El pasado 29 de julio el Ministerio de Hacienda publicó el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación para el año 2021. Una primera mirada al proyecto económico de ley más importante del año –el que determina qué inversiones se ejecutarán en cada sector y cómo se va a gastar el dinero de todos los colombianos– plantea dudas sobre de dónde saldrán decenas de billones de pesos previstos y deja en evidencia que el Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Hacienda, sigue rajándose en dar cuentas claras sobre lo que se está haciendo –y se planea hacer– con la plata de todos.
El propuesto por el Gobierno nacional para 2021 es un presupuesto bastante mayor al que está vigente para el presente año: pasa de 271,7 billones de pesos (282 con el ajuste por inflación) a 313,9 billones.
Varias cosas llaman la atención al observar el desglose de ingresos. Se contemplan, por ejemplo, 152 billones de pesos en ingresos tributarios –apenas seis billones menos que los que se proyectaron para 2020, en un escenario sin pandemia–. ¿Qué indica eso? Que, a pesar del incierto panorama y sus efectos en el empleo, el consumo y la capacidad de gasto de los hogares colombianos, el Gobierno está haciendo sus cuentas previendo una recuperación casi total del recaudo.
Esta primera leída al texto evidencia también que el Presupuesto General de la Nación para el próximo año no está financiado: el faltante es de 38,1 billones de pesos. Con el propósito de llenar ese vacío se contemplan ventas de activos del Estado por cerca de 12 billones de pesos. ¿Qué activos por ese valor - que es sustancial - planea enajenar el gobierno? No se sabe. ¿Planea el Gobierno vender acciones de Ecopetrol o de ISA? ¿Cenit, tal vez? El Ministerio de Hacienda resolvió no contárselo al país en este proyecto de ley.
Se espera cubrir los 26,1 billones de pesos restantes mediante "otros recursos de capital". ¿Cuáles son esos recursos? No existe una desagregación detallada. Como “recursos de capital” se incluyen la disposición de activos, excedentes financieros, dividendos y utilidades por inversiones de capital, rendimientos financieros, recursos de crédito externo e interno, transferencias de capital, y reintegros y recursos no apropiados. ¿Cuáles son, entonces, los “otros recursos de capital”? El proyecto de presupuesto no lo dice. En un punto en que lo ideal sería un desglose peso por peso, se habla únicamente de decenas de billones.
El presupuesto presenta también problemas para su análisis detallado. El proyecto se publicó en formato PDF, lo cual hace imposible su análisis con software estadístico. No es claro por qué –si el Ministerio de Hacienda cuenta con bases de datos analizables– la información se sigue entregando en un formato que dificulta su estudio y plantea problemas para los analistas, académicos, periodistas y ciudadanos que quieren saber cómo se planea gastar la plata de todos los colombianos.
Más que una simple ‘jugadita’, una movida como esa va en contravía de la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional, que consagra “la obligación de publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público, de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, atendiendo a límites razonables del talento humano y recursos físicos y financieros”.
En el pasado, los obstáculos se han extendido a la entrega –días después de publicado el proyecto de Presupuesto General– de hojas en formato Excel que no coinciden claramente con el PDF divulgado inicialmente.
La falta de transparencia presupuestal que aqueja al Gobierno nacional ha sido señalada por organismos internacionales como la International Budget Partnership, que en su Encuesta de Presupuesto Abierto 2019 le dio al país 47 sobre 100 puntos en transparencia.
Colombia también se raja en transparencia presupuestal debido a las demoras en la publicación de un presupuesto ciudadano que transmita claramente la información sobre gasto público –al momento de publicar esta entrada, el presupuesto ciudadano del 2021 no ha sido publicado, y el correspondiente al 2020 se publicó mucho después de su debate y aprobación en el Congreso de la República–.
Otra recomendación internacional que se incumple es la inclusión de detalles del presupuesto de deuda en el cuerpo del Presupuesto General –en la ley– y no en sus anexos –que no tienen fuerza de ley–. Por ejemplo, el proyecto publicado por el Ministerio de Hacienda establece que los “ingresos de capital” pasarán de 81,3 billones de pesos en 2020 a 123,7 billones en 2021. Dichos ingresos sí se desglosan –pero se desglosan en el anexo que, como señalamos, no es ley–.
Es evidente que el escenario planteado por la pandemia determinó en una medida considerable el diseño del presupuesto para 2021. Sobre esto hay algunos puntos que llaman la atención. Por ejemplo, el Gobierno planea contar para el próximo año con 12,3 billones de pesos que tiene pero que no piensa gastar durante 2020. Se trata de los “recursos del balance”. Esos 12 billones de pesos habrían alcanzado para cubrir cerca de 4 meses de subsidios del ciento por ciento de las nóminas formales que el país perdió durante la cuarentena –una decisión que, como contamos hace unos días, se puso sobre la mesa del Ministerio de Hacienda, pero no se tomó, afectando el ingreso y el empleo en millones de hogares–.
Es importante anotar que estos “recursos del balance”, que para 2021 se fijan en 12,3 billones de pesos, fueron este año de solo 3,2 billones.
La falta de detalle parece ser la nota predominante en el proyecto de Presupuesto General para el próximo año. Este nivel de opacidad se asemeja mucho a la forma vaga en que se ha detallado la utilización –y en muchos casos, la fuente y el destino– de los recursos dispuestos para la atención de la emergencia provocada por la pandemia.
El debate sobre el proyecto de presupuesto será una discusión sin precedentes, no solo porque coincidirá con los picos previstos de la pandemia, sino porque se dará de forma virtual. Los montos contemplados y las delicadas perspectivas económicas demandan seriedad en el trámite. Del ojo vigilante de ciudadanos, periodistas, académicos y líderes políticos depende que este nuevo Presupuesto General no sea un nuevo cheque en blanco.