La transparencia en el manejo de los recursos públicos empleados para atender la pandemia es fundamental para garantizar su óptimo uso, indispensable para cubrir las necesidades en materia de salud, además de las apremiantes necesidades vitales. En este momento se conoce cuántos recursos se han dispuesto, mientras se desconocen sus fuentes de financiación y destinación específica. Esta claridad es fundamental.
Es importante reconocer que la estimación de los recursos necesarios para atender la pandemia es compleja, dinámica y tan difícil de estimar como el número de contagios mismo. Es importante reconocer también que el Gobierno nacional creó el Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME para centralizar los recursos y, así, aumentar su eficiencia y control.
En materia de salud pública, el Gobierno ha sido amplio en la presentación de información de interés nacional. Desde el inicio de la coyuntura dispuso el portal “Coronavirus Colombia”, donde se centraliza la información en materia de salud y, diariamente, se presenta el registro de contagios y su caracterización. Asimismo, se ha compartido información periódicamente en las redes sociales de las instituciones relacionadas. Posiblemente, esta sea la coyuntura histórica con mayor veeduría, por las condiciones de la misma.
En contraste, respecto a los recursos públicos empleados no se han expuesto las fuentes de financiación ni su destinación específica. Incluso, se ha cuestionado la transparencia en la asignación del Ingreso solidario, uno de los programas insignia para la protección de la población más pobre y vulnerable.
La primera mención de la magnitud de los recursos necesarios se expuso en el Decreto 417 del 6 de marzo y fue de $4,9 billones de pesos, entre los cuales el 93% correspondía a la atención en salud. Posteriormente, tras la constitución del FOME en el Decreto 444 del 17 de marzo, la Presidencia de la República informó que los recursos serían de alrededor de $15 billones. Esta disposición se realizó en el Decreto 519 del 5 de abril. Finalmente, se han realizado dos adiciones del orden de $10,1 billones a través de los Decretos 571 y 572, ambos del 15 de abril. La magnitud de esta adición es cercana a las exenciones tributarias otorgadas en la última reforma tributaria. Hasta la fecha de redacción de esta columna, la última mención oficial del monto de los recursos dispuestos la presentó el ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, el 29 de abril, durante una plenaria virtual del Congreso de la República, quien expresó que la magnitud es de $28 billones. Paralelamente ha aumentado el número de programas de atención y ciudadanos beneficiarios.
Por un lado, los recursos se han invertido en cuatro frentes: cobertura en salud, atención humanitaria inmediata, dificultades de la inactividad económica y funcionamiento del sistema financiero. Respecto a la atención humanitaria los principales programas son Ingreso solidario y la devolución del IVA, que cuentan con información pública, disponible en la página web oficial del DNP, respecto al número de beneficiarios, monto de la transferencia y periodicidad. De esta forma, es posible estimar la magnitud de su inversión – por fuera de los costos operativos. Si bien, no existe una lista pública de beneficiarios, existe un canal para que cada ciudadano consulte si lo es. En ambos programas, también se ha publicado su contexto legislativo y manuales operativos. En aras de aumentar la cobertura de la protección el Gobierno nacional ha dispuesto de al menos 6 mecanismos más para atender directamente a la población vulnerable a través de giros directos: Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y apoyos a la población reinsertada, artistas, gestores culturales y campesinos. Ahora bien, en estos casos no se ha presentado información pública que permita estimar la magnitud de su inversión. Tampoco se han expuesto sus marcos legislativos y manuales operativos. Incluso, en algunos casos se desconoce si los programas han iniciado efectivamente o aún se encuentran en estructuración.
Respecto a los demás frentes de atención, algunos funcionarios han expuesto diversos datos en declaraciones oficiales, pero esta información no se ha presentado en los portales oficiales de las instituciones encargadas de administrarlos y no es posible conocer cuál ha sido su destino.
Por otro lado, respecto a las fuentes de financiación del FOME se desconocen cuáles han sido los recursos empleados. Si bien la magnitud del fondo constituida en los decretos corresponde a las declaraciones del ministro, no se han detallado sus fuentes de financiación. Específicamente, en las transacciones contables sólo se detalla que los recursos provinieron de “fondos especiales de la nación”.
En ese orden, se desconoce cuál ha sido la disposición concreta de los recursos del FAE, del FONPET, que entidades han sido descapitalizadas y cuales han sido los “demás recursos” habilitados para este uso en el Decreto 444.
Hace falta transparencia en el manejo de los recursos para atender la pandemia, desde sus fuentes e inversiones. La transparencia debe estar integrada a la implementación de las políticas públicas. De esta forma, se protegerían los recursos públicos que son sagrados, más en una situación tan apremiante, empleándose para proteger la vida de los colombianos y colombianas.