La ley de financiamiento en su versión original se cayó, porque el público la percibió como una carga tributaria injusta a la clase media. ¿Es cierta esta percepción? Según el análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, esta es la manera en la cual la ley de financiamiento habría afectado el bolsillo de los colombianos.
Los hogares que ganan menos que el salario mínimo habrían visto un aumento en sus ingresos disponibles, ya que la compensación por el IVA habría sido más que el gasto adicional en IVA. Pero los hogares con ingresos de entre un salario mínimo y 4 millones no habrían tenido ningún alivio, y sí habrían tenido que empezar a pagar el IVA a la canasta familiar, por lo cual su ingreso neto después de impuestos habría bajado.
Por su parte, los hogares que ganan más de 4 millones habrían tenido a) mayor IVA, b) mayor impuesto a la renta de las personas, y c) un mucho menor impuesto a las empresas de las que son dueñas estos hogares. Según datos de la Encuesta Nacional de Presupuestos y Hogares, el 96% de los hogares que tienen participación en las empresas que recibirían descuentos tributarios pertenecen al 10% más acaudalado de la población, así que este grupo sería el más beneficiado por los recortes de impuestos otorgados a las empresas. De hecho, el 78% de los dividendos de las empresas los recibe el 2% más rico de los colombianos, y la mayoría (el 60% de los dividendos) los recibe el 1% más rico.
A causa de las limitaciones estadísticas de la encuesta, lo más probable es que en realidad el ingreso de las empresas esté más concentrado que lo que indican estos datos. Sin embargo, ya que la DIAN no divulga datos detallados sobre la distribución de los ingresos más altos del país, no se puede hacer un análisis riguroso de cómo benefician las reformas tributarias al 1% más rico de los colombianos, un grupo muy diverso que incluye a los hogares que ganan entre 14 y 1200 millones de pesos (o más) al mes.
¿Qué implicaría el que el gobierno no modificara el IVA a la canasta familiar, dejándolo en 19% y no otorgando compensaciones al 30% más pobre de los hogares? Los únicos cambios tributarios que quedarían serían el impuesto a la renta de las personas naturales y el impuesto a la renta de las empresas. La siguiente gráfica muestra las implicaciones de este escenario:
Los pilares de la ley de financiamiento eran el IVA a toda la canasta familiar (12 billones de recaudo en el 2020), la compensación al 30% más pobre de los hogares (un gasto de 2,5 billones), el impuesto a la renta de las personas naturales de altos ingresos (2 billones), y una reducción en el impuesto a la renta de las empresas (un recorte de 10,3 billones a los ingresos del Estado).
Por lo tanto, si no hubiera aumentos en el IVA se dejarían de recaudar 12 billones, y sin la compensación a los hogares de bajos recursos se dejarían de gastar 2,5 billones. Pese a los 2 billones adicionales de recaudo que traería el aumento del impuesto a la renta de las personas naturales, no alcanzarían para hacer el recorte de impuestos que el gobierno buscaba darles a las empresas.
Es decir: si no se hacen modificaciones al IVA, un paquete tributario que prometía recaudar 1,2 billones adicionales ahora le generaría al Estado un gasto de 8,3 billones, y no es claro de dónde va a salir la plata para solventar ese gasto.
¿Qué alternativas tiene el Estado? Al contrario de lo que se piensa, aumentar el IVA de un modo u otro – sea a través de un “IVA presuntivo” o de gravar todo menos una “canasta básica esencial” no es la única opción para financiar la reducción de impuestos a las empresas. Según cálculos del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, llevar la tasa de tributación efectiva del 1% más rico de las personas naturales al mismo nivel que se maneja en los Estados Unidos generaría 12,9 billones adicionales en recaudo.
Sin embargo, este grupo – el 1% - es de por sí bastante desigual, ya que incluye a hogares que ganan entre 14 y 1200 millones de pesos o más al mes. Para que un aumento en el impuesto a la renta de las personas naturales del 1% cumpliera con el principio constitucional de progresividad (que requiere que las personas de más altos ingresos paguen un porcentaje de estos más alto que el que pagan las personas de bajos ingresos), los beneficios tributarios para quienes pagan el impuesto tendrían que dejar de favorecer a los que reciben dividendos y empezar a favorecer a los asalariados.
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana continuará haciendo análisis de los efectos de todas las modificaciones propuestas a la ley de financiamiento conforme se hagan públicas.