Un día antes de anunciar que el Gobierno nacional le prestaría a Avianca 370 millones de dólares –cerca de 1,4 millones de millones de pesos–, el ministerio de Hacienda firmó un contrato de consultoría con una firma de abogados para darle soporte jurídico a su decisión, y brindar asesoría legal a la Nación. Los honorarios de los abogados encargados de esta asesoría jurídica serán pagados por la aerolínea panameña.
Así se desprende de la lectura de un contrato suscrito por el viceministro general de Hacienda y el representante legal de la firma Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, revelado por W Radio. Dicho contrato fue suscrito el 28 de agosto, un día antes de que, mediante un comunicado publicado en su página web, el Ministerio anunciara la concesión del préstamo.
Buscar la asesoría de una firma experta en navegar el sistema judicial estadounidense no viola la ley. De hecho, si decide financiar a Avianca, el Gobierno va a necesitar este tipo de acompañamiento –es altamente deseable y necesario–. Sin embargo, al igual que con el préstamo mismo, de nuevo ha quedado en evidencia el poco interés del Ejecutivo por contarle a la opinión pública cómo está manejando la plata de todos los colombianos.
Vamos al contrato. El literal B, titulado “productos del contratista”, establece que se deberá elaborar un documento de recomendación consistente en un “análisis Jurídico de la participación del Gobierno de Colombia como “Debtor in Possession (DIP) [o deudor en tenencia])” en el caso Bancarrota de Avianca Holdings S.A., presentado en el Tribunal de Quiebra de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York bajo el Código de Bancarrota de los Estados Unidos”. Dicho análisis –dice el contrato– deberá constar de un “informe del proceso de restructuración y mecanismos de protección de los intereses de la Nación durante el proceso”, así como un análisis de financiamiento de la propuesta con respecto a la “posibilidad de recuperación de los recursos públicos invertidos en cualquier estructura de financiamiento”.
Más adelante, establece que en conjunto con un asesor financiero deberán producirse documentos que, entre otros, analicen la “importancia de la compañía para el país y el sector aeronáutico” y “las diferentes alternativas y recomendaciones al Ministerio en relación con proveer o no apoyo financiero a la compañía”.
Vale, entonces, preguntarse si con un documento de esta naturaleza el Ministerio de Hacienda busca –con cargo a Avianca, pues es la aerolínea la que pagará los servicios de Arnold & Porter Kaye Scholer LLP– encontrar justificaciones financieras a una decisión que ya tomó –al menos aparentemente– sin que mediaran consideraciones adicionales a las que ya se han expuesto en medios de comunicación, como el carácter estratégico de la compañía para la economía nacional.
Esto lleva a los interrogantes de fondo. Estamos hablando de 370 millones de dólares: ¿no se debería tener claridad de antemano sobre las preguntas consignadas en el contrato? O, puesto en otras palabras: si el Gobierno no tenía clara la importancia de la empresa, ni la forma en que podría recuperar el dinero –asuntos sobre los que quiere tener información a partir de los documentos que se encargan en el contrato–, ¿por qué tomó la decisión?
El dinero para el préstamo a Avianca saldrá del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), creado por el Gobierno para gestionar los recursos para atender la pandemia. Ese fondo tiene recursos por 25,5 billones de pesos. Con corte al 8 de septiembre, la revisión exhaustiva por parte del Observatorio Fiscal permite establecer que se han desembolsado 14 billones. De ese monto, 2,7 billones se han destinado al sector Salud. El préstamo a Avianca corresponde a cerca de la mitad de ese monto.
Las que hemos planteado no son preguntas que no puedan tener respuesta. De hecho, buena parte de los cuestionamientos generados por la decisión de prestarle a Avianca 1,4 millones de millones de pesos en medio de la pandemia podrían solucionarse –o, al menos, tener una respuesta– si el Gobierno entregara las actas del comité directivo del FOME. De los cálculos que llevaron al Ejecutivo a otorgar el préstamo, al proceso que llevó a la selección de la firma Arnold & Porter Kaye Scholer LLP para brindar asesoría legal.
De momento solo se conocen las primeras actas, que llegan a finales del mes de mayo. El resto –según asegura el ministerio en sus respuestas a derechos de petición–, no han podido ser firmadas por los asistentes a las reuniones.