Contratación y ejecución de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), 2022–2026

Observatorio Fiscal

26 de sept de 2026

Finalidad de la entidad

Creada por el Decreto Ley 2363 de 2015 como máxima autoridad de tierras de la Nación, adscrita al Ministerio de Agricultura.
Ejecuta la política de ordenamiento social de la propiedad rural: garantizar el acceso a la tierra de campesinos y comunidades sin tierra o con tierra insuficiente.
Da seguridad jurídica sobre la tierra mediante la formalización y titulación de predios privados y baldíos.
Administra el Fondo de Tierras de la Nación y adelanta procesos agrarios (clarificación, deslinde, recuperación de baldíos, extinción de dominio).
Constituye, amplía y sanea resguardos indígenas y titula tierras colectivas de comunidades negras.
Es la ejecutora principal del Punto 1 del Acuerdo de Paz (Reforma Rural Integral) y de la actual agenda de Reforma Agraria.
La Reforma Agraria (2022–2026) convirtió a la ANT en su principal ejecutora. Le encargó comprar tierras y recibirlas de otras entidades del Estado, como la SAE (bienes del FRISCO) y el Fondo para la Reparación de las Víctimas. Esas tierras van al Fondo de Tierras y luego se entregan a campesinos y comunidades étnicas.
La meta de referencia es la del Acuerdo de Paz: 3 millones de hectáreas para el Fondo de Tierras y 7 millones de hectáreas formalizadas. Para esto se creó en 2024 el proyecto de inversión de Reforma Agraria, que pasó a concentrar la mayor parte del presupuesto de la entidad.

43,5% está en ejecución, 37,1% cerrado, 13,3% modificado y 5,1% terminado.
Hay 189 contratos en estado "Aprobado" (sin iniciar) y 9 suspendidos.
El 9,8% de los contratos fue prorrogado (mediana de 3 meses). 465 contratos de 2025 se extendieron dentro de 2026.
Las mismas personas naturales aparecen con 9 contratos en el periodo, lo que apunta a necesidades permanentes cubiertas con contratistas.

Presupuesto muy volátil: la apropiación vigente pasó de $271 mm en 2022 a $1.776 mm en 2023. Llegó a su máximo en 2024 con $4.091 mm (2,3 veces 2023) y luego cayó a $1.604 mm en 2025 (−61%) y a $1.187 mm en 2026.
El pico de 2024 depende de un solo proyecto: Reforma Agraria concentró el 78% de la apropiación vigente en 2024 ($3,18 billones) y cerca del 55–60% en 2025–2026.
Reforma Agraria explica gran parte de la caída de 2024: el proyecto ejecutó solo el 12% de su apropiación ese año. En 2024 la ANT firmó cuatro convenios con la SAE y el Fondo para la Reparación de las Víctimas por $1.710 mm para comprar tierras con destino al Fondo de Tierras. Esa plata quedó asignada, pero las tierras no se recibieron ese año. El proyecto ejecutó el 48% en 2025 y a agosto de 2026 va en 45%.
La ejecución se desplomó en 2024: el % de ejecución fue alto en 2022 (79%) y 2023 (82%), pero cayó a 20% en 2024. Se recuperó solo en parte en 2025 (45%) y 2026 va en 43% con corte a agosto. En 2024 la ANT tenía cinco veces más presupuesto que en 2023, pero ejecutó casi la mitad ($805 mm frente a $1.458 mm).
Resultado: rezagos grandes: quedaron $3,21 billones comprometidos sin obligar en 2024 y $0,80 billones en 2025. Los bienes y servicios, incluidas las tierras, no se reciben en la misma vigencia y se acumulan reservas presupuestales.

El número de contratos pasó de 5.550 en 2023 a unos 11.900 en 2024 y 2025, lo que muestra una expansión operativa probablemente ligada a la Reforma Agraria.
El pico de 2024 ($2,91 billones) se explica por 4 convenios de compra de tierras con la SAE y el Fondo para la Reparación de las Víctimas ($1,71 billones).
Sin esos convenios, 2024 suma unos $1,2 billones, en línea con 2025 ($0,87 billones).
40.193 contratos por $4,77 billones, con un promedio de $118,7 millones por contrato.

El monto promedio por contrato está inflado por pocos contratos muy grandes: el 90% de los contratos tiene un valor diario de entre $100 mil y $500 mil.
Valor muy concentrado: 31 contratos (0,08%) suman el 53% del valor total. Los 4 mayores son convenios con la SAE y el FRV para comprar tierras ($1,71 billones).
Fuera de los convenios de tierras, los mayores contratos son de eventos, logística y divulgación (unos $202 mil millones), por encima de los insumos técnicos para el ordenamiento de la propiedad (unos $27 mil millones).

Hay 14.694 proveedores distintos; el 36% tiene un solo contrato y la mediana es de 2 contratos.
Dominan las entidades públicas y los operadores mixtos (SAE, FRV, canales públicos, PNUD, FUPAD), contratados de forma directa o por régimen especial.
Después de los convenios de tierras, los mayores rubros son eventos, logística, medios y tecnología, no la ejecución directa de procesos agrarios.
La mayoría son personas naturales con 9 contratos en el periodo: la ANT renueva a los mismos contratistas año tras año.

Sí, en parte. Los convenios con la SAE y el FRV ($1,71 billones) apuntan directamente a la misión: dotar el Fondo de Tierras para la Reforma Agraria.
Sin embargo, su baja ejecución (12% obligado en 2024) indica que el dinero comprometido no se habría convertido todavía en tierra efectivamente adquirida y entregada.
El grueso de los contratos (97% prestación de servicios) presuntamente sostiene la operación misional (formalización, procesos agrarios, atención étnica), pero con alta rotación y dependencia de contratistas.
Esta dependencia de contratistas expone a la entidad a interrupciones en enero y en los periodos electorales, y dificulta retener capacidad técnica.
El peso de eventos, logística y divulgación frente a los insumos técnicos (cartografía, LiDAR, equipos topográficos) sugiere una asignación mejorable hacia lo misional.
La escasa competencia (99,7% sin concurso abierto) y la concentración del valor en pocos operadores reducen la transparencia y la eficiencia del gasto.
Balance: la ANT ha ganado capacidad para comprometer recursos, pero no para convertirlos en resultados en el mismo ritmo. Conviene contrastar estos datos con metas físicas (hectáreas adquiridas, formalizadas y entregadas).