Transparencia en el uso de recursos para atender la pandemia: ¿semilla de una pandemia de desconfianza?

La pandemia del Covid-19 configuró, en cuestión de pocos meses, un escenario sin precedentes que modificó profundamente la esencia de la relación entre individuos. En medio de la introducción de medidas de disciplina social, nuevas dinámicas familiares y laborales, incertidumbre económica y noticias que dan cuenta de la magnitud de una emergencia que se cuenta en cifras de muertes y contagios, la relación entre los ciudadanos y sus gobiernos no ha escapado a este proceso de reacomodamiento.

 

 

Colombia no es ajena a esta dinámica. Una emergencia sin precedentes ha demandado medidas sin precedentes. Gastos de emergencia, inversión focalizada, relajación de topes… Sin embargo, la expedición de numerosas medidas –varias de ellas altamente complejas– que comprometen importantes partidas presupuestales puede prestarse a la creación de zonas grises en las que no es clara la disposición del gasto.

 

Esto contrasta con las demandas de una opinión pública que demanda mayores niveles de transparencia, pero que no tiene el conocimiento –el tiempo, los recursos o los medios– para navegar entre decretos, directivas, circulares y un sinfín de papeleo.

 

Es en este contexto que ejercicios como el realizado por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana en el informe La transparencia en el uso de los recursos para atender la emergencia –orientado a analizar la transparencia en la disposición y destinación de los recursos públicos empleados para atender la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19– toman especial relevancia.  

 

El informe pone de presente la dificultad para conocer la magnitud concreta de los recursos que se han destinado para atender la emergencia, la ausencia de cuentas claras sobre su utilización y, en últimas, la ausencia de un plan concreto de gasto.

 

Aún cotejando fuentes oficiales –de consulta pública pero difícil navegación– como decretos presidenciales, resoluciones ministeriales, declaraciones oficiales y páginas web institucionales, solo es posible encontrar información sobre el uso de una pequeña parte de los recursos que el Gobierno dice haber destinado a la atención de la emergencia social y económica. El Observatorio señala, por ejemplo, que mientras que en declaraciones recientes el Gobierno ha afirmado que se está destinando el 11 por ciento del PIB a las necesidades de la pandemia, el 6 por ciento corresponde a garantías de créditos, y no a recursos gastados en la atención de la emergencia.

 

Por el contrario, la información se ha entregado a grandes rasgos –por billones o decenas de billones de pesos–, de manera cambiante y, lo más preocupante, sin que el desglose que se ha hecho tenga un carácter vinculante.

 

Pero, ¿cuál ha sido la cantidad exacta destinada para responder a la emergencia? El monto, señala el informe, varía dependiendo de la fuente del Gobierno nacional que se consulte.

 

En primer lugar, los decretos presidenciales dan cuenta de que el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), creado con el objetivo de “atender las necesidades de recursos para la atención en salud, los adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el empleo y el crecimiento”, cuenta con 25,5 billones de pesos.

 

El Gobierno nacional también ha asignado recursos al Fondo Nacional de Garantías (FNG), para lo cual se autorizó la reducción del capital de algunas entidades que hagan parte de la rama ejecutiva del orden nacional hasta por 700 mil millones de pesos (0,7 billones). También se adicionaron 3,3 billones al FNG, provenientes de la disposición de activos, se destinaron recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para financiar la provisión de bienes, servicios y obras, y se creó el Fondo solidario para la educación superior con recursos propios del Icetex.

 

Por último, se permitió el uso de recursos del Fondo de Sostenibilidad Financiera del Sector Eléctrico (Fonse) para dar créditos al Fondo empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y se realizaron traslados de recursos a los ministerios de Minas y de Educación.

 

Una segunda fuente de consulta es la página web del Ministerio de Hacienda. Allí los datos cambian, pues se señala que el FOME cuenta con 25,6 billones de pesos –no 25,5 billones–, y no se exponen sus fuentes de financiación específicas. La diferencia es de 100 mil millones de pesos.

 

La tercera fuente es la página web del Ministerio de Hacienda. El informe recoge dos declaraciones: una del ministro el 29 de abril y otra del viceministro general el 27 de mayo. En la primera se afirma que se han dispuesto recursos del orden de 30 billones de pesos. En la segunda declaración se habla de 117,2 billones de pesos, correspondientes al 11 por ciento del PIB. Una diferencia de 80 billones.

 

A continuación, el informe busca responder la pregunta de cuánto dinero se ha gastado efectivamente en la atención de la emergencia. Tras analizar las fuentes disponibles, el Observatorio determinó que el máximo valor posible documentado del gasto del Gobierno en la atención a la pandemia es de 6,1 billones de pesos, que corresponde a la suma de lo transferido a entidades distintas al Ministerio de Hacienda más los contratos celebrados por el Ministerio.

 

Esta magnitud, indica el informe, tiene una diferencia de 19,4 billones de pesos con los recursos con los que cuenta el FOME, de hecho, no se sabe cuántos de esos 6,1 billones han salido de las arcas del Estado –simplemente se sabe que han salido de las arcas del Ministerio de Hacienda–. Adicionalmente, de los 3,9 billones transferidos por Minhacienda a distintas entidades, apenas 2 billones tienen descripciones específicas que sugieren que están destinadas a fines verificables, mientras que 1,9 billones corresponden a rubros sin especificar o a descriptores vagos.

 

Igualmente, se establece que solo 4,1 billones de pesos del gasto de emergencia han sido reportados al público con un nivel de precisión aceptable. Esto quiere decir que hay por lo menos 21,5 billones del FOME sobre los cuales el Gobierno no ha contado, en documentos oficiales y legalmente vinculantes, en qué se han gastado o se gastarán.

 

El informe finaliza con una aproximación al gasto de las declaraciones del ministro de Hacienda y se su viceministro general. En ellas se da cuenta de inversiones en cobertura en salud, atención humanitaria inmediata, dificultades de la inactividad económica y funcionamiento del sistema financiero.

 

“El ministro –señala el informe– ha expresado que se han invertido recursos del orden de 30 billones de pesos, ente los cuales 7,1 billones se han destinado a la atención en salud, 4,7 billones a la atención humanitaria, 18 billones a la actividad económica y $0,4 billones al fortalecimiento del sector financiero”.

 

Dichas cifras, agrega, no tienen sustentos en documentos oficiales y legalmente vinculantes que se examinaron. Un ejemplo especialmente diciente es que, si bien el ministro anunció 7,1 billones de pesos para la atención en salud, las resoluciones oficiales muestran transferencias de apenas 0,94 billones al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Salud.

 

El informe cierra con una conclusión preocupante: las fuentes consultadas no permiten tener certeza sobre la magnitud de los recursos dispuestos, tampoco sobre sus fuentes de financiación. De hecho, no hay certeza sobre cuáles han sido los gastos efectivamente realizados.

 

Si bien es cierto que el Gobierno ha tenido que actuar rápidamente y tomar decisiones en medio de un escenario incierto y desconocido que ha demandado la disposición de muchos recursos, la falta de claridad en la comunicación y en la estructura normativa, plantea serios problemas en la relación entre el Ejecutivo y la ciudadanía en momentos en que los mensajes deben ser claros, contundentes y convincentes y, especialmente, en que los direccionamientos de gasto y las disposiciones de política pública pueden definir –literalmente– condiciones de vida o muerte para miles de personas.

 

El no privilegiar la transparencia –aún en momentos tan complejos como los actuales– podría esparcir las semillas de una nueva pandemia: la desconfianza en las instituciones.

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