2026.
Hay necesidades permanentes cubiertas con contratistas: las mismas personas naturales aparecen con 9 contratos en el periodo, lo que apunta a constantes renovaciones del contrato.
Los contratos de 2024 no se han cerrado: el 73% de los firmados ese año sigue "En ejecución" y solo el 4% está cerrado, frente al 79% cerrado de los firmados en 2025.

Comportamiento de la ejecución presupuestal

El presupuesto de la entidad es volátil: la apropiación vigente pasó de $271.300 millones en 2022 a $1.8 billones en 2023. Llegó a su máximo en 2024 con $4,1 billones (2,3 veces 2023) y luego, cayó a $1,6 billones en 2025 (−61%) y a $1,2 billones en 2026 (-26%).
El pico de 2024 depende de un solo proyecto: Reforma Agraria concentró el 78% de la apropiación vigente ($3,2 billones) y entre el 54% y el 59% en 2025–2026.
La ejecución se desplomó en 2024: pasó de 79% (2022) y 82% (2023) a 20% en 2024; se recuperó en parte en 2025 (45%) y en 2026 va en 43% con corte a agosto. En 2024 la ANT tuvo 2,3 veces el presupuesto de 2023, pero ejecutó poco más de la mitad de lo que ejecutó ese año ($805 mm frente a $1,5 billones).
Reforma Agraria explica buena parte de la caída: en 2024 comprometió el 99% de su apropiación y ejecutó solo el 12%. Ese año la ANT firmó cuatro convenios con la SAE y el Fondo para la Reparación de las Víctimas por $1,2 billones (valor firmado) para comprar tierras, equivalentes al 54% de la apropiación del proyecto. En 2025 el proyecto ejecutó el 48% y a agosto de 2026 va en 45%.
Resultado: reservas presupuestales grandes. Al cierre de 2024 quedaron $3,2 billones comprometidos sin ejecutar y al cierre de 2025, $803,9 mm: bienes y servicios contratados, incluidas tierras, que no se recibieron en el año.

Comportamiento de la contratación

El número de contratos pasó de 5.550 en 2023 a unos 11.900 en 2024 y 2025, lo que muestra una expansión operativa probablemente ligada a la Reforma Agraria.
El pico de 2024 ($2,91 billones) se explica por 4 convenios de compra de tierras con la SAE y el Fondo para la Reparación de las Víctimas ($1,71 billones).
Sin esos convenios, 2024 suma unos $1,2 billones, en línea con 2025 ($0,87 billones).
40.193 contratos por $4,77 billones, con un promedio de $118,7 millones por contrato.

Comportamiento de la contratación

El promedio esconde una fuerte concentración en pocos contratos de alto valor. Aunque el 97% de los contratos tiene un valor diario entre $100 mil y $500 mil y, en conjunto, suma $1,8 billones, apenas el 0,1% supera los $50 millones diarios y concentra $2,3 billones
Solo 35 contratos explican casi la mitad del valor contratado. De los 40.193 contratos analizados, apenas 35 (0,1%) concentran el 49,4% del valor total. Dentro de ese grupo, 4 convenios con la SAE y el Fondo para la Reparación de las Víctimas destinados a compra de tierras suman $1,9 billones de los $2,3 billones concentrados en esos 35 contratos. Solo esos 4 convenios representan el 39,8% del valor total de los contratos.
Fuera de los convenios de tierras, los contratos de mayor valor diario se concentran en eventos, logística y divulgación: 10 contratos por $234,0 mm, más de 8 veces lo destinado a insumos técnicos para el ordenamiento de la propiedad, es decir drones, GNSS, LiDAR y licencias (4 contratos por $28,1 mm). También pesan los convenios de apoyo misional con el PNUD, FUPAD y universidades ($111,8 mm) y la tecnología ($72,8 mm).

Comportamiento de la contratación

Muchos proveedores, pero pocos se repiten: hay 14.694 proveedores distintos; el 36% tiene un solo contrato y la mediana es de 2 contratos.
Los grandes proveedores son públicos o sin ánimo de lucro: los de mayor valor son entidades públicas (SAE, Unidad para las Víctimas, canales regionales, Inravisión), organismos internacionales (PNUD, OIM) y fundaciones (FUPAD), contratados de forma directa o por régimen especial.
Después de la tierra, eventos y tecnología: fuera de los convenios de tierras, los mayores rubros son eventos, logística, medios y tecnología, no la ejecución directa de procesos agrarios.
Los mismos contratistas, año tras año: en el otro extremo, los proveedores con más contratos son personas naturales con 9 contratos cada una en el periodo completo.
Dos proveedores concentran casi 40% del valor: la SAE y la Unidad para las Víctimas suman el 39,8% del valor contratado ($1,9 billones), y los 20 primeros, el 53,3% del total de la contratación.

Conclusiones: ¿la contratación ayuda a cumplir la finalidad de la ANT?

¿La contratación ayuda a cumplir la finalidad de la ANT? Sí, en parte. Los convenios con la SAE y el FRV ($1,7 billones en valor firmado, que equivalen a $1,9 billones a precios de 2026) apuntan directamente a la misión de dotar el Fondo de Tierras para la Reforma Agraria.
Sin embargo, el proyecto de Reforma Agraria ejecutó solo el 12% de su apropiación en 2024: lo comprometido no se habría convertido ese año en tierra recibida.
El grueso de los contratos (97% prestación de servicios) presuntamente sostiene la operación misional (formalización, procesos agrarios, atención étnica), pero con alta rotación y dependencia de contratistas.
Esa dependencia expone a la entidad a interrupciones: la contratación se concentra en enero y casi se detiene en los periodos de Ley de Garantías, lo que dificulta retener capacidad técnica.
Entre los contratos de mayor valor diario, los de eventos, logística y divulgación ($234,0 mm) superan más de 8 veces a los de insumos técnicos para el ordenamiento de la propiedad ($28,1 mm): la asignación puede orientarse más a lo misional.
La escasa competencia (99,8% sin convocatoria abierta) y la concentración del valor en pocos proveedores reducen la transparencia y la eficiencia del gasto.
Balance: la ANT ha ganado capacidad para comprometer recursos, pero no para convertirlos en resultados en el mismo ritmo. Conviene contrastar estos datos con metas físicas (hectáreas adquiridas, formalizadas y entregadas).
A pesar de la expansión de contratos y de recursos del 2024, la ejecución de la entidad disminuyó en el mismo periodo.
La ANT encabeza el programa, pero ejecuta a través de otras entidades. El presupuesto de inversión se asigna por entidad, así que la ANT recibe los recursos de la Reforma Agraria como cabeza del programa. Para comprar tierras tiene que firmar convenios interadministrativos con las entidades que las tienen, esto convierte en "contratación" lo que en la práctica es un traslado de recursos entre entidades del Estado.
Ese diseño tiene costos. Cada traslado exige un convenio, con sus trámites, costos, plazos, supervisión y riesgos de incumplimiento.

Advertencias

El contrato de Corporación Colombia Digital (ANT-202411244, $14.662 millones) aparece dos veces, con estados distintos.
La propia "AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS" figura como proveedor en 12 contratos.
Tres contratos de personas naturales tienen 0 días de duración en SECOP, lo que infla su valor diario.
Un contrato de la SAE sin valor: la SAE figura con 3 contratos, pero su valor corresponde a 2 convenios de $500.000 millones (valor firmado); el tercero no registra valor.

Nota

El Sistema de Alertas Públicas Optimizadas (S.A.P.O.) del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana es una herramienta de veeduría ciudadana. Identifica comportamientos atípicos en la contratación pública y los hace visibles para la ciudadanía, los órganos de control y las propias entidades. Las alertas no son por sí solas evidencia de irregularidades: son preguntas que vale la pena hacer sobre cómo se ejecuta cada peso público.

Si es periodista y le gustaría investigar a fondo la contratación de esta u otra entidad, comuniquese con el equipo del Observatorio Fiscal para caracterizar profundamente la contración en Colombia.

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