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Germán Vargas Lleras: ¿el país en la cabeza o cuentas alegres?

En esta tercera entrega de la serie que analiza las propuestas fiscales de los candidatos presidenciales le corresponde el turno a Germán Vargas Lleras.

 

¿Qué propone Vargas en materia de gasto público y de impuestos en este, su segundo intento por llegar a la Casa de Nariño? ¿Cómo piensa enfrentar los problemas presupuestales que ya estamos sintiendo y que pueden terminar agravándose en el futuro cercano? ¿Es su plan para abordarlos factible en su ejecución y viable en términos económicos?

 

Empecemos por el principio: los objetivos fundamentales de la política económica de Vargas, de acuerdo con el programa oficial disponible en su página www.mejorvargaslleras.com, consisten en alcanzar una tasa de crecimiento de 5% anual, la generación de más de 1'200.000 empleos formales, la aprobación de una reforma tributaria ambiciosa y la estabilidad en las finanzas públicas. Para lograr estos objetivos, concibe cuatro estrategias: 1) Impulsar la inversión privada, el emprendimiento y la formalidad; 2) Retomar el dinamismo de sectores clave y diversificar el aparato productivo; 3) Asegurar los resultados de la inversión social; y 4) mejorar la eficiencia del Estado.

 

Para impulsar la inversión privada, el empleo y la formalidad, el candidato explica seis puntos que incluyen como primer pilar una reforma tributaria ambiciosa. Además de la reforma propone otras cinco medidas. Tres de ellas reforman los sistemas de pensiones, de Regalías y el manejo de las Asociaciones Público Privadas (APPs). Las otras dos limitan el uso de las consultas populares y protegen a nivel constitucional a los Proyectos de Interés Nacional de Desarrollo. Con esto último se busca garantizar seguridad y estabilidad jurídica a la inversión privada y destrabar los ingresos potenciales en el sector minero-energético. Por cuestiones de espacio, nos enfocaremos en la reforma tributaria.

 

Vargas nota correctamente que hoy en día los empresarios pagan impuestos sobre unas utilidades que se encogen artificialmente con recursos contables (como las “rentas exentas”, los “ingresos no constitutivos de renta”, los “descuentos” y las “otras deducciones”). Ante esto, el candidato propone que el impuesto se cobre sobre las utilidades contables (lo cual aumentaría los impuestos recaudados).

 

No obstante, el efecto neto de las propuestas de Vargas sería disminuir los impuestos que pagan los empresarios. Para ello reduciría al 30% la tasa del impuesto sobre las utilidades, permitiría depreciaciones aceleradas de los bienes nuevos de capital que usen las empresas, desgravaría los dividendos, se opondría a gravar las utilidades por la venta de acciones y participaciones, bajaría las tarifas especiales de renta para inversiones en turismo, transporte intermodal, y eventos deportivos en colegios y universidades, y crearía un régimen tributario especial para la agricultura, entre otros beneficios a los dueños del capital.

 

Otro beneficio a los empresarios sería convertir los bienes excluidos del IVA en bienes exentos (esta distinción, técnica pero importante, consiste en que además de no pagar IVA por los bienes que venden, se les devuelva el IVA que pagan por los insumos que utilizan). También se eliminaría el IVA para los bienes de capital (bienes utilizados en la creación de otros bienes).

 

Otros impuestos eliminados beneficiarían no sólo a los empresarios sino también a los consumidores: se eliminaría el impuesto de timbre (un impuesto pequeño pero engorroso, que se paga por ponerles sellos a documentos utilizados en transacciones oficiales) y el IVA a los productos alimenticios básicos de la canasta familiar, las drogas y medicinas, los servicios de salud y educación, y los servicios públicos en los estratos bajos.

 

El costo a las finanzas del Estado que resulta de todos estos recortes de impuestos se compensaría – como lo proponen todos  los candidatos - reduciendo la evasión y la elusión, fortaleciendo a la DIAN y su gestión y simplificando los procesos para el cumplimiento tributario (aunque en este punto, más allá de las ventanillas únicas y la digitalización de procesos, no es tan específico).

 

En general, el candidato justifica sus reformas acudiendo al mismo principio implícito en la retórica de Iván Duque y reminiscente de las propuestas del partido republicano de los Estados Unidos: la convicción de que bajar impuestos lleva a grandes aumentos en el empleo y la inversión.

 

Aunque a primera vista es ambiciosa, esta reforma deja muchos vacíos y su carácter regresivo queda en evidencia cuando presenta como novedosas algunas ideas que ya están consignadas en el estatuto tributario o que se han aplicado en el pasado: por ejemplo, una inspección del artículo 476 del estatuto muestra que los servicios públicos, los medicamentos, los alimentos no procesados y los bienes y servicios relacionados con la educación ya están excluidos del IVA en su mayoría (en el caso de la educación, lo único que causa este impuesto son algunos útiles escolares, como los lápices). Además de esto, hay que analizar mejor la propuesta de transformar los bienes excluidos en bienes exentos de IVA. La razón es que esta medida puede disminuir el recaudo sin que necesariamente estimule la inversión.

 

De la misma forma, gran parte de las exenciones al capital que Vargas pretende eliminar ya no existen, gracias a la eliminación de la devolución por activos fijos a partir de 2010. La gran mayoría de las propuestas que tendrían efectos reales reducen el recaudo tributario, mientras que son pocas las que lo fortalecen.

 

En cuanto al gasto público, Vargas no propone de forma explícita su racionalización o reducciones en su monto, y guardando las proporciones, en este sentido sus propuestas se asemejan mucho a las que nos ofrecía hace 8 años. De hecho, una inspección rápida de las 24 líneas temáticas que conforman su programa revela que quiere unificar el régimen contributivo y subsidiado en salud, acompañándolo de fuertes inversiones en hospitales públicos; construir alrededor de 1.2 millones de viviendas adicionales por valor de $4.2 billones de pesos anuales; aumentar la inversión en educación al 6% del PIB (o sea, aumentarla más o menos en un 50%); continuar con el programa de corredores estratégicos en infraestructura y garantizar el acceso universal a internet para los estratos 1 y 2.

 

¿De dónde va a sacar la plata para cumplir con todo esto sin subir impuestos? Vargas supone que se puede a punta de mejoras en el control de la evasión y la elusión (receta usual de todos los candidatos, y de la que parece que esperan más de lo que puede dar). Su intención de aumentar las alianzas público-privadas (APPs) también podría ayudar. Por ejemplo, en vez de que el Estado cobre impuestos para invertir en carreteras de uso público, puede permitirle a un particular que las construya y que luego recupere los costos pagando peajes. Es decir, la plata sigue saliendo del bolsillo de la ciudadanía, pero sale por otros medios.

 

Así las cosas, el plan de Germán Vargas Lleras de conseguir menores tasas efectivas de tributación y mayores niveles de recaudo depende casi exclusivamente del fortalecimiento de la DIAN para acabar con la evasión. Vista así la cosa, las cuentas no cuadran, incluso aplicando las cuentas del mismo programa del candidato. Según él, reducir las tasas efectivas de tributación cuesta 15 billones de pesos, y el recaudo aumenta 30 billones acabando con la evasión, elusión y contrabando. Quedan 15 billones para gastar: pero tan sólo el aumento en el presupuesto de educación que propone se le irían unos 20 billones, y eso antes de regalar una sola casa gratis.

 

Uno puede tener el país en la cabeza y con todo y eso hacer cuentas alegres.

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