¿Renta básica o Ingreso Solidario? Vienen debates muy interesantes

Podemos dar prácticamente por descontado que en agosto próximo el Congreso aprobará la nueva reforma tributaria. Esto implica que, casi con total seguridad, el programa Ingreso Solidario se extenderá al menos hasta finales de 2022 –como está planteado en el articulado que el Gobierno nacional le presentó al Congreso el pasado 20 de julio.

La muy probable continuidad de esta iniciativa tendrá implicaciones de diversa índole. En primer lugar, podría restarle fuerza a las iniciativas que buscan la creación de un programa de renta básica. Por otra parte, abriría la puerta a un replanteamiento de cómo proyecta el Gobierno –esta y por lo menos la próxima administración– la lucha contra la informalidad, la pobreza y la pobreza extrema. Por último, condicionaría la forma en que se toman las decisiones de política pública en el Congreso, en vista de que estamos en pleno año preelectoral.

Vamos por partes. Como se recordará, Ingreso Solidario es un programa creado en abril de 2020 con el objetivo de hacerles una transferencia monetaria de 160 mil pesos mensuales a personas con empleos informales y en situación de pobreza y pobreza extrema, pero que no están cubiertas por los programas de asistencia del Estado colombiano.

Ingreso Solidario beneficia actualmente a 3 millones de personas. Además de extender el programa hasta finales de 2022, se ampliará su cobertura a otros 200 mil hogares en pobreza extrema.

La iniciativa, según explicó el presidente de la República durante la socialización de las líneas generales de la reforma tributaria, tendrá un costo de 2,3 billones de pesos en 2021 y 6,5 billones en 2022. Las evaluaciones académicas han demostrado que esta es una iniciativa útil para proteger el ingreso de los hogares más vulnerables del país, y con potencial para convertirse en un elemento que impulse la lucha contra la pobreza.

Analicemos ahora los retos e implicaciones de la inminente extensión de la vigencia de este programa. Como señalamos al inicio, la primera es que podría restarle fuerza a los proyectos de ley que están promoviendo la creación de un programa de renta básica.

Al cierre del anterior periodo legislativo, la suerte de la renta básica quedó en el aire.

La Comisión Tercera del Senado se convirtió en escenario de concertaciones y avances sustantivos en la consolidación de una iniciativa consensuada, y que estuviese soportada en el engranaje institucional y las herramientas de caracterización de Ingreso Solidario.

Dos ideas concentran las posiciones de los partidos. La mayoritaria contempla la fusión de “los cuatro programas sociales de transferencias monetarias (…) que en la actualidad se vienen ejecutando”, es decir, Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, más Ingreso Solidario –esto, con el propósito de hacer un solo pago a las personas que sean beneficiadas.

La segunda propuesta planteó la coexistencia de Ingreso Solidario con las demás iniciativas, mediante la introducción de nuevas fórmulas para calcular el monto que le correspondería a cada persona beneficiaria, dependiendo de su condición social y económica.

Lo cierto es que, al margen del optimismo sobre el asunto, lo más probable es que Ingreso Solidario sea presentado como la renta básica que –en algunos casos con una transferencia de mayor dinero y cubriendo una población más numerosa– han promovido y solicitado diversos sectores sociales y políticos. Las palabras del presidente de la República durante la instalación del nuevo periodo legislativo permiten pensarlo así.

Al respecto, el mandatario dijo lo siguiente: “El proyecto de ley de inversión social (…) es una apuesta por continuar con Ingreso Solidario, una renta básica de emergencia, hasta diciembre del año 2022”.

Cualquiera sea el escenario que finalmente se consolide, esta movida puede abrirle la puerta a un replanteamiento de las proyecciones en materia de lucha contra la pobreza y promoción del empleo en el país.

Con una potencial vigencia de más de un año por cuenta de su extensión en el tiempo, Ingreso Solidario dejaría de ser una herramienta solo “de emergencia”. Sus potencialidades e impactos positivos en la protección del ingreso de las personas podrían articularse con las demás estrategias que el Gobierno nacional está poniendo en marcha para reactivar la economía en la pospandemia.

Adicionalmente, la existencia de la iniciativa deberá ser considerada en las próximas ediciones de documentos guía como el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Por último, será interesante observar las decisiones que sobre Ingreso Solidario (y, por esa vía, sobre la idea de la renta básica) tomen los diferentes partidos políticos. La reforma tributaria es una iniciativa bien diseñada que, además, cumple con las promesas formuladas por el Gobierno en materia de líneas rojas y está respaldada por un amplio consenso. Sin embargo, no se debería dejar de tener en cuenta que su trámite tendrá lugar a pocos meses de las elecciones legislativas y presidenciales.

El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas coescribió junto a Humberto Martínez, candidato a PhD en Economía de la Universidad Rutgers, un análisis sobre el impacto de la pandemia en Colombia y las respuestas de política pública frente a esta.

Allí resaltan que Ingreso Solidario, además de proporcionar cobertura a personas que no recibían transferencias monetarias condicionadas, ha impulsado la inclusión financiera a través de la apertura de billeteras y cuentas digitales. Y anotan también que es probable que este programa “se convierta en parte de la red de protección permanente de Colombia”.

Siguiendo esta línea, subrayan que será difícil desmontar programas de esta naturaleza en el actual escenario. Una de las razones principales es que el Congreso no estará dispuesto a hacer recortes presupuestales en un año preelectoral.

Vienen semanas de debates interesantes. Elementos inesperados y ampliamente condicionantes –como la pandemia y las movilizaciones ciudadanas– han abierto la puerta a decisiones de política que hasta hace poco tiempo parecían impensadas. La marcha atrás en parte de los beneficios tributarios otorgados por las reformas de 2018 y 2019 a los grandes capitales del país es un buen ejemplo de ello.