La plata del covid: el FOME tiene más plata, ¿de dónde salió?

Este mes –tal y como lo venimos haciendo desde junio del año pasado– nos planteamos una pregunta clave para toda la ciudadanía: ¿en qué se ha gastado la plata de la pandemia?


El asunto –no está de más reiterarlo– reviste la mayor importancia para toda la ciudadanía. Al fin y al cabo, se trata de la atención y la respuesta oficial a una emergencia que nos afecta a todos, y de la inversión de plata que es de todos. De ahí la necesidad de contar, peso por peso y con el mayor nivel de detalle, qué es lo que se está haciendo.


Como se recordará, la plata para atender las consecuencias de la pandemia del covid-19 está centralizada en el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME). Con corte al 8 de noviembre, por esta bolsa habían pasado 43,9 billones –o millones de millones– de pesos, y se había producido un desembolso de 38,6 billones. Hablar de desembolso implica que los recursos salieron del FOME, y no necesariamente que estos se hubiesen ejecutado.


El monto del desembolso indica que en el FOME quedan todavía 5,3 billones de pesos (que corresponden al 12 por ciento) sin usar.


La plata disponible en esta bolsa aumentó por cuenta de una adición ocurrida en octubre, cuando se añadieron 3,3 billones de pesos. Pero, antes de comentar en detalle esa adición, analicemos lo que va desembolsado.


La cifra más alta de desembolso ha sido para el sector Salud, con 14 billones de pesos. Le siguen el programa Ingreso Solidario, con 9,5 billones; los subsidios a la nómina, donde entran los programas de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y Apoyo a la Prima (PAP), con 7 billones; y las transferencias a programas sociales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, por valor de 5,1 billones.


Luego se encuentran los desembolsos para sectores como Justicia, Seguridad, Defensa, Comercio y Agricultura, entre otros. Estos ascienden a 1,6 billones de pesos. En último lugar figuran las garantías de créditos, por valor de 1,4 billones.


A estos valores llegamos luego de efectuar una revisión exhaustiva de los documentos puestos a disposición del público por el Ministerio de Hacienda. Se trata, en particular de las resoluciones de traslado presupuestal que se publican en la página web de esta cartera. Es mediante dichas resoluciones que se desembolsan los recursos destinados a la atención de la emergencia para las distintas entidades del Estado colombiano. Por otra parte, analizamos los contratos ejecutados directamente por el Ministerio de Hacienda y que tienen relación con la emergencia, los cuales pueden consultarse en el Portal de Transparencia Económica.


La tarea la hacemos con gusto, convencidos de que poner esta información a disposición de toda la ciudadanía constituye un aporte a la promoción de la transparencia y el acceso a la información. No obstante, el camino que se debe recorrer para procesar los datos disponibles, organizarlos y sacar conclusiones, es mucho más largo del que puede recorrer una persona de a pie que no tenga un conocimiento especializado en economía o en contratación pública.


Contrastando estos datos con la información divulgada por el Ministerio de Hacienda, encontramos que estamos en la dirección correcta. Esta semana se conoció que, con corte a octubre, la cartera reporta una ejecución de los recursos del FOME de 38 billones de pesos.


La diferencia entre lo encontrado por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y lo reportado por el Ministerio de Hacienda obedece a lo que implican acciones administrativas como desembolso (plata que sale del FOME), apropiación (plata que se determinó gastar con un fin específico), compromiso (recursos comprometidos mediante contratos y otras formas de contratación pública) y pago (plata girada por cuenta del cumplimiento de obligaciones contractuales o de compromisos adquiridos).


Se trata, en últimas, de una consecuencia de las diferencias en el registro público de la información ––la cual, infortunadamente, no siempre es reportada con la debida periodicidad por parte de Ministerio de Hacienda––.


Volvamos ahora a la plata extra que le entró al FOME en octubre pasado. En septiembre pasado les contamos cómo la nueva reforma tributaria estableció una adición de 10,9 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación para este año.


De esos recursos, el 92 por ciento corresponde a funcionamiento, y es el Ministerio de Hacienda el que concentra el 74 por ciento del total, lo cual implica que su repartición puede ser relativamente discrecional –algo que dificulta saber con exactitud para dónde irá cada peso–.


Se sabe, eso sí, que 3,3 billones de pesos fueron para el FOME. Se sabe también que otros 3 billones se destinaron a transferencias monetarias. A la luz de esos datos, y si estamos hablando de dinero para la atención de la pandemia, ¿por qué no se envió todo el dinero al FOME? En los debates de la Reforma Fiscal no se mencionó el destino de estos recursos.


Esta dispersión en la disposición del dinero destinado a la atención de la emergencia hace más difícil el seguimiento de los ritmos de desembolso y gasto –algo que, a su vez, complica la posibilidad de entregarle a la ciudadanía información clara, consistente y completa acerca de cómo se está invirtiendo su plata en la atención de la actual coyuntura–.


Seguramente futuras revisiones de las resoluciones y de los contratos relacionados con la atención de la emergencia permitirán establecer cómo se repartió la porción del dinero adicional en el Presupuesto General de 2021 que se destinó para transferencias monetarias. No obstante, es válido preguntar por qué no se detallan desde un inicio las destinaciones del dinero.


En vísperas del inicio de las campañas para Congreso y Presidencia de la República, la ciudadanía demanda transparencia y claridad en la información –elementos que deben prevalecer siempre, no solo en época electoral–.


Es comprensible que la opacidad en la divulgación de la información sobre el gasto público encienda alarmas en sectores de la sociedad, mucho más si se tiene en cuenta que la nueva reforma tributaria promovió la suspensión de la Ley de Garantías, planteando el argumento de la reactivación económica. El asunto está todavía en veremos y no hay nada en firme.

Por lo pronto, seguiremos lupa en mano –resolución por resolución, contrato por contrato–.