Son muchas las cosas que se pueden hacer en 26 días. Por ejemplo, ver casi nueve veces –sin pausa– las ocho temporadas de Game of Thrones, o escuchar en 1.161 ocasiones Please Please Me, el álbum debut de los Beatles. Un informe de la Red Cómo Vamos dio cuenta en 2017 de que una persona en Bogotá emplea cerca de 26 días al año transportándose por las calles de la ciudad.
26 días son, también, el tiempo que se requirió para navegar entre decretos, resoluciones, contratos, declaraciones ministeriales e intervenciones presidenciales con el fin de conocer la magnitud concreta de los recursos dispuestos por el Gobierno nacional para atender la emergencia generada por la pandemia del Covid-19. Los resultados de la investigación realizada por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, consignados en este informe, dan también cuenta de la ausencia de cuentas claras sobre la utilización de los montos asignados y de la ausencia de un plan concreto de gasto.
La ruta que debió seguirse es compleja: el decreto 444 de 2020 creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), el cual permite la utilización de recursos y señala sus fuentes de financiación, pero no especifica montos; para conocer dichas cifras fue necesario consultar los 331 decretos expedidos al amparo de la emergencia. Sin embargo, en ninguno de estos decretos se especifica desde dónde se está girando el dinero.
Hubo entonces que pasar a mirar, una a una, las decenas de resoluciones expedidas. Esa lectura permitió entender a qué entidades del Estado se están girando los recursos para la emergencia, demostrando que la mayor parte de los recursos apartados para la emergencia siguen en los bolsillos del Ministerio de Hacienda y no se han ejecutado. A la fecha de corte de nuestro informe (21 de junio), los traslados autorizados en las resoluciones publicadas por el Ministerio sumaban apenas 3,9 billones de pesos, mucho menos que los 25,5 billones apartados para este fin en el FOME. Y como para gastar los recursos primero hay que trasladarlos a la entidad que los va a ejecutar, un monto bajo de traslados sugiere niveles de gasto aún más bajos.
La consulta se traslada ahora a otras partes de la página web del ministerio de Hacienda, que dan información fragmentaria y a veces contradictoria. Por ejemplo, la suma de los valores contenidos en los decretos presidenciales da cuenta de que el FOME cuenta con 25,5 billones de pesos. Sin embargo, la página habla de 25,6 billones –una diferencia de 100 mil millones de pesos–.
La siguiente fuente de información y contraste de la información son las intervenciones ministeriales y viceministeriales en debates de control político y su participación en el espacio televisivo emitido todos los días desde la Presidencia de la República. De nuevo, la información dada en estos escenarios consiste de datos con poco detalle, que no siempre coinciden exactamente con los registros oficiales, y que se concentran en planes cambiantes de lo que se hará con los recursos más que en lo realmente ejecutado. Estos planes, además, pueden cambiar de un día para otro sin que hacerlo tenga consecuencias legales.
Una vez terminada esta fase, sigue el rastreo de los gastos por contratación. Si bien la Procuraduría y entidades como Colombia Compra Eficiente han tomado medidas que facilitan el seguimiento de lo gastado en la atención a la pandemia, no todos los portales –y, por ende, no todos los contratos– con los que cuenta el país permiten determinar claramente qué se ha destinado a la atención de la pandemia específicamente. Así, una herramienta útil y fácil de usar que merece una mención positiva es el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Hacienda, que tiene una sección dedicada a la centralización de esta información en un formato uniforme y fácil de procesar. Los datos del portal confirmaban la historia que cuentan las resoluciones oficiales, según las cuales la mayor parte de los fondos de emergencia no se han utilizado, pese a que los meses de cuarentena son los que mayor gasto requerían. Los rubros de gasto son opacos, con excepciones: por ejemplo, en frentes como el programa de apoyo al empleo y las asignaciones para el denominado Ingreso Solidario hubo cuentas muy claras.
Se revisó un total de 400 contratos para determinar cuáles tienen al FOME como su fuente de financiación. El dinero de este fondo se puede gastar de dos formas: una, haciendo traslado de recursos a entidades de la Nación o, dos, mediante contratación directa por parte del ministerio de Hacienda. Así, para determinar qué corresponde a qué modalidad hay que buscar los traslados del ministerio a otras instituciones; ahí hay que mirar 28 resoluciones con 43 traslados presupuestales.
Revisar cada uno de los 331 decretos tomó 30 minutos; 40 resoluciones, 25 minutos cada una; 400 contratos, 2 minutos; y cada una de las cuatro alocuciones, cerca de 4 horas. El total, 26 días y medio.
¿Cuántos ciudadanos de a pie tienen 26 días y medio para hacer lecturas de esta magnitud? Adicionalmente, se requiere un conocimiento técnico muy específico, no solo para navegar las intrincadas aguas del papeleo virtual, sino también para interpretar las implicaciones de estos documentos.
Si bien el Marco Fiscal de Mediano Plazo dio luces sobre los montos ejecutados, llama especialmente la atención la dificultad y el enorme esfuerzo que implicaría para los ciudadanos acercarse a comprender la manera en que se están gastando los dineros para hacer frente a una crisis que golpea con cada vez mayor fuerza los hogares y los bolsillos de todos los colombianos.