El pasado 25 de junio comenzaron las reuniones de empalme entre el gobierno de Santos y el gobierno de Duque. Uno de los temas importantes de este empalme será dar a conocer al gobierno entrante el estado de las finanzas públicas, los avances y los temas pendientes. En esta materia, durante los ochos años de gobierno del presidente Santos la economía colombiana enfrentó altibajos y retos fiscales y aunque el gobierno de Duque recibirá una economía estable los desafíos financieros que deberá enfrentar son significativos.
El comportamiento de los precios del petróleo determinó en gran medida el estado de la economía durante el gobierno del presidente Santos. Mientras que en sus primeros años de gobierno (2011-2014) la economía se benefició del auge petrolero que le dejó a la nación ingresos equivalentes al 2.2% del PIB, desde julio de 2014 y hasta el 2016 la abrupta caída de los precios del petróleo representó para el gobierno una pérdida de 20% en sus ingresos totales. Esta coyuntura petrolera durante el segundo periodo del presidente Santos impuso al país grandes retos en materia de finanzas públicas e implicó hacer ajustes tanto del lado de los ingresos como de los gastos.
Por el lado de los gastos, y con el fin de poder dar cumplimiento a la regla fiscal, el gobierno entró en un periodo de austeridad en el que ha venido reduciendo el gasto público por medio de recortes presupuestales cada año desde el 2014-II. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Hacienda, el presupuesto general de la nación se redujo en: $6 billones en el 2014, $8.6 billones en el 2015, $6 billones en el 2016, $4 billones en el 2017 y $2 billones en el 2018. Los recortes presupuestales se dieron sobre todo en rubros como adquisición de bienes muebles, publicidad, impresos y publicaciones y sin afectar los recursos destinados a los principales programas sociales del gobierno. Sin embargo, estos recortes significativos en los gastos implican que el gobierno entrante no tendrá mucho más margen de maniobra para seguir reduciendo gastos, como lo ha prometido, sin comprometer recursos para programas sociales. Asimismo, si se tiene en cuenta que los gastos de funcionamiento son altamente inflexibles, entonces los ajustes en los gastos se harían por el lado de la inversión lo cual es indeseable.
Además de las inflexibilidades derivadas de las rentas de destinación específica y por mandatos de Ley, el gobierno entrante tendrá que honrar los compromisos del saliente gobierno por concepto de vigencias futuras. El monto de las vigencias futuras autorizadas en el 2018 para el periodo 2019-2048 es de $92.7 billones de pesos. Aunque esta cifra es menor que las obligaciones que recibió el gobierno Santos y que fueron equivalentes al 5.5% del PIB de 2010, el gobierno entrante tendrá compromisos por $24.4 billones de pesos que equivalen a 2.4% del PIB de 2018. Es decir que el gobierno de Duque ejecutará 26% de los compromisos que deja el gobierno Santos.
Durante su candidatura, Duque se comprometió a reducir la carga tributaria de las empresas e indicó que el hueco fiscal se taparía a punta de la reducción de gastos ineficientes. No obstante, como se mencionó, este gobierno aplicó una política de austeridad fiscal en la que ya se han hecho recortes importantes y deja compromisos onerosos en vigencias futuras. Por lo tanto, con el panorama financiero que deja el saliente presidente Santos es poco probable que el gobierno entrante pueda cumplir sus promesas.