En 1968 el presidente Lleras convocó un equipo de expertos para estudiar el sistema tributario y proponer una reforma cuyo objetivo principal era aumentar el recaudo. Dicho equipo estuvo liderado por Richard Musgrave (1910-2007), economista estadounidense de origen alemán, profesor de Harvard y referente de la hacienda pública del siglo XX.
La Misión Musgrave -como se le llamó- presentó su informe en 1971, y entre sus conclusiones estuvo la de eliminar una pléyade de beneficios tributarios como rentas exentas en aras no sólo del recaudo, sino también de la equidad y la seguridad jurídica.
El argumento de la Misión fue: los inversionistas serios hacen negocios motivados más por la viabilidad económica de la actividad (es decir: que el negocio sea ‘bueno’), más que en el entorno tributario (‘los impuestos’). Si el negocio es bueno, las personas lo van a emprender, independientemente de la carga impositiva. Por tanto, conceder beneficios como ciertas rentas exentas es perjudicial para las finanzas del Estado porque constituyen un costo fiscal innecesario, en la medida en que se deja de recaudar impuesto de renta por dicha actividad.
En el contexto actual, la Ley de Financiamiento de 2018 contiene beneficios que no serían del agrado de Musgrave.
Un ejemplo de ello es la renta exenta para empresas de ‘economía naranja’, eximidas de renta durante 7 años. Aquí tenemos 3 problemas: uno de seguridad jurídica: ¿qué se entiende por ‘economía naranja’, y si en ella caben la industria pornográfica y los servicios de modelos webcam, que producen más de USD$500 millones anuales en Colombia [if !supportFootnotes][1][endif], y por ende estarían exentos de pagar renta -ojo, no de IVA, que es diferente-?. Un segundo problema es el de equidad: ¿por qué exonerar a las empresas de economía naranja y no a las de ‘economía verde’ o ecológica?. Y un tercer problema, que es la esencia de este blog: el costo fiscal innecesario.
Me refiero especialmente al parágrafo 1 del artículo 79 de la Ley de Financiamiento (L.1943/18), el cual tiene nombre propio: Netflix. El beneficio de la renta exenta está limitado para empresas con ingresos inferiores a $2.750 millones al año. Pero esa limitación no aplica para las que se dediquen a la “producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión”, que pueden tener más de $2.750 millones de ingresos y aún estar exentas.
Sin embargo, al igual que lo hizo la Misión Musgrave, la crítica consiste en que empresas como Netflix no hacen negocios en Colombia motivadas por los incentivos tributarios, sino por que la actividad como tal es rentable. Luego el beneficio supone un costo fiscal innecesario.
Un segundo caso (derivado de la reforma de 2016) es el beneficio en progresividad de impuesto de renta hasta el 2027 para las nuevas sociedades ZOMAC, que son las que se constituyan y realicen su actividad en alguno(s) de los 344 municipios catalogados como zonas más afectadas por el conflicto (ZOMAC). Se trata de municipios que en su mayoría presentaron (y aún presentan) problemas de orden público y de infraestructura.
La razón que disuade a personas de realizar negocios en los municipios ZOMAC, como el desarrollo del campo por ejemplo, no es la carga tributaria, sino la presencia de grupos armados ilegales, y/o la ausencia de vías para sacar las cosechas.
En la práctica lo que ha sucedido con varias de las más de 998 sociedades ZOMAC registradas desde octubre de 2017 que empezó el beneficio, es que sirven de mini paraísos fiscales para empresas grandes y medianas que han fragmentado parte de sus operaciones para ahorrar impuestos, lo cual supone, nuevamente: un costo fiscal innecesario.
Un inversionista serio no desea ‘tax holidays’ o exenciones fiscales. Por el contrario, su anhelo es la seguridad jurídica de que las condiciones (entre esas: los impuestos) sobre las cuales estructuró su proyección financiera se van a mantener más o menos estables durante un periodo razonable de tiempo. Y no que cada año o dos le cambien los impuestos.
En ese sentido, lo que el inversionista serio espera es, por ejemplo, que si el Gobierno se comprometió a bajar la tarifa general de renta para personas jurídicas del 33% (o 37% combinada con sobretasa) en 2018, al 30% en 2022, es que efectivamente cumpla su promesa. El inversionista serio no espera que le regalen nada, sino que lo dejen trabajar bajo unas reglas de juego claras, estables y predecibles.
El Gobierno debería tener en cuenta la historia de las misiones fiscales, en particular la Misión Musgrave, para que no pareciéramos estar viviendo en el pasado.
[1][endif] http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/lo-que-dicen-las-modelos-web-cam-sobre-impuesto-del-iva/20181220/nota/3840589.aspx.
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Bibliografía:
[if !supportLists]- [endif]Clavijo, Sergio (1997), Impuestos, gasto público y fiscalizadores ‘creíbles’: breve historia de las comisiones de finanzas públicas en Colombia, en: Revista Desarrollo y Sociedad, CEDE, Universidad de los Andes, No. 40, Bogotá, septiembre de 1997, pp. 12-15.
[if !supportLists]- [endif]Jungito, Roberto y Rincón, Hernán (2004), La política fiscal en el siglo XX en Colombia, Bogotá, Banco de la República.
[if !supportLists]- [endif]Restrepo, Juan Camilo (2015), Hacienda Pública, 10a ed., Bogotá, Universidad Externado de Colombia, pp. 312-313.
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