El Marqués de San Jorge, el noble que se negó a pagar impuestos

¿Por qué terminamos leyendo sobre el Marqués de San Jorge? Todavía no nos acordamos. Lo cierto es que la historia de uno de los ciudadanos más ilustres de la Nueva Granada sugiere que la pereza que un sector de nuestras élites le tiene a pagar impuestos es más vieja que la república misma.

Don Jorge Miguel Lozano de Peralta Caicedo, nacido en 1731 en Santa Fe de Bogotá, fue uno de los ciudadanos más prósperos de su época. Propietario de más de 20 mil hectáreas de tierra en la sabana, se destacó como empresario, prestamista e intermediario financiero. Su notoria carrera en la administración del virreinato de la Nueva Granada lo llevó a cargos como alcalde de la Santa Hermandad del cabildo de Santa Fe, alférez real y procurador general del cabildo. En los últimos años de su vida también fue capitán de caballeros corazas durante la revuelta comunera.

Sin embargo, se le recuerda sobre todo por haber sido el primer Marqués de San Jorge –gracia que recibió en 1771 de Carlos III por elección del virrey Messía de la Cerda–. Se trataba del título más alto que se le había concedido a un criollo santafereño. Tal vez por eso, cuando le fueron a cobrar los impuestos que su nueva condición le imponía, el Marqués se negó.

El diccionario biográfico “Señores del muy ilustre cabildo”, escrito en 2017 por Ainara Vásquez Varela y Juana María Marín Leoz, detalla que don Jorge Miguel “se niega a pagar los derechos de lanzas y media annata, ya que considera el nombramiento una merced no solicitada, querella desde 1777 hasta 1787”. Aunque el nombramiento se suspendió en 1777, el Marqués siguió utilizando el título hasta su muerte, en 1793.

Detengámonos en los impuestos. El impuesto de media annata gravaba los nombramientos, y su monto variaba dependiendo del título; se pagaba una sola vez. El derecho de lanzas –también conocido como pago del servicio de lanzas–, en cambio, se pagaba anualmente. Su nombre proviene de la obligación que tenían los grandes señores –la mayoría poseedores de títulos– de servir al rey con un determinado número de lanzas, dependiendo de sus rentas; una lanza equivalía a cinco hombres armados y entrenados para el combate.

Según la Fundación Cultural de la Nobleza Española, la tributación sobre los títulos y grandezas nobiliarias ha sido exclusiva de España. De hecho, señala que “lo que se arbitró como un medio para subvenir a unas necesidades perentorias de la Real Hacienda se perpetuó con el tiempo, hasta el punto de que en la actualidad se mantiene la tributación de las dignidades nobiliarias, únicamente al entrar en posesión de ellas, a través del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados”.

Y entonces, ¿por qué el Marqués no quería pagar? Además de aducir que la gracia que le había entregado la corona lo ponía a salvo de obligaciones tributarias, no es posible encontrar argumentos adicionales. Se sabe, eso sí, que su negativa llevó a la Real Audiencia a despojarlo del título –que, como señalamos antes, siguió usando–, y que le dirigió dos cartas sobre el tema al rey.

En cualquier caso, la noción de que la posición social exime del pago de impuestos parece guardar alguna relación con la postura asumida actualmente por sectores de las élites colombianas. De los colombianos con patrimonios de más de 7 mil millones de pesos (es decir, el 0,01% más rico de los ciudadanos del país) el 40% confesó estar evadiendo impuestos y escondiendo, en promedio, una tercera parte de su riqueza en sitios como Panamá. En vez de ir a la cárcel, estos prestantes ciudadanos se acogieron a una amnistía tributaria de esas que las élites neo-neogranadinas suelen concederse a sí mismas.

Es verdad que en todas partes del mundo los ricos evaden impuestos; pero en Colombia la probabilidad de que lo hagan es el triple que en países como Suecia y Noruega.

En otras latitudes, la evasión de impuestos se castiga con la privación de la libertad. Es famosa, por ejemplo, la historia del mafioso Al Capone, quien por años anduvo libremente en público gracias a su capacidad de intimidar a los testigos de sus crímenes. Sin embargo, fueron los contadores de la autoridad tributaria estadounidense quienes lo enviaron a pasar sus últimos años en la prisión de Alcatraz por evasión de impuestos. Pese a que Al Capone pagó cada centavo que debía, más las multas correspondientes, no se salvó de la cárcel. En Colombia, en cambio, la ley dice que el que peca y reza empata - y es especialmente conveniente esperar a una amnistía tributaria para salvarse con un par de Avemarías.

En últimas, esta visión de las obligaciones tributarias parece nutrirse de una narrativa nacional en la que el deber y el respeto por lo público no es valorado: lo que vale son los privilegios y los fueros.

Quizá forzando un poco la analogía, podría decirse que la forma en que se saldó el asunto del título del Marqués de San Jorge es reminiscente de las amnistías tributarias de hoy en día. En 1800, José María Lozano de Peralta Manrique y su hermano Jorge Tadeo –el heredero más ilustre de don Jorge Miguel– reclamaron, además del título, la supresión perpetua de los derechos de lanzas y media annata a cambio de 10 mil pesos fuertes. Los hermanos cumplieron con el pago y saldaron el conflicto.

La formalización del título de Marqués de San Jorge para José María se produjo en 1810, mientras que la expedición del título se produjo en 1820 –cuatro años después de que las tropas de Pablo Morillo fusilaran a Jorge Tadeo, destacado integrante de la primera generación republicana que promovió la independencia–.