El Congreso aprobó el monto del Presupuesto General de la Nación para el año 2020, a pesar de no tener la suficiente información

Después de las dos sesiones de discusiones de los días lunes y martes, en la tercera del miércoles 11  de septiembre, se aprobó en las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso (Comisiones Tercera y Cuartas de la Cámara y el Senado) el monto del Presupuesto General de la Nación por un valor de 271,7 billones de pesos. Esta suma, que constituye el presupuesto de rentas (es decir, el presupuesto de ingresos), sale de los cálculos que el  Ministerio de Hacienda hace sobre el dinero que espera obtener en el año 2020, tanto del cobro de impuestos, del resultado de la operaciones del Banco de la República así como de los ingresos del las empresas del Estado y, para el 2020, de la venta de algunas de estas.

 

 El dinero del recaudo de las futuras ventas de las empresas que planea hacer el Gobierno, como ya lo hemos discutido en entregas anteriores, se registra en el presupuesto de rentas del proyecto de Presupuesto General de la Nación en la parte de recursos de capital. En un anexo – que no tiene fuerza de ley – se desglosan un poco los ingresos de recursos de capital y aparece un monto de 8,5 billones de “disposición de activos”, donde entraría la venta de empresas del Estado.  A pesar que desde el inicio de los discusiones varios de los Congresistas le pidieron al Ministro de Hacienda explicaciones detalladas sobre cuáles empresas tiene planeado el gobierno vender y en que porcentajes, el Ministro de Hacienda evadió las respuesta y jamás aclaró los cuestionamientos sobre este tema en particular. Solo respondió preguntas sobre el diferencial cambiario (que pasaría si el dólar no desciende  al valor supuesto del Proyecto del Presupuesto) y temas como el aumento de la deuda.

 

Ante la falta de información y claridad, el senador Iván Marulanda, en su intervención del día martes, solicitó que se descontara los 8,5 billones del presupuesto de Rentas, ya que no era claro cuáles empresas el estado se venderían y el Congreso no podrían aprobar esto a ciegas. En este mismo sentido, el día miércoles el Representante a la Cámara por el Cauca, John Jairo Cárdenas, realizó y radicó una proposición para que al monto del proyecto del Presupuesto se le descontaran los 8.5 billones de la venta de activos (empresas) y se aprobara únicamente el monto por 263.2 billones, buscando que más adelante, cuando el Gobierno presentara un plan detallado de las ventas, se realizara una discusión amplia y seria en el Congreso, la cual podría llevar a lo que se conoce como una adición presupuestal. Así, se podrían hacer los gastos propuestos por el Ejecutivo, sin que el Congreso renunciara a hacerle un seguimiento detallado a la venta de las empresas del Estado. Esta proposición contó con el apoyo del Senador Wilson Arias, quien adicionalmente afirmó que el Gobierno vendería seguramente su participación en empresas del sector energético como ISA, GEMSA, GESELSCA, Electrificadoras del Meta, del Huila, y del Caquetá, en concordancia con el Plan de enajenaciones presentado en marzo de este año.

 

A pesar de la discusión sobre lo delicado que sería aprobar por parte del Congreso la venta de activos sin la información suficiente y específica, la proposición del Representante Cárdenas al ser votada en la comisión cuarta del Senado fue rechazada con 7 votos en contra y 5 a favor.

 

Posteriormente se procedió a votar otra proposición donde el monto del Presupuesto General de la Nación se dejaba de la misma forma que lo había presentado el Ministerio de Hacienda por 271.7 billones. Esta proposición fue aprobada con los siguientes resultados de votación:  

 

  • Comisión Cuarta del Senado: 4 votos en contra y 7 votos  a favor

  • Comisión Tercera del Senado:  3 votos en contra y 11 votos a favor

  • Comisión Tercera de la Cámara : 4 votos en contra y 18 votos a favor

  • Comisión Cuarta de la Cámara: 2 Votos en Contra 22 a favor

  •  

Si se analizan estas posibles ventas a la luz de la teoría económica, se encontraría que privatizar monopolios naturales – como lo son las empresas generadoras de electricidad – no garantiza una provisión eficiente de este servicio público. Todo lo contrario: vender las empresas públicas que manejan monopolios y dejarlas en manos de privados da como resultado un aumento en el precio final del servicio de energía para los hogares y un nivel más bajo de provisión del servicio, perjudicando a la mayoría de ciudadanos.

 

Una lección que podemos llevarnos de estas sesiones de debate, como ciudadanos preocupados por el buen uso de los recursos públicos,  es que en el proyecto de Presupuesto presentado por el Ministro de Hacienda, al igual que en años anteriores, no se está haciendo una relación detallada de ingresos y gastos, es decir, no se sabe con esta venta de empresas qué proyectos se van a financiar, ni en que territorios, ni en qué programas.

 

A pesar que todavía no se estaba discutiendo el dinero asignado en el Presupuesto para cada entidad, en estas sesiones también los congresistas escucharon al Ministerio de Ambiente y a los magistrados de las Altas Cortes, quienes les pidieron a los Senadores y Representantes que revisaran el presupuesto para el sector de la justicia, ya que disminuía frente a otros años.

 

Lo que sigue en este proceso presupuestal es precisamente la aprobación de la asignación de recursos a cada una de las entidades que aparecen en el Proyecto de Presupuesto. Varios de los congresistas radicaron proposiciones modificando artículos o solicitando partidas para proyectos en sus regiones desde el 2 septiembre, a pesar que el informe de regionalización del presupuesto solo fue entregado por la Directora del Planeación solo hasta el día de ayer 13 septiembre con un rezago de casi de mes y medio.

 

Seguiremos pendientes de este proceso en esta última etapa en las Comisiones Económicas, que irá hasta el 24 de Octubre.

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