Observatorio Fiscal
25 de oct de 20214 min.
Hacer las cosas muy rápido no siempre será motivo de aplausos. El cierre del trámite legislativo del Presupuesto General de la Nación para el próximo año es una muestra de ello.
En sesiones con poca sustancia, y votando en bloque la mayoría de los artículos, tanto el Senado como la Cámara de Representantes le dieron luz verde al proyecto de ley económico más importante de todo el año. Durante las deliberaciones, más que los argumentos y los análisis en materia fiscal y económica, predominaron los llamados a lista, los problemas de conexión de los congresistas que participaron en la discusión desde sus casas o carros, y los discursos dirigidos al electorado de cada legislador.
Durante los debates se negaron las ponencias que planteaban en archivo del proyecto. También fueron hundidas las que proponían modificaciones al articulado apoyado por las mayorías.
Integrado por 139 artículos y con un valor total de 350,4 billones –es decir, millones de millones de pesos–, el presupuesto general determina cómo y en qué se gastará la plata de todos los colombianos.
En esta ocasión, además de las asignaciones para sectores y entidades –porque el detalle sobre el gasto previsto para la inmensa mayoría de programas no se lo contaron a la ciudadanía ni el Gobierno nacional ni el Congreso–, el presupuesto general contiene medidas polémicas que, al igual que los detalles de la iniciativa, no fueron debatidas en detalle.
Como parte del proyecto de Presupuesto General de la Nación se aprobó, por ejemplo, la suspensión de la Ley de Garantías, la cual les prohíbe a gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de las entidades públicas “celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos” durante los seis meses previos a las elecciones.
Aunque nadie asumió la vocería, el Gobierno nacional y su coalición en el Congreso defienden esta medida con el argumento de que aplicar lo dispuesto en la Ley 996 de 2005 afectaría el proceso de reactivación económica.
¿Qué tanto debería pesar la posibilidad de que mandatarios locales y regionales puedan ejecutar recursos públicos mientras que congresistas y candidatos al Congreso hacen campaña en las regiones –en algunos casos a costa de los recursos públicos?
Esta no es la primera vez que se busca suspender o eliminar la Ley de Garantías. El gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos llevó al Congreso en 2015 una propuesta en este sentido. “Esas son las trampas de los malos perdedores, para poder asegurar victorias fraudulentas”, aseguró en su momento el expresidente Álvaro Uribe, jefe del partido del presidente de la República.
El exsenador y hoy presidente Iván Duque aseguraba seis años atrás que eliminar la Ley de Garantías –que, para efectos prácticos, es lo que hace para las próximas elecciones lo aprobado en el Presupuesto General de la Nación– “permite que la contratación estatal se adecúe en función de los intereses del partido de gobierno y eso lacera la democracia colombiana”.
En su momento, el presidente de la República calificó la idea de “propuesta politiquera”. En igual sentido se pronunció su exministra del Interior, Alicia Arango. El hoy consejero de Comunicaciones de la Casa de Nariño, Hassan Nassar, también se manifestaba en 2015 con contundencia contra la idea: “Buenísimo hacer política con los recursos del Estado”.
La idea de que la reactivación económica se detendrá en las regiones si los alcaldes y gobernadores no pueden contratar de forma directa es, cuando menos, discutible. En efecto, a la luz de la Ley de Garantías, no podrían realizar convenios interadministrativos, pero ni los presupuestos ni los flujos de inversión aprobados previamente se detienen.
Se da por descontado que la suspensión de la Ley de Garantías será demandada ante la Corte Constitucional. El recurso tiene posibilidades de abrirse paso, pues una ley de carácter económico (el Presupuesto General de la Nación) no puede derogar o modificar una ley estatutaria (la Ley de Garantías).
Esta no es la única disposición polémica contenida en el presupuesto general para 2022. El Congreso también aprobó que las cuentas corrientes y de ahorro que hayan permanecido inactivas por más de un año y tengan saldos que no superen los 92.000 pesos, transferirán el dinero al Ministerio de Hacienda para financiar el Presupuesto General de la Nación. El dinero podrá ser devuelto si la persona titular así lo solicita.
Aprobado tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes, el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación para 2022 pasa ahora a conciliación. Es decir, las plenarias de las dos corporaciones acordarán una sola versión de la iniciativa. No será una tarea especialmente difícil –podría incluso obviarse–, puesto que las dos plenarias aprobaron exactamente los mismos textos.
Este nivel de sincronía vuelve a poner sobre la mesa la pregunta de por qué el contenido del presupuesto general –que comprende la plata de todos los ciudadanos– se discute a puerta cerrada, y no de cara al país.
Llegar con los textos concertados a los debates resulta práctico para los ministros y funcionarios. También les ahorra tiempo a los congresistas. Pero ¿y la gente? ¿No tiene la ciudadanía el derecho de saber quiénes, por qué y con qué argumentos plantean un recorte aquí y una adición allá?
La falta de transparencia también remite a lo que hemos venido señalando a lo largo de presente ciclo presupuestal: además de dificultar el análisis de las variaciones propuestas, el nivel de detalle es sumamente limitado.
Esta entrada que compartimos con ustedes es un repaso muy general de los contenidos del presupuesto. Ya estamos analizando en detalle los valores que cambiaron, así como las implicaciones de lo aprobado en los textos. Pronto les contaremos qué encontramos y compartiremos con ustedes nuestras impresiones acerca de la versión final del documento, que pronto tendrá estatus de ley.
La premura en la aprobación del presupuesto, sumada a la opacidad en la divulgación de la información supone un retroceso respecto a avances satisfactorios que se venían registrando en materia de transparencia.
Del afán poco queda. De la falta de transparencia y del cambio súbito de reglas, en cambio, queda la desconfianza ciudadana. ¿Ese es el ciclo presupuestal que queremos?