• Observatorio Fiscal

El uso presente y futuro del dinero para la salud: un asunto estratégico para el país

A medida que avanza la reactivación de sectores económicos y productivos del país y, con ella, una movilidad cada vez mayor de personas, el país sigue con atención las cifras de muertes y contagios que sigue arrojando la pandemia del COVID-19. La disminución de los números permite concluir, a primera vista, que las decisiones en materia de aislamiento preventivo y las campañas de prevención han surtido efecto. La reducción en los índices de ocupación de las camas de cuidado intensivo disponibles en Bogotá, por ejemplo, también dan cuenta de ello.

No obstante, es dable y realista pensar en el panorama que se vivirá en los meses por venir. Como lo demuestra la experiencia internacional, se esperan nuevos picos de contagio –y con ellos una demanda creciente de los recursos disponibles en materia de atención médica–. Sobre este tema ya han hablado las autoridades nacionales.


Así las cosas, conviene prestar especial atención a los recursos que se están destinando –y se planea destinar– al sector de la salud, especialmente en el marco de las discusiones sobre el proyecto de Presupuesto General de la Nación que se adelantan en el Congreso de la República.


Comencemos estudiando el uso de los dineros disponibles actualmente. Un análisis de las cifras correspondientes a los usos aprobados a la atención de la emergencia con cargo al Fondo para la Mitigación de Emergencias (FOME), para la atención de la emergencia sanitaria se aprobaron 8,2 billones de pesos. El estudio sobre el uso de los recursos para atender la emergencia –inicialmente consignado en un informe elaborado por el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, y publicado en junio pasado–, y que ha continuado con un seguimiento permanente a los ritmos de desembolso del dinero, permite establecer que hasta el momento se han desembolsado 2,7 billones de pesos.


Sin embargo, una mirada a la ejecución presupuestal de los recursos para la emergencia de acuerdo con lo publicado por el ministerio de Hacienda, muestra que el dinero utilizado de forma efectiva no es tan alto como el que muestran los desembolsos.


Veamos: el dinero con destino al sector salud da cuenta de una apropiación de 1,5 billones de pesos –este criterio de apropiación se refiere a la decisión de destinar recursos a un rubro específico–. En cuanto a los compromisos –que indica lo que, como parte del dinero apropiado se ha comprometido a ejecutar, por ejemplo, con la firma de un contrato– la cifra es 976 mil millones de pesos. No obstante, si se mira el aparte de obligaciones –lo que los contratistas, por ejemplo, van reportando como cumplido, y que a su vez el Gobierno va pagando– el monto es de 648 mil millones de pesos. Ese es el mismo valor que se refleja cuando se habla de pagos.


Aquí es importante hacer un breve paréntesis: como se vio, el análisis del Observatorio habla de 2,7 billones de pesos, mientras que el ministerio da cuenta de 1,5 billones. La razón de esa diferencia es que la investigación del Observatorio incluye el dinero que se ha desembolsado a través de la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD). Esta entidad, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, ha gestionado recursos para la atención en salud (sobre este asunto hablamos en julio pasado). Para efectos de sus reportes, el ministerio de Hacienda incluye a la UNGRD bajo la sombrilla del sector Presidencia de la República, y no de sector Salud.


Volvamos ahora al tema central: dinero desembolsado no equivale necesariamente a dinero invertido de forma efectiva en el sector de salud –una consideración que, si bien es normal en los ritmos presupuestales, no deja de ser preocupante en el contexto de una pandemia–.


Es por ello que es importante poner la lupa sobre el contenido, las destinaciones y la obligatoriedad legal con la que determinados gastos dentro del sector salud quedarán consignados en el Presupuesto General para el próximo año.


El documento sobre detalle de gasto en todos los sectores que hacen parte del Presupuesto General –incluyendo salud–, no se entregó inicialmente junto con el proyecto de ley y sus anexos. Se publicó posteriormente y, de hecho, está publicado en la página web del ministerio de Hacienda. No obstante, es importante subrayar que los anexos no hacen parte de la ley y, de seguir así, no tendrían un carácter legal vinculante. Esta circunstancia puede ser subsanada. Por ejemplo, las bases del Plan Nacional de Desarrollo, aunque eran un anexo, quedaron incluidas en la ley.


Por otra parte, es importante conocer la inversión solicitada por los sectores –salud, en este caso–. Hasta el momento no existe –en las fuentes disponibles del ministerio de Hacienda– un reporte sobre el dinero solicitado por cada entidad. Para saberlo, es necesario escuchar las intervenciones de los ministros y directores de entidades ante el Congreso.


El proyecto de Presupuesto General seguirá su trámite legislativo la próxima semana con su discusión y votación en las comisiones Terceras y Cuartas conjuntas de Senado y Cámara. Se prevé que la sesión tenga lugar el 23 de septiembre, un día antes de la fecha límite. Posteriormente se iniciará su discusión en las plenarias. Esta semana se han realizado reuniones de coordinadores y de ponentes.


La lupa debe seguir puesta en cómo se dispondrá el gasto del dinero de todos los colombianos para el próximo año. Si bien las señales que entrega el panorama actual frente a la pandemia permiten un optimismo moderado, el país y el mundo siguen avanzando en un camino ciertamente incierto, en el que el manejo presupuestal será una hoja de ruta fundamental.


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