‘No es cierto que la tasa 0 para productos básicos de la canasta familiar sea un beneficio" -Ocampo

Actualizado: feb 22

Repensar los beneficios en los impuestos de renta es, a juicio de José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda y actual Profesor de la Universidad de Columbia, el camino para racionalizar la estructura tributaria colombiana. Sobre este y otros temas hablamos con él.


José Antonio Ocampo es uno de los economistas más destacados del país. Académico, exministro, ex director ejecutivo de la CEPAL y ex secretario general adjunto de las Naciones Unidas, es también un comentarista sobre el panorama de las finanzas públicas colombianas.

Nos sentamos a hablar con él sobre las perspectivas económicas para el año que comienza, las acciones necesarias para avanzar en materia de reactivación y, por supuesto, la inminente reforma tributaria. Esto nos contó.


¿Cuál es el tema de política fiscal al que los hacedores de política pública deberían prestarle más atención en 2021?

La coyuntura actual es especialmente compleja, pues combina dos elementos principales: por una parte, la necesidad de que el gasto público contribuya a la reactivación y a moderar los efectos sociales adversos que tiene la crisis del covid, y por otra parte, un nivel alto de deuda pública. Desde antes de la crisis, la tendencia ya apuntaba al aumento de la deuda del Gobierno nacional, pero a ello se suma el déficit muy elevado tanto de 2020 como de este año ––ya estamos en niveles superiores al 60% del PIB, lo cual no es catastrófico, pero sí es un nivel elevado. Debe prestarse atención a la posibilidad de que las calificadoras de riesgo vayan a quitarle el grado de inversión a Colombia debido a esta tendencia fiscal adversa.

El papel que juegan las calificadoras en el discurso de la política pública en Colombia es llamativo. ¿Se les da la importancia adecuada? ¿Ocurren dinámicas similares a las de otros países?

No tengo necesariamente una alta evaluación de las calificadoras de riesgo; de hecho, en mi época como ministro de Hacienda tuve tensiones con ellas. El año pasado compartí en los debates internacionales la recomendación de pedir a las calificadoras que no cambiaran las calificaciones durante esta crisis. Ese es mi punto de vista. No considero que se trate de agentes que se deban tener presentes todo el tiempo. Sin embargo, cuando se tiene un déficit fiscal alto, hay que financiarlo. La pregunta es cómo hacerlo, y las calificadoras tienen incidencia en el acceso al mercado privado de capitales a nivel internacional que, dicho sea de paso, después de la salida de capitales que fue enorme en marzo, fue muy positivo durante 2020, en contra de lo que se esperaba. En general, las economías emergentes con acceso al mercado pudieron acceder de nuevo a mediados de abril. Colombia es uno de los países que se vieron beneficiados ––tanto el Gobierno nacional como otras entidades públicas.
El riesgo es que, por cuenta de una calificación adversa que nos saque del llamado grado de inversión, el acceso a ese mercado se reduzca. Desafortunadamente, el país está muy cerca en sus calificaciones a que nos quiten el grado de inversión. Todas estas consideraciones las hago al margen de mi concepto de las calificadoras ––la forma en que operan y cuál es su racionalidad.

Basta ver el papel de las calificadoras, por ejemplo, durante la crisis de 2008. Ciertamente no les hicieron el mejor servicio a los clientes que se fiaban de sus evaluaciones de los ‘activos tóxicos’ basados en hipotecas, que calificaban como AAA en Estados Unidos…

Y tienen un problema adicional: son procíclicas. Cuando el mercado se está volviendo más adverso es cuando más bajan las calificaciones. Y cuando el mercado está en auge, las aumentan. Así, profundizan los ciclos económicos de acceso al mercado en vez de moderarlos. En todo caso, querámoslo o no, el grado de inversión importa. Yo fui ministro de Hacienda cuando Colombia tenía grado de inversión. Después, en 1999, lo perdimos y tomó mucho tiempo recuperarlo.

En las subastas de deuda que ha hecho recientemente el Gobierno no nos ha ido mal. Las tasas de interés que se han obtenido no han sido desfavorables.

Así es. Y eso tiene que ver con dos elementos. El primero es el acceso al mercado internacional de bonos, pero también a la entrada de capitales que compran bonos en el mercado interno. Son los dos fenómenos que han sido bastante favorables para Colombia durante esta crisis ––mucho mejor que en las crisis anteriores, no solamente en términos de acceso, sino también de costos y plazos.

Durante la crisis, aunque ha tratado de proyectar lo contrario, el Gobierno ha procurado gastar lo menos posible. A eso se suma un recaudo tributario que, aunque menor a lo habitual, ha sido bueno. ¿Considera que el Gobierno ha estado siguiendo una política de austeridad en medio de la pandemia? ¿Es indicado ese nivel de gasto?

El déficit fiscal que hubo el año pasado fue más por la vía de caída de recaudo de impuestos, que de aumento de gasto. El aumento de gasto en Colombia para la pandemia ha sido modesto. De hecho, la ejecución ha sido inferior a lo que se había planteado. Los anuncios del presidente al comienzo de la crisis sumaban muchas cosas ––las intervenciones del Banco de la República, los créditos de Bancoldex, las garantías del Fondo Nacional de Garantías–– y no solamente el gasto público.
El gasto adicional, de un 2% del PIB, es un nivel bastante modesto para los patrones internacionales de la crisis. En América Latina estamos en una situación intermedia. Hay casos de países que, básicamente, no han hecho nada ––como México––, hasta países que han hecho unos niveles de gasto importantes, como Perú, Chile, Argentina y Brasil.
Hablando sobre 2021 decía al comienzo que el gasto público tiene que contribuir a la reactivación y a reducir el costo social de la crisis. Cualquier ajuste fiscal que se haga para tratar de moderar el déficit no se debe hacer por la vía del gasto, sino de los ingresos. De ahí la importancia de la discusión sobre la reforma tributaria.
En materia de gasto hay varias cosas que se deben resaltar. En primer lugar, los apoyos a los hogares pobres y vulnerables se han dado, pero su magnitud es muy pequeña; es menor al que dan algunos países latinoamericanos. El Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) se anunció para 6 millones de personas, pero llegó apenas a poco más de 3, no benefició al grueso de las empresas pequeñas, y ya se está reduciendo. Y, aunque ha sido prorrogado, el acceso ha sido limitado.
Hay otros programas. Y he sido partidario de programas de emergencia en materia de empleo. Se trata de programas sociales, ambientales o de infraestructura que se pueden hacer con un manejo por parte de los municipios, algo que contribuiría a paliar algunos de los efectos más fuertes de la crisis del empleo ––particularmente, la baja del empleo femenino y juvenil. Ese es un paquete. El otro paquete es la reactivación. La inversión pública ––aparte de los apoyos sociales–– es un instrumento fundamental para contribuir a la reactivación.
Por la vía del gasto no se deba hacer el ajuste. Esto se discutió, por ejemplo, en los años 80. Al fallecido doctor Roberto Junguito, entonces ministro, le tocó hacer un ajuste importante. Yo elogiaba que no lo hizo fundamentalmente por la vía del gasto. En este momento ocurre lo mismo. Habrá que ver cómo se financia el mayor gasto.

Entre las categorías actuales de gasto destacan salud, apoyo humanitario y apoyo al empleo, ¿cuál considera que es el tipo de gasto que sería más constructivo para salir de la crisis?

En materia de salud se observa un crecimiento considerable. Por obvias razones, se ampliaron las capacidades en materia de cuidados intensivos. Sin embargo, otras cosas –como la posibilidad de hacer más pruebas de Covid-19 –no se lograron. Lo que viene gira en torno a la compra de vacunas, donde el país, incluso en el contexto latinoamericano, parece rezagado.
Adicional al gasto en salud, el apoyo al empleo y a los hogares pobres y vulnerables es un instrumento que también ayuda a la reactivación. Aparte de esto, deberían ponerse en marcha proyectos de inversión que contribuyan a acelerar la actividad económica. El gasto público tiene que ser reactivador y tener un efecto social favorable.

Las señales que parece enviar el Gobierno parecen ir en la dirección de que sean los grandes capitales los que jalonen, por ejemplo, la generación de empleo. Teniendo eso en cuenta, ¿qué tan buenas son las perspectivas de éxito?

Falta todavía ver, concretamente, cuáles son los detalles de las políticas de reactivación. Es claro que el apoyo al empleo y a los hogares pobres y vulnerables debe ser parte esencial, pues, además de mitigar la crisis, contribuye a fortalecer la demanda.
Pero volvamos al PAEF, por ejemplo en Bogotá. Este programa ha llegado, básicamente, a empresas grandes. Esto se ha