Cada niño trae su declaración de renta bajo el brazo: más hijos, ¿menos impuestos?

Colombia –al igual que la población en el resto del mundo– se está envejeciendo. Los datos más recientes, que corresponden al Censo Nacional de 2018, dieron cuenta de que en el país había más ancianos que niños en su primera infancia: 9,1 por ciento de los colombianos eran mayores de 65 años, mientras que solo el 8,4 tenían entre 0 y 5 años. El DANE también encontró que, respecto al censo de 2005, los grupos poblacionales mayores de 45 años habían crecido, en contraste con el número de personas menores de 40 años, que disminuyó.

Se trata, como señalamos al inicio, de un fenómeno global. En la Unión Europea, por ejemplo, la edad media oscila entre los 40 y los 47 años. ¿Qué tan complejo pinta el panorama? Remitámonos a las estimaciones de las Naciones Unidas. El informe Perspectivas de la población mundial 2019 previó que en 2050 una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años; hoy es una de cada 11. Se estima también que el número de personas de 80 años o más se triplicará, pasando de 143 millones en 2019 a 426 millones en 2050.

La mejora generalizada de la longevidad se explica –según lo señala el reporte World Population Ageing, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Envejecimiento– a partir de tres factores: un considerable aumento en la esperanza de vida a partir de la mitad del siglo XX, los flujos migratorios (dado que los migrantes suelen ser personas jóvenes en edad de trabajar) y una reducción de la fertilidad.

Sobre este último punto, el director del DANE, haciendo referencia a los resultados del Censo 2018, dijo lo siguiente a CNN en español: “Hasta la década de 1960 en Colombia, una mujer en su etapa fértil tenía la posibilidad de traer al país (dar a luz) hasta seis hijos con vida. Hoy en día (…) esa expectativa bajó a dos. Es decir, se dividió en tres”. Y agregó que “las tasas de fertilidad con un mayor progreso económico y más la participación de la mujer en el mercado laboral, lo que traen desde el punto de vista micro es una reducción significativa del tamaño del hogar”.

¿Qué implicará para una sociedad como la colombiana tener una población cada vez mayor? Este fenómeno tendrá consecuencias a todo nivel: al interior de las familias –tocando asuntos transversales como la economía del cuidado– y también en esferas estratégicas de la vida pública como el mercado laboral y financiero, y la demanda de bienes y servicios –que incluye, por supuesto, salud y pensiones–. El año pasado, en la Guía ciudadana al Sistema de Pensiones y Protección de la vejez en Colombia, elaborada por el Observatorio, analizamos las complejidades y retos a futuro del sistema.

La presión fiscal y política será enorme. Imaginemos este escenario: cada vez más personas llegando a la edad de pensionarse, y cada vez menos personas laboralmente activas aportando para sostener el pago de esas nuevas pensiones.

Esta semana, por primera vez, el Gobierno nacional dio señales de que está pensando en este panorama futuro y en cómo empezar a hacerle frente. El que lanzó el globo fue el director de la DIAN, quien dijo lo siguiente: “Hay personas naturales que pueden ganar lo mismo, pero una persona natural puede tener hijos, dependientes, muchos gastos y hacer inversión social, y la otra no; por tanto, la otra tendrá mayor capacidad contributiva”.

Las reacciones no se hicieron esperar. “¿Los que no tienen hijos deberían pagar más impuestos?” y “Tener hijos o dependientes haría la diferencia al pagar impuestos”, fueron algunos de los titulares. El asunto también se trasladó a las redes sociales, con reacciones mayoritariamente contrarias a la idea.

Una eventual movida en este sentido estaría incluida en la reforma tributaria que ya tienen en la cabeza varios funcionarios en el ministerio de Hacienda. Y, si bien se trata de una idea todavía ‘en pañales’, no es una propuesta carente de sustento. Por contrario: este asunto se ha abordado en la literatura económica y en escenarios de diseño de política pública, al menos, durante las últimas dos décadas.

Una reflexión ya clásica sobre el tema es el artículo Children as Public Goods (Los niños como bienes públicos), escrito por la economista feminista Nancy Folbre. El planteamiento, a grandes rasgos, es este: el desarrollo económico tiende a incrementar el costo que los niños tienen para los padres en general –y para las madres en particular–, y no todos los ciudadanos contribuyen de igual forma al cuidado de estos futuros adultos.

La autora agrega que, en la medida en que los niños se convierten cada vez más en bienes públicos, la labor de criar a estos futuros ciudadanos se convierte cada vez más en un servicio público.

Los bienes públicos son aquellos que se consumen conjuntamente y brindan utilidad a más de un usuario. Se trata, además, de bienes cuyo consumo no limita el acceso a los demás ciudadanos. En esta categoría entrarían, por ejemplo, el alumbrado público, los parques públicos o el aire limpio.

Si se traslada ese principio a la crianza de los niños, la implicación es que quien cría un niño está criando a un ciudadano que pagará impuestos y aportará al sistema, ayudando a soportar, por ejemplo, el pago de pensiones o el sostenimiento de un sistema de salud que atienda a ciudadanos de mayor edad. Siguiendo esa línea, los bienes públicos que produce una persona dentro de la sociedad son útiles para todos los demás.

Adicionalmente, una disminución comparativa en la tributación podría ser una remuneración del trabajo de cuidado, que es una inversión adicional que hacen los padres –particularmente las madres– en la crianza de los futuros adultos.

Sin embargo, este tema también plantea cuestiones que podrían tocar principios que van desde lo ético hasta el respeto de las libertades individuales. No falta quien quiere hacer realidad el chiste viejo de “quiero vivir de mis padres hasta que mis hijos puedan mantenerme”. Pero, chistes aparte, llevar a la práctica una movida tributaria como esta, demanda fijar límites muy claros: ver a un niño como un bien público que repercutirá en el bienestar general no puede convertir a las mujeres en un medio para entregarle a la sociedad un nuevo ciudadano.

La narrativa que soporte una iniciativa como esta es tan importante como la movida tributaria misma. En otras palabras: el lugar de enunciación importa –y mucho–. Puntualmente, esto no puede ser un argumento para ir, por ejemplo, en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

El discurso al momento de ambientar la idea es fundamental. ¿Y si en vez de decir que los que no tengan hijos pagarán impuestos mejor se dice que se quiere aliviar la carga de quienes tienen hijos –en especial de quienes se encargan del cuidado?

Ambientar este tipo de debates es sumamente importante. El envejecimiento de la población es una realidad ineludible y como sociedad debemos ponernos de acuerdo en torno a qué estamos dispuestos a hacer para cuidarnos unos a otros.

La batuta, eso sí, la llevan quienes hacen la política pública. A ellos les corresponde no solo diseñarla y garantizar su aprobación, sino también explicarla y convencer con argumentos. A nuestros líderes les corresponde mostrarnos cómo y por qué el futuro es de todos.

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