Reforma de la Procuraduría: una prueba ácida frente al compromiso de austeridad del Gobierno

La austeridad del gasto en el sector público se ha convertido, en el marco de la emergencia causada por la pandemia, en un argumento tanto para justificar decisiones de política pública como para medir la conveniencia de todo tipo de iniciativas –tanto ejecutivas como legislativas.


Este fue, por ejemplo, uno de los elementos discursivos bajo los cuales se defendió el retirado proyecto de reforma tributaria. “Nosotros vamos a congelar todos los gastos de personal y de adquisición de bienes y servicios por cinco años prorrogables (…) El Estado también tiene que mostrar su compromiso con la austeridad”, afirmó el presidente de la República en abril pasado.


Con este objetivo también se promulgó el Decreto 371 de 2021, por medio del cual se estableció el Plan de Austeridad del Gasto 2021 para las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación. Además de recortes en gastos en publicidad oficial, arreglos locativos y compra de muebles y electrodomésticos, este plan introdujo el requisito de “una revisión previa y rigurosa” de las razones para contratar nuevo personal “para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”.


En momentos en que avanza la redacción del nuevo proyecto de reforma tributaria –con la cual se espera recaudar entre 14 y 20 billones de pesos– y queda cada vez más claro el golpe que sufrieron las finanzas públicas por cuenta de los beneficios tributarios que el Gobierno nacional les entregó a los grandes capitales hace dos años (y que abrieron un boquete de 9 billones de pesos en las cuentas públicas), hablar de austeridad –además de lógico– es un imperativo ético.


Recortar gastos y evitar el derroche de la plata de todos más allá de iniciativas llamativas pero efectivas, debe ser la prioridad del Estado colombiano en estos tiempos.


El actual estado de cosas permite entender la polémica que han suscitado apartes del proyecto de ley que reforma el Código Disciplinario –que, en otras palabras, es una reforma de la Procuraduría General de la Nación.


En su artículo 50, la iniciativa le concede al presidente de la República “precisas facultades extraordinarias” para “ampliar la planta de personal” de la entidad y “realizar las modificaciones presupuestales necesarias para financiar los gastos de funcionamiento e inversión” derivadas de los cambios que introduce la ley.


¿A qué se debería la creación de nuevos puestos en la Procuraduría? El proyecto de reforma fue radicado el pasado 25 de marzo por la procuradora general, Margarita Cabello, y tiene tres ejes principales. El primero es el fortalecimiento de las facultades jurisdiccionales, de modo que el ministerio público pueda actuar también como juez en los escenarios en los que haya sanciones de destituciones o inhabilidad.


El segundo eje es la división de las fases investigativas. Esto implica que las etapas de investigación y juzgamiento de cada proceso sean atendidas por diferentes funcionarios. Por último, se plantea la introducción de la doble instancia en las actuaciones de la Procuraduría, lo cual implicaría la creación de una sala de juzgamiento al interior de la entidad.


El proyecto, en palabras de la procuradora, “fortalece y profundiza las garantías constitucionales ya existentes para los disciplinados” e incrementa la “autonomía e independencia” de quienes tendrán a cargo los procesos disciplinarios, ajustándose a estándares internacionales señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


En la práctica, para cumplir con esas nuevas atribuciones se requiere crear nuevos puestos de trabajo y contratar a más personas. Esto implicaría ampliar una planta integrada por más de 4 mil funcionarios, y un presupuesto cercano a los 730 mil millones de pesos.


Vale la pena recordar que en el pasado el país ha escuchado denuncias sobre la entrega de cuotas políticas en la Procuraduría, las cuales han sido objeto de acciones judiciales.


Las críticas a una iniciativa que incrementa el gasto público en medio de la crisis han llegado desde todas las orillas. Tanto la oposición como integrantes de la coalición de gobierno han expresado su desacuerdo con esta disposición.


Vale la pena anotar que las críticas no se han producido solo por cuenta del tema presupuestal. El proyecto de ley implica también un significativo incremento en las competencias y poderes de la Procuraduría General de la Nación, un elemento que no les suena a algunos sectores –especialmente en medio del clima de crispación política y social que vive el país–. La procuradora general ha desestimado estas críticas, afirmando que la iniciativa solo pretende garantizar la misión del ministerio público.


Como señalamos anteriormente, este proyecto busca acoger recomendaciones emitidas por la Corte IDH con respecto a las atribuciones y organización interna de la Procuraduría.

Llama la atención que el trámite de esta iniciativa –que tiene mensaje de urgencia– se haya activado con fuerza a pocos días de que se produzca la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de las movilizaciones ciudadanas, que completan ya seis semanas.


Pero volvamos a lo nuestro. Durante el último año se ha discutido en varias ocasiones la posibilidad de darle al presidente de la República poderes especiales para modificar plantas de personal –con las consecuencias presupuestales que esto tiene.


Así ocurrió con la reforma del Código Electoral, por ejemplo. Es importante recordar que el retirado proyecto de reforma tributaria contemplaba en su artículo 34 entregarle al presidente “precisas facultades extraordinarias” para, entre otros, “suprimir, fusionar, reestructurar, modificar entidades, organismos y dependencias de la Rama Ejecutiva del poder Público del orden nacional”. Aunque entre los propósitos se señalaba la promoción de “medidas de austeridad del gasto público” por encima de este aparecían otros –gaseosos en su propósito– como “garantizar la eficiencia en la prestación del servicio público” y “hacer coherente la organización y funcionamiento de la Administración Pública”.


Es, pues, de esperar que el nuevo proyecto de reforma tributaria contemple propuestas en este mismo sentido.