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Financiación de la educación superior ¿Cuál es la pregunta correcta?

Este artículo intenta contribuir al debate sobre la financiación de la educación superior en Colombia a través de la búsqueda de la pregunta correcta a resolver.

Promover una educación superior “gratuita” y universal se escucha como un gran avance en materia de desigualdad y desarrollo económico. En los países pertenecientes a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OECD en inglés), los gobiernos han sido tradicionalmente los mayores financiadores de la educación. Estos actualmente financian, en promedio, el 91% de la educación básica primaria y secundaria (la mayoría de estos países están muy cerca a este promedio, Colombia es uno de los más alejados con 75%), y un 70% de la educación superior (con un importante número de países alejados del promedio, Colombia incluido con 45%). Sin embargo, la financiación pública de la educación terciaria está requiriendo una cantidad cada vez mayor del escaso presupuesto de los gobiernos, los cuales encuentran difícil responder a la creciente demanda únicamente con fondos públicos (el porcentaje de adultos jóvenes en países pertenecientes a la OCDE que ha completado estudios en educación terciaria creció del 26 al 46 por ciento entre 2000 y 2016). Por lo tanto, responder la pregunta ¿Debería la educación superior ser “gratuita”? Forma parte crucial de la política pública actual de los países.

Antes de analizar la pregunta anterior, quiero aclarar ¿Por qué la palabra gratuita está escrita entre comillas? Un viejo dicho en economía dice que no hay pan gratis. En nuestro contexto, lo que llamamos “educación superior gratuita” realmente significa que somos todos los contribuyentes del país, y no sólo el beneficiario de la educación, quienes pagamos por ella. Es decir, gratis o no, la educación superior tiene un precio y alguien debe pagarlo. En términos prácticos, el dinero para financiar la educación gratuita proviene de los impuestos que muchos colombianos pagamos. Por lo tanto, más exactamente, la pregunta que queremos responder es: ¿Quién debe financiar la educación superior, el individuo quien la recibe o todos, la recibamos o no?

Pero, ¿Por qué el debate se concentra en la financiación de la educación superior y no, por ejemplo, en la financiación de la educación básica primaria, o secundaria? En la mayoría de los países de la OCDE, la educación es obligatoria, y por lo tanto gratuita, hasta nivel secundario. Por un lado, esto se debe a que el bajo ingreso recibido por personas con grado de escolaridad de bachiller (o menor) genera pocos incentivos para adquirir este tipo de educación. Adicionalmente, existen grandes beneficios sociales asociados, y si no fuera obligatoria no se lograrían. Por ejemplo, a través del acceso universal a la educación primaria y secundaria, el gobierno garantiza i) menor inequidad en el acceso a la educación post secundaria, ii) la transmisión cultural, y iii) que los niños no sean mal direccionados por padres mal informados, pues los niños no poseen la capacidad de tomar decisiones acertadas en este aspecto (hay padres que obligarían a sus hijos a trabajar y no a educarse ¡Y lo hacen!). En contraste, el caso de la educación superior es muy distinto. Aunque también hay beneficios sociales asociados (por ejemplo, una mayor difusión tecnológica y mayor crecimiento económico), las personas con educación terciaria disfrutan de altos beneficios privados, y tienen mejor información acerca de estos beneficios comparados con los beneficiarios de la educación primaria y secundaria. De hecho, para los países de la OCDE, las personas que adquirieron un grado en educación superior disfrutan, en promedio, de una tasa de empleo 10% superior (3% en Colombia) e ingresos 56% superiores (250% para Colombia) cuando se comparan con aquellas que obtuvieron educación secundaria. Son precisamente estos beneficios los que permiten cuestionar si la responsabilidad de financiar la educación superior debe recaer sobre el gobierno, los beneficiarios, o ambos; por lo que se genera el debate.

Habiendo expuesto por qué el debate se centra en la educación terciaria, la pregunta debería transformarse en ¿Dados los beneficios para los graduados en educación superior, debería ésta ser gratuita? A primera vista, la pregunta suena excluyente ya que si ésta no es gratuita muchos interesados quedarían excluidos. De igual modo, si se considera a la educación superior como un derecho, y por lo tanto nadie debe ser excluido, entonces la pregunta suena injusta e inmoral. Sin embargo, ¿No es excluyente, inmoral, e injusto que haya niños y ancianos malnutridos, o sin techo? Por esta razón, ¿Debería ser la comida y la vivienda gratuita para todos, incluyendo los ricos? Lo que observamos en la práctica es que todos aceptamos que para obtener estos bienes hay que pagar un precio. Por lo tanto, lo que realmente queremos es que todos tengamos garantizado el acceso a la educación superior, si decidiéramos estudiar. Especialmente, queremos que ninguna mente brillante, que quiera estudiar, quede excluida. Entonces, sería mejor preguntarnos ¿Cómo financiar la educación superior para evitar que alguien que desee ingresar a la universidad sea excluido?

A diferencia de la primera pregunta ¿Debería la educación superior ser gratuita?, la última pregunta formulada no presupone que la educación superior debe ser pagada únicamente por los impuestos de todos los contribuyentes. Tampoco implica que sea pagada únicamente por el beneficiario. Sino que abre la posibilidad a un esquema de financiación conjunto, donde la educación superior sea universal, de calidad y de libre escogencia. Si la educación superior es gratis, es decir, financiada únicamente por impuestos, la universalidad y la calidad estarían comprometidas. La razón es que los impuestos tienen un límite y el presupuesto público compite con muchos otros gastos que en principio tendrían prelación sobre la educación superior (por ejemplo, salud, educación básica, servicios públicos, pensiones, etc.).

Encontrar la pregunta correcta sigue en debate, y sobre la mesa…

Referencias

(1) Profesor asistente Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.

OECD (2017), Education at a Glance Database, http://stats.oecd.org/

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