No hay razón para no avanzar hacia un mínimo vital

Ningún colombiano o colombiana debería acostarse a dormir con hambre. Actualmente en nuestro país contamos con los recursos necesarios para proteger a la ciudadanía de la pobreza extrema y no avanzar hacia este camino sería un sinsentido.

 

 

De acuerdo con el Censo Nacional del 2018, el 7,2% de los colombianos vive en pobreza extrema; 5% en centros poblados y 15 % en la zona rural dispersa. Específicamente, 3,6 millones de colombianos no pueden cubrir una canasta de alimentos básica. De acuerdo con el DANE la línea de pobreza extrema es de $117.605 pesos mensuales, $1´411.260 pesos anuales. En ese orden de ideas, serían necesarios $5,1 billones de pesos para garantizar que nadie se acueste a dormir con hambre en el país. Esto representa menos del 2% del Presupuesto General de la Nación del 2020 y podría cubrirse con algún incremento anual usual.

 

El mínimo vital ha sido un anhelo de diversos visionarios a lo largo de la historia como Martín Luther King, Milton Freeman, Richard Nixon, Desmond Tutu, Thomas Payne y Friedrich Hayek, entre otros. Esta es una de las pocas políticas económicas en la que coinciden pensadores de diversas y opuestas corrientes económicas. Desde una perspectiva progresista se ha argumentado a su favor como una garantía de dignidad, y desde una perspectiva libertaria como un mecanismo para que todas las personas participen de la economía. Independientemente de las razones que llevan a la derecha y a la izquierda a plantear la idea de un ingreso mínimo vital, podemos empezar a construir desde el consenso de que es una política necesaria.

 

En Colombia se han implementado diversas políticas para cubrir las necesidades de la población más pobre mediante transferencias monetarias directas, y desde hace algún tiempo se han consolidado los programas de Familias en acción, Jóvenes en acción y Colombia mayor. Actualmente, por la coyuntura del COVID-19, el Gobierno nacional ha dispuesto de transferencias adicionales a los beneficiarios de estos programas. Adicionalmente, ha acelerado la devolución del IVA y ha implementado el programa de Ingreso Solidario para llegar a quienes no estén cubiertos por los anteriores programas y necesiten recursos durante la emergencia. Finalmente, ha dispuesto de apoyos a artistas, campesinos, gestores de turismo y reinsertados. Actualmente, hay nueve mecanismos de transferencias monetarias directas y extraordinarias vigentes.

 

La situación actual se constituye como una oportunidad para unificar todos los programas vigentes. La diversidad de programas cuenta con múltiples ineficiencias. Por un lado, aumenta los riesgos de cubrir desproporcionadamente a la población; es posible que un hogar pobre reciba dos o más transferencias mientras que uno muy cercano a este no reciba ninguna. Por otro lado, implica una serie de ineficiencias administrativas y costos operativos. Finalmente, imposibilita hacer seguimiento y veeduría por parte de los entes de control y la ciudadanía. Por ejemplo, en este momento, entre los nueve mecanismos de transferencias por la coyuntura sólo son públicos los manuales operativos de tres de ellos en las páginas web de las instituciones oficiales. El país desconoce cómo se están gastando los recursos de atención humanitaria y a quiénes les están llegando. Seguramente, el Gobierno nacional cuenta con este registro, pero no es público, al menos por ahora.

 

Actualmente, hay una iniciativa con el apoyo de más de 50 congresistas, para cubrir una renta básica para más de 30 millones de colombianos. Incluso el ministro de Hacienda ha reconocido que es importante implementarla, aunque no lo considera posible inmediatamente. En este debate es responsable avanzar reconociendo las limitaciones de las finanzas públicas del país. Sería ideal tener una renta universal que pueda cubrir muchos servicios para toda la población, pero es imposible por ahora. Por lo pronto necesitamos y podemos cubrir las necesidades más básicas, generando así una senda de ingresos y recursos tributarios que superaría los costos de no implementarse, al permitir que millones de personas desarrollen sus potenciales y salgan de la trampa de pobreza.

 

 

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