Esta es la carta que se radicó ante el Congreso de la República de Colombia el pasado 14 de diciembre de 2018. En la misiva un reconocido grupo de expertos y académicos de las principales universidades y centros de estudios fiscales del país, expresaban su preocupación sobre las grandes exenciones tributarias de la Ley de Financiamiento.
Honorables Senadores y Representantes a la Cámara Congreso de la República de Colombia Bogotá
Amparados en nuestra responsabilidad como actores civiles, los académicos y expertos abajo firmantes queremos manifestar nuestra profunda preocupación con respecto a la Ley de Financiamiento que se está discutiendo en este momento en el Congreso de la República.
Desde su publicación, hemos sido testigos de una presión injustificada por aprobar, bajo imposición política, un proyecto de ley que sin mayor debate técnico concede casi 9 billones de pesos en beneficios tributarios a las grandes empresas. Si bien provenimos de distintas corrientes ideológicas, coincidimos en que las exenciones tributarias que se pretenden entregar a nuevos sectores económicos carecen de una justificación técnica robusta: no es clara la razón detrás de la entrega de los alivios tributarios a las mega-inversiones, ni tampoco los criterios utilizados para escoger tanto los 70 sectores que componen la llamada “Economía Naranja” como la naturaleza y el monto de las inversiones que dan lugar al beneficio, por citar algunos ejemplos.
La multiplicidad de exenciones a sectores específicos no solo reduce el recaudo fiscal y encarece la administración tributaria, sino que también dificulta la labor de supervisión de la DIAN, altera de forma poco transparente la neutralidad del sistema tributario y resta capacidad de negociación al Gobierno frente a los grupos ya favorecidos u otros semejantes.
En general, nos parece inaceptable conceder 9 billones de pesos en descuentos tributarios - más del doble de la financiación de la universidad pública – sin que esta inversión esté plenamente justificada o atada de forma más rigurosa a consideraciones más importantes como garantizar unas finanzas públicas saludables o mejorar la naturaleza de nuestro sistema tributario de acuerdo con el artículo 363 de nuestra Constitución.
En este sentido, solicitamos a ustedes, Honorables Senadores y Representantes a la Cámara, que sea una comisión técnica e independiente la que se encargue de evaluar los más de 200 beneficios tributarios que han sido identificados por la DIAN, actualizar esa lista si es el caso y determinar bajo criterios muy específicos qué sectores deben acceder a estas subvenciones.
Sometemos a su criterio que esta idea sea ejecutada de la forma más armónica posible para que, entre todos, sentemos un precedente y hagamos un verdadero ejercicio colectivo de política pública en el país.
Cordialmente.