• Observatorio Fiscal

Vis-à-vis: subsidiar viviendas que no son de interés social, ¿prioridad en medio de una pandemia?

En mayo pasado, el Gobierno nacional anunció el lanzamiento de un programa de subsidios para construir y entregar 200 mil viviendas de aquí a 2022. La iniciativa funcionará de la siguiente forma: de los 200 mil subsidios, 100 mil serán para familias cuyos ingresos sean de hasta cuatro salarios mínimos y quieran adquirir una vivienda de interés social –también conocidas como VIS–. ¿Y los otros 100 mil? Estos serán para hogares que –con cualquier nivel de ingreso– quieran comprar una casa cuyo valor sea superior al de una VIS, pero no supere los 500 salarios mínimos, es decir, 438 millones de pesos.












Los detalles del programa están consignados en el documento 4002 del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). Allí, además de señalar que se trata de “una medida contracíclica durante el periodo 2020-2022”, se establece que para las viviendas no VIS –es decir, las de hasta 438 millones de pesos– se destinarán 3,9 billones de pesos. El documento también dice que los recursos “guardan consistencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020-2030 y con el Marco de Gasto de Mediano Plazo 2020-2023”.


El énfasis que el Gobierno nacional quiere poner en el sector de la vivienda se explica a partir de dos argumentos principales. Por un lado, la construcción es clave para la generación de empleo y el jalonamiento de actividad en casi treinta subsectores –elementos muy relevantes, sobre todo en el escenario de reactivación económica que viven Colombia y el mundo–. Según la Cámara Colombiana de la Construcción, para junio pasado el sector ocupó 1,3 millones de personas, representando un aumento del 32 por ciento respecto al mes anterior –esto, a pesar de persistir una reducción anual de 274 mil puestos de trabajo–


El segundo argumento tiene que ver con la importancia de la vivienda de interés social en la dinámica económica nacional. Según el ministro de Vivienda, el año pasado fue el mejor “en toda la historia” para este tipo de vivienda. De las más de 120 mil unidades vendidas, aseguró, un tercio se concretó por cuenta de los subsidios del Gobierno.


A pesar de estas realidades, que son muy positivas, no se pueden dejar de lado preguntas sobre la pertinencia de las decisiones aprobadas por el documento Conpes 4002, en particular las relacionadas con subsidios para comprar viviendas que no son de interés social. En un escenario de profunda contracción económica –la más dura de la historia desde que se tienen datos confiables–, marcado por una escalada histórica del desempleo y una seria afectación del ingreso de parte de los ciudadanos, ¿esta es la mejor forma de gastar recursos limitados?


Entre quienes lo dudan se encuentra el economista Marc Hofstetter, quien se refirió a este asunto a partir de tres argumentos centrales. El primero es que un hogar que puede comprar una casa de 400 millones de pesos no es uno que necesite ayuda del Estado para adquirir un bien privado de esa naturaleza.


Un segundo argumento contrasta las transferencias en el marco de programas como Colombia Mayor, que entregan menos de 100 mil pesos mensuales a adultos mayores que viven en indigencia o extrema pobreza.


Por último, Hoffstetter se refiere a los otros ganadores –además de los compradores– de una política de esta naturaleza. Se trata de ganadores que, a su juicio, no necesitan de esta ayuda. Habla, por ejemplo, de los bancos que otorgan créditos hipotecarios y se benefician con un incremento en la demanda por crédito –esos recursos, señala, se pueden encarecer–. Entre los ganadores también se encuentran los dueños de la tierra y los constructores, pues un incremento en la demanda puede encarecer el precio tanto de la vivienda como el del suelo.


La cuestión de fondo no es si subsidiar la compra de vivienda tiene algunas externalidades positivas (que es como llaman los economistas a los beneficios a terceros que resultan de una transacción). Por supuesto que sí. El asunto es si esos apoyos deberían estar concentrados –así sea una parte– en un sector de la población con poder adquisitivo como para comprar una vivienda de 400 millones de pesos, con la esperanza de que esto resulte en externalidades positivas para quienes más las necesitan, o si hay maneras más eficaces y directas de apoyar a los más afectados por la pandemia. Se trata de establecer si el beneficio social del uso de esos recursos se maximiza al otorgar subsidios a vivienda que no es de interés social, lo cual no es para nada claro a primera vista. La pregunta es válida tanto en medio de la crisis del coronavirus como sin ella, pero es especialmente apremiante en las circunstancias actuales.


Una recomendación ampliamente apoyada por economistas de distintos cortes ideológicos fue subsidiar, por la duración de la cuarentena, las nóminas de las empresas que perdieron ingresos debido a la pandemia. La lógica subyacente era que evitar la pérdida de los empleos que se veían afectados por la cuarentena era menos costoso que crearlos de nuevo después de la emergencia. Más aún, los subsidios a la nómina habrían sido una manera de sostener la demanda agregada en un momento de crisis, enfocándose precisamente en los sectores más afectados de la economía. A comparación de un subsidio a la vivienda de estratos altos, por ejemplo, un programa robusto de apoyo a las nóminas tenía todos los elementos para estar focalizado precisamente donde la necesidad era mayor. Algo parecido podría argumentarse - e incluso con más fuerza - de hacer transferencias por montos mayores a la población de bajos ingresos que se benefició de programas como Ingreso Solidario.


Según el análisis del Observatorio Fiscal, hasta el 8 de septiembre se habían desembolsado 3,2 billones de pesos para entregar subsidios a la nómina del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF). Como lo contamos hace algunas semanas, desde abril el Gobierno nacional sabía cuánto costaría subsidiar las nóminas de las empresas; y, a pesar de tener el dinero para brindar ese apoyo y evitar la destrucción de millones de empleos –como lo demuestran la revisión de los recursos disponibles y desembolsados en el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME)– decidió no hacerlo.


El Gobierno nacional planea ampliar la vigencia temporal del PAEF. Para ese efecto presentó un proyecto de ley que ya superó su primer debate. Una mirada a la ponencia para el segundo debate de la iniciativa –que puede consultarse aquí, en la gaceta 918– deja en claro cuánto costaría la extensión de este apoyo a las nóminas. Señala que “la extensión de 4 meses adicionales que se pretende mediante el presente proyecto de ley” tendría “un costo total (de) alrededor de 3,2 billones, con cargo al Fondo de Mitigación de Emergencias”.


Si se tiene en cuenta que el subsidio previsto para la compra de viviendas que no son de interés social ascenderá a 3,9 billones de pesos, surge la pregunta de si no se hubiera podido invertir ese dinero para dar un subsidio, no del 40 por ciento de un salario mínimo (como lo hace actualmente) sino del 80 por ciento para las empresas cubiertas por el PAEF. Para algunas de las empresas más perjudicadas por la crisis, este apoyo adicional pudo haber sido la diferencia entre la subsistencia y la quiebra. Más aún, si se tiene en cuenta que a 8 de septiembre los pagos por Ingreso Solidario habían sido de alrededor de $4 billones, esto quiere decir que otro uso alternativo de los recursos habría sido entregar no $160,000 a algunos de los hogares más necesitados durante la pandemia, sino $320,000.


A menudo el Gobierno justifica el alcance limitado de las políticas públicas de emergencia, como los subsidios a la nómina y el Ingreso Solidario, con el hecho de que los recursos son limitados. No obstante, ejemplos como los subsidios a la vivienda de estratos altos - beneficiosos para, entre otros, el sector financiero y los constructores - ilustran la importancia de poner la lupa en todos los rubros del gasto público y analizar quiénes ganan y quiénes pierden.

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