Nueva investigación, mismos problemas: sigue la falta de transparencia en la información sobre el di

Actualizado: sep 15

Millones de colombianos completan hoy 20 de julio –día en que el presidente de la República instala una nueva legislatura del Congreso– 123 días de confinamiento preventivo obligatorio. Pasados más de cuatro meses de la declaratoria de emergencia sanitaria, social y económica, los ciudadanos todavía no tienen claridad sobre cómo se están gastando los dineros dispuestos para hacer frente a las consecuencias de la pandemia del COVID-19.

El Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana hizo una nueva revisión de los decretos, resoluciones y contratos de consulta pública en las páginas oficiales del Gobierno nacional sobre el tema. En este ejercicio –con corte al pasado 17 de julio– se documentan las transferencias realizadas a instituciones del orden nacional desde el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), así como la contratación realizada directamente desde el mismo. La tarea arroja un balance preocupante en términos de transparencia en la rendición de cuentas a la ciudadanía sobre la utilización de recursos públicos: no existe un reporte detallado, peso por peso –no billón por billón– de cuánto dinero se ha comprometido para atender la emergencia, y cuánto dinero se ha ejecutado realmente.

Veamos, por ejemplo, lo que sucede en el sector salud. Del FOME para este sector han salido 1 billón 928 mil millones de pesos –aún cuando el Gobierno nacional había dicho que se tenía previsto gastar 8,2 billones de pesos–. Desde el ministerio de Hacienda se anunció que el plan es ir gastando conforme se vayan presentando los picos de contagio. Sin embargo, no deja de ser alarmante que con un altísimo índice de ocupación en las unidades de cuidado intensivo del país, apenas se haya transferido menos del 25 por ciento de los recursos proyectados.

No es descartable que el traslado de dinero al sector salud haya sido mayor, pues se registran transferencias al sector defensa bajo el rubro de salud. Este dinero podría tener como propósito la atención y contención de la pandemia en espacios como los centros de detención y cárceles del país. Sin embargo, esto no es claro porque la información no es uniforme entre el Marco Fiscal de Mediano Plazo y la información obtenida a partir de derechos de petición. La falta de detalle es confusa para efectos de una revisión detallada, y lo es mucho más si un ciudadano de a pie quisiera revisar este asunto, teniendo en cuenta que no tiene las semanas necesarias para hacer este trabajo de revisión.

Hay otra parte del dinero del FOME que se gasta directamente desde el Ministerio de Hacienda. Este se concentra en dos programas: subsidios a la nómina (compuesto por el Programa de apoyo al Empleo Formal, PAEF; y el Programa de Apoyo a la Prima, PAP) e Ingreso Solidario. Para ellos se han destinado 1,7 y 1,2 billones de pesos, respectivamente.

Echémosle una mirada a este último. El programa Ingreso Solidario consiste en la entrega de 160 mil pesos mensuales a cada beneficiario. Hasta el momento se han hecho tres pagos, y la iniciativa se extenderá hasta diciembre próximo. Según su página web, con corte al 3 de julio, el ingreso solidario había llegado a 2 millones 616 mil hogares beneficiados. Si ya se han hecho tres pagos de 160 mil cada uno –completando así 480 mil pesos para estos hogares–, se puede concluir que ya se gastó el dinero hasta ahora desembolsado para el programa. ¿Por qué? 2,6 millones, a razón de 480 mil cada uno, equivale a 1,2 billones.

¿De dónde saldrá el dinero para los nuevos pagos prometidos? Se puede inferir que saldrá de los recursos no utilizados del FOME, pero la información publicada por el Gobierno nacional no permite establecerlo. Esta falta de una hoja de ruta del gasto por la emergencia contrasta con la transparencia encontrada en otros países. Por ejemplo, como hemos analizado anteriormente, en Nueva Zelanda - país modelo de transparencia presupuestal a nivel mundial - el gasto para la pandemia está desglosado programa por programa, año por año, y con descripciones claras y fácilmente entendibles por el público.

Como dato curioso, al revisar el dinero destinado por el FOME no es posible establecer para dónde se van 9 millones de pesos. Cuando se habla en billones –y no se rinden cuentas peso por peso– una cantidad así podría parecer ínfima. Sin embargo, con esos nueve millones de pesos se podría cubrir el pago de un mes de ingreso solidario para 56 hogares colombianos.

De la revisión también se desprende que del FOME –creado para la mitigación de la emergencia– no ha salido un solo peso para la devolución del IVA que se tiene previsto beneficie a 1 millón de hogares. La razón es simple: esta política pública –presentada actualmente como una “herramienta que contribuye a reactivar la economía y el empleo”– fue aprobada el año pasado en la reforma tributaria y realmente no hace parte de la respuesta a la emergencia.

Este nuevo ejercicio deja conclusiones preocupantes y desalentadoras. Por un lado, el Gobierno nacional sigue hablando en términos de billones y –a pesar de las demandas de la ciudadanía, sectores políticos y la academia– sigue sin entregar un desglose detallado, peso por peso, programa por programa y año por año del gasto realizado y programado la atención de la emergencia.

Cuando un empresario busca financiación para un proyecto, así la inversión sea de unos pocos cientos de millones de pesos, a sus inversionistas les debe presentar un plan de negocios con todos estos detalles, y más. Debe contarles en qué planea gastar cada peso invertido, cuáles son los resultados que dará el proyecto, y cómo beneficia a los inversionistas. Sin embargo, por alguna razón, el Gobierno colombiano parece considerar que de los recursos públicos basta ir contando cómo se van gastando, sin hablar de los planes futuros, y que hasta las cuentas de lo gastado se pueden dar en rubros gruesos y que dicen poco o nada, como "fortalecimiento del sector salud".

El statu quo actual es uno en el cual los funcionarios públicos pueden manejar los recursos de los ciudadanos con menos diligencia que la que tiene un empresario para manejar los de un inversionista privado. Depende de los ciudadanos decidir si esto es suficiente, o si tienen derecho a más.

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